La disputa entre el Estado y Wom ante los incumplimientos en los plazos de la compañía de telecomunicaciones en la construcción de la red 5G y los cobros de las boletas de garantía por el proyecto no finalizado ahora tiene dos flancos abiertos: la justicia chilena y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). Aunque la primera está intentando salir de la ecuación, causando el descontento del Consejo de Defensa del Estado (CDE).

El proceso en el Ciadi, fue recién comenzado, con la inscripción de la demanda por parte de Wom contra la República de Chile el pasado 2 de agosto. Llevar el caso ante arbitraje internacional fue una respuesta de Wom ante la solicitud del CDE al Primer Tribunal Civil de Santiago para levantar la medida precautoria que suspendía el cobro de las boletas de garantía.

En ese entonces, Wom presentó un téngase presente, en el que anunciaba que llevaría la demanda ante el Ciadi. “El arbitraje propiamente tal se inicia con esta solicitud, generándose como consecuencia el cese de la competencia de los tribunales civiles chilenos (...) por aplicación de la regla de la radicación, el único habilitado para pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de la medida precautoria”, explicó Wom en dicho documento.

El 10 de julio el tribunal, aludiendo a esta acción de Wom, emitió una resolución declarándose incompetente para mantener las medidas precautorias o dejarlas sin efecto, declarando que eso lo deberá decir ahora el Ciadi. Por eso, negó la solicitud del CDE.

“Atendido el mérito de los antecedentes, en especial que la presente medida prejudicial se encuentra afinada por no tener competencia el juez que suscribe para seguir el conocimiento de las acciones anunciadas por la solicitante, la cual, y conforme a las presentaciones efectuadas por esta se encuentran en tramitación, etapa de inicio, se decreta: Que, se niega lugar al alzamiento de las medidas decretadas en autos, debiendo las partes concurrir al tribunal con competencia para mantenerlas o dejarlas sin efecto conforme a la legislación vigente y antecedentes que las propias partes puedan aportar”, dice el escrito firmado por el juez Wilson Rodríguez.

Pero el Consejo no lo dejó ahí. Una semana después de la resolución presentó un recurso de reposición cuestionando, entre otras cosas, que la justicia chilena se declarara incompetente. “Si estuvo dentro de sus atribuciones decretar la suspensión de cobro y ejecución de las pólizas de seguros antes individualizadas, también pertenecen a la misma esfera las solicitudes en torno a su mantención y/o alzamiento”, dice el CDE, presentado por el abogado Marcelo Chandía.

El CDE apuntó también a que, para cuando se presentó el recurso, ni siquiera se había inscrito la causa en el Ciadi. El centro internacional aún tiene que declarar admisible el caso y luego de eso la constitución del tribunal puede demorarse entre 3 y 6 meses, incluso más, por lo que aún “no existe un Tribunal de Arbitraje” que pueda hacerse cargo de mantener o levantar la medida precautoria, sostuvo el representante del Estado chileno.

En ese sentido, el documento acusa que la decisión de la justicia chilena, puesto que, al no existir aún un tribunal competente: “vulnera directamente los derechos de esta parte en cuanto la deja en absoluta indefensión, imposibilitando siquiera revisar la mantención de las circunstancias que fundaron el otorgamiento de la medida y, en definitiva, tornado imposible ejecutar las pólizas de seguros otorgadas por la actora para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, haciéndolas ineficaces”.

Por otro lado, la defensa del Estado argumenta frente al tribunal que no existen motivos graves que justifiquen que se mantenga la suspensión de los cobros a Wom, y además que en realidad la compañía del empresario islandés Thor Björgólfsson no vería una perjuicio patrimonial de levantar la medida. Esto. porque los montos serían pagados por una aseguradora, y no directamente por Wom, que está en una delicada situación financiera.

“Lo cierto es que la concesionaria no ha logrado fundamentar o probar tal perjuicio, por una parte, porque no ha logrado establecer una relación de causalidad entre el cobro de las pólizas de seguro y el daño irreparable que supuestamente sufriría en su patrimonio, y por otra parte, porque al día de hoy es un hecho público y notorio que a la empresa WOM se le han inyectado nuevos capitales y está en proceso de reorganización bajo el capítulo 11 de la ley de Quiebras de Estados Unidos desde abril de 2024, a fin de asegurar la continuidad de su giro, reduciendo así los riesgos financieros a los que supuestamente estaba expuesta en noviembre de 2023″, declaró el CDE.

Las abogadas de la compañía de telecomunicaciones, Ariela Agosín y María Josefa Larraín, respondieron ante el tribunal aludiendo a un tecnicismo: que el CDE utilizó el medio erróneo de impugnación. Además, en su escrito apoyan la decisión de la justicia de declararse incompetente en el caso y delegar el caso al Ciadi.

“El asunto de fondo al estar sometido al conocimiento de un tribunal arbitral -específicamente, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el único juez competente para conocer de la controversia es el Ciadi, no operando así, la regla de la radicación que el CDE reclama conculcada”, argumentó Wom.

Por otro lado, la compañía se mostró en contra del cobro de las boletas de garantía asegurando que “Wom ni siquiera se le ha configurado un incumplimiento firme de dicho proyecto (5G), y aún se mantienen pendientes de resolución numerosas solicitudes de concesión de plazo por eventos de fuerza mayor”. Anteriormente el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, afirmó que la mayoría de los casos fueron rechazados como casos de fuerza mayor.

El último avance, de esta causa fue una resolución del tribunal el último día de julio, solicitando al Ciadi informar si es que se interpuso la demanda contra la República de Chile o no, lo cual fue confirmado en la página del organismo internacional dos días después.