Como una iniciativa que va “en la dirección más que correcta” catalogó la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), el proyecto del Ejecutivo que crea el Fondo de Garantías Especiales. La propuesta, que su primera etapa incluye además la creación de dos programas, beneficiará a empresas del rubro constructor, así como también permitirá financiar hasta el 10% de un crédito hipotecario para personas que quieran financiar su primera vivienda.

El proyecto, ingresado hace una semana al Senado para su discusión, cuenta con un amplio consenso al interior de la Cámara Alta, y se prevé que tenga un rápido despacho. De hecho, este lunes fue la primera vez que la comisión de Hacienda abordó la propuesta del gobierno, que cuenta con discusión inmediata. Pese a la visión favorable transversal de la instancia, el proyecto será votado este martes, para ser visto en Sala durante la tarde.

En la ocasión estuvieron los representantes del gremio de la construcción, además de la banca, para mostrar su posición respecto a la iniciativa.

“La verdad es que hoy día hay bastante problemas de ejecución presupuestaria a nivel regional. Nos han llamado los gobernadores para comentarnos que están con falta de proponentes, y mucho de eso tiene que ver fundamentalmente con la situación en la que están, con problemas, y este proyecto es un alivio directo, sobre todo porque la mayoría de estas licitaciones son sin anticipo. Entonces, la verdad es que creo que esto va al hueso a poder reactivar la economía en muchos proyectos en el sector público que están con subejecución, que no han podido licitar o que han sido declarados desiertos”, dijo el vicepresidente de la CChC, Alfredo Echavarría ante la comisión.

En la ocasión, también expuso el jefe de Estudios de la CChC, Nicolás León, quien dijo el patrimonio contemplado para el fondo -US$50 millones, ampliables en otros US$20 millones el primer año- permitiría apalancar créditos por hasta US$633 millones, monto que equivale al 10% del gasto en construcción estimado para la totalidad de 2023, el que según un catastro de la Corporación de Bienes de Capital alcanza los US$6.241 millones.

“Es importante entender que esto, más que en un gran proyecto nuevo como un hospital, por ejemplo, va a impactar operaciones, proyectos pequeños que requieren un apoyo de liquidez hoy día para poder cruzar el puente, digamos, y ejecutar la cartera de licitaciones que muchas están paradas por falta de financiamientos”, remarcó León.

Según una presentación que desplegó el ejecutivo de la CChC, el potencial de apalancamiento permitiría ejecutar 1.340 solicitudes de créditos del tipo Fogape Covid-19 y Reactiva, considerando los parámetros del Fondo de Garantías Especiales. Así, el número máximo de proyectos de infraestructura a garantizar llegaría a los 195 proyectos.

León detalló que, en el caso de los créditos a personas y considerando el total del patrimonio del fondo, las garantías permitirán “ayudar más bien al acceso” a los préstamos, cifrando el potencial beneficio en 24.440 el número de viviendas nuevas elegibles por año.

El ejecutivo de la CChC aprovechó la ocasión para entregar una visión de las mejoras que el gremio ve necesarias a la iniciativa, y mencionó que “se lo hemos planteado a los ministros en la reunión que tuvimos el día viernes, que sería interesante conocer cuáles fueron los fundamentos a pensar que esta garantía (hipotecaria) vaya a ser solamente por seis años”, lo que, a su juicio, “podría generar ciertas dificultades porque a los seis años sabemos que uno no ha amortizado necesariamente parte del capital, sino sobre todo intereses”.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, José Manuel Mena, aseguró que la garantía para créditos hipotecarios a personas que quieren adquirir su primera vivienda, por hasta 4.500 UF, “sí es mitigante relevante para deudores que puedan estar en el margen”, pero recordó que “ciertamente lo que lo califica primero es la capacidad de pago del deudor”.

En esa línea, dijo que el efecto en tasa para dichas colocaciones sería de menor magnitud, ya que la garantía establecida disminuiría en 0,5 puntos porcentuales la provisión requerida por el regulador para este tipo de créditos. Así, en un ejercicio comparativo, estimó que un préstamo para vivienda de 4.500 UF a 20 años plazo, la tasa bajaría desde 5,50% en la situación actual a 5,45% con la garantía del fondo. En dividendo, en tanto, pasaría de 27,86 UF a 27,75 UF, es decir, una disminución del 0,41% o de 0,11 UF.

“Esto es un efecto sobre la provisión. Si uno se pregunta cuánto van a descontar en la tasa los bancos, bueno, es esto. Son 0,5 puntos. Las provisiones las plantea la CMF, es una tabla, no podemos nosotros gestionar eso”, enfatizó Mena.

El presidente de Abif, si bien reconoció que materias como el apalancamiento del fondo “ciertamente es parte del reglamento”, igualmente comentó que “conceptualmente pienso que debiera apalancarse menos de lo que se hizo con otros fondos”, recordando que el Fogape apalanca sobre 10 veces su patrimonio.

“Ciertamente que una cifra de ojalá en torno a 8 veces, hasta ahí, pensamos que podría ser conceptualmente correcta. Lo digo desde afuera”, dijo Mena, respecto a la decisión que deberá adoptar la CMF como regulador, y BancoEstado como administrador.

Mena agregó otro punto respecto a las comisiones, especialmente en lo relativo a los refinanciamientos de créditos hipotecarios, donde advirtió que “aquí podríamos estar enfrentando duplicidad de comisiones” en el caso que una constructora refinancie un crédito garantizado con otro crédito de similares condiciones. Además, indicó que las comisiones deberían ser de cargo del deudor y no a cargo del banco, como quedó en el caso de los Fogape Covid-19 y Reactiva, ya que con ello “los clientes de mayor riesgo relativo -quienes debieran ser prioritarios- pueden quedar excluidos del programa”.