Luego del triunfo que significó la aprobación de la reforma de pensiones, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se apresta a buscar los consensos para un proyecto impositivo cuyo origen está en la reforma tributaria rechazada en marzo 2023. Diluido respecto de la idea original (que recaudaba 5 puntos del PIB y contenía un impuesto a los “super ricos”), Marcel apuesta por un proyecto neutro en su recaudación y que, en lo esencial, busca reducir el impuesto a las empresas desde el actual 27% al 25% (los empresarios piden que baje al 23%), compensado con un alza en el impuesto a la renta de las personas con ingresos mayores a $6 millones, e implementar un sistema desintegrado (dual). Obligado por la necesidad de acelerar un ancla recaudatoria, Marcel ya había separado del Pacto Fiscal el proyecto cumplimiento tributario (fue aprobado en 2024), el cual buscaba combatir la evasión y elusión.

Pero esta vez el camino será más difícil para aprobar el nuevo proyecto impositivo. La oposición no sólo le ha pedido Marcel sincerar anticipadamente las proyecciones de ingresos fiscales para este año y conocer los detalles del recorte de gasto público, sino también le ha negado a la posibilidad de un alza de impuestos a las personas. “La reforma tributaria debiera plantearse luego de abordadas esas prioridades. La reforma debe ser neutra; no hay espacio para la desintegración del sistema... Tampoco hay espacio para más impuestos a las personas”, afirma el diputado RN y miembro de la comisión de Hacienda, Frank Sauerbaum, quien llama al gobierno a replantear la reforma tributaria y considerar un pacto presupuestario que congele aumentos futuros de gastos y recortes de personal, por ejemplo.

El senador del mismo partido, José García Ruminot, valora la posibilidad de disminuir la tasa de primera categoría, pero cree que la viabilidad de la iniciativa estará dada por la fórmula para compensar la caída de los ingresos. “Todos tenemos el interés en disminuir la tasa de primera categoría, le haría muy bien a la economía del país. Pero la gran dificultad va a estar en determinar cómo se pueden compensar esos menores ingresos y eso no va a ser fácil”, dice el presidente del Senado, quien recuerda la idea empresarial de subir la tasa del 4% al impuesto para la primera distribución de dividendos propuesta por Hacienda a modo de compensación por menores ingresos de la rebaja del tributo corporativo. “Habría que ver si dan los números (para evaluar si puede ser una fórmula de compensación)”, añade García.

Coincide Hermann González, coordinador macroeconómico de Clapes UC: “Es necesario avanzar en la reducción de la tasa de impuesto corporativo que hoy nos hace perder competitividad internacional. Por otro lado, la situación fiscal obliga a que esta baja sea compensada y ahí es donde está el mayor desafío. Identificar qué impuestos subir o qué exenciones eliminar, y lograr el apoyo político para ello es el gran desafío de este proyecto. Es importante para su viabilidad política que el proyecto sea simple y que no busque agregar otros temas al debate (como la desintegración del sistema)… de lo contrario se reducen aún más las posibilidades de aprobación durante este gobierno”.

En lo que se ha transformado en la iniciativa símbolo para derribar las trabas burocráticas que impiden del desarrollo del país y el aumento de la inversión, el denominado proyecto de “permisología”, o de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, tiene al gobierno y a la mayor parte del mundo político detrás de su pronta aprobación. La iniciativa busca reducir los tiempos de tramitación de más de 380 permisos sin bajar el estándar regulatorio, según el gobierno. “Lo que hace nuestro proyecto de ley es que los tiempos se debieran reducir entre un 30% y un 70%”, ha afirmado el ministro de Economía, Nicolás Grau, quien ha proyectado que el proyecto, que fue aprobado por la comisión de Economía del Senado en enero pasado tras un acuerdo político transversal, podría ser despachado a más tardar este mes.

“El proyecto de ley para reducir los plazos de tramitación de proyectos de inversión es una iniciativa que apunta a un problema concreto que afecta al país y una traba importante para el crecimiento. Su tramitación ha tenido avances y genera consensos técnicos y políticos. Espero que pueda aprobarse este año”, afirma Hermann González, de Clapes UC.

Coincide Alejandro Weber, decano de Economía y Gobierno de la USS, quien cree que hay un amplio consenso para avanzar en este proyecto. Sin embargo, muestra sus reparos con otro proyecto para disminuir los plazos de los trámites de inversión: el que reforma la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, o también llamado Evaluación Ambiental 2.0, el que fue aprobado en enero por la comisión de Medio Ambiente del Senado.

“Hay proyectos que son buenos para el país y otros que no lo son. Veo harta agua en la piscina para avanzar en un acuerdo amplio para aprobar el proyecto de ‘permisología’ sectorial. Este va en la dirección correcta y aún cuando no moverá la aguja de forma significativa, es un avance. Sin embargo, es evidente que el cambio relevante para reducir la ‘permisología’ es el sistema de evaluación ambiental, otro proyecto, que requiere cambios sustantivos para que realmente sea reactivador, porque hoy es bastante gato pardo”, afirma Weber.

Los mismos reparos tiene el diputado RN Frank Sauerbaum, quien estima que el proyecto no tiene acuerdo político y reclama “dureza” en la negociación por parte de la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas. Desde el mundo empresarial, sin embargo, creen que las conversaciones para este texto han tenido “avances”.

Si bien el propio ministro de Educación, Nicolás Cataldo, calificó esta semana al proyecto que pone fin al Crédito con Aval del Estado (CAE) como una prioridad para último año de gobierno, existe cierta “desilusión” con la iniciativa por parte de algunos sectores del gobierno, especialmente del Frente Amplio (FA), que buscaban cambios más profundos al sistema de financiamiento para la educación superior. El FA buscaba eliminar el CAE, pero ha debido moderar sus expectativas luego de que el gobierno enviara en octubre pasado un proyecto que no incluye una condonación universal y mantiene el rol de la banca.

La iniciativa pasará a discusión en particular en la comisión de Educación de la Cámara y se espera que diputados oficialistas intenten introducir cambios al proyecto, el que ha sido catalogado como “autocontenido” por Marcel. “Esta es una propuesta que no cuesta más de lo que hay actualmente y lo que hacia el futuro habría costado el sistema vigente”, ha dicho el ministro Marcel.

Sin embargo, el senador RN José García Ruminot estima que el proyecto tendrá una difícil aprobación si no se minimiza el impacto que significa el nuevo crédito en la fijación de aranceles para las universidades. “Si los aranceles que se fijan para otorgar este nuevo crédito de educación superior son insuficientes y no cubren los costos, vamos a tener una oposición muy importante. Todas las casas de estudios superiores quieren poder llevar adelante sus proyectos y quieren hacerlo también con solvencia económica. Mientras no haya acuerdo con las universidades, el CAE no va a avanzar”, afirma el senador de oposición, quien añade que vislumbra menos “entusiasmo” para empujar la iniciativa por parte de algunos sectores de gobierno.

“El proyecto de fin al CAE, tal como lo conocemos, tampoco tiene viabilidad. El proyecto incorpora mañosamente dos medidas nocivas: una reforma tributaria para elevar los impuestos al trabajo y al ahorro con una tasa del orden del 7% u 8% sobre las rentas y una drástica reducción de los ingresos de las universidades que atentará severamente contra la calidad. Además, es injusto, pues sectores de ingresos bajos y medios pagarían 3 ó 4 veces más de lo que el Estado invirtió en su educación”, afirma, a su vez, Alejandro Weber, de la USS.

En lo que fue una jugada del gobierno para generar viabilidad a una parte relevante de la Ley Pesca y terminar con el lento trámite de la iniciativa, en septiembre del año pasado el Ejecutivo decidió presentar un proyecto que aborda en específico el tema del fraccionamiento, es decir, la distribución de cuotas entre sectores pesqueros artesanales e industriales. Para el gobierno, el fraccionamiento ha limitado las condiciones de desarrollo de la pesca artesanal.

En el mundo empresarial creen que el gobierno separó el tema del fraccionamiento para intentar aprobarlo rápidamente, pero se oponen a ello. “El 50% de las especies marinas de Chile enfrenta un alto riesgo de sostenibilidad. Es un llamado urgente para proteger los recursos marinos y para esto la Nueva Ley de Pesca es de suma importancia. Trabajando juntos por una pesca sostenible protegeremos la biodiversidad marina”, afirmó recientemente el diputado y presidente de la comisión de Pesca, Jorge Brito (FA).

El proyecto llegará ahora a la comisión de Hacienda del Senado luego de que la iniciativa fuese aprobada en general y en particular en la comisión de Intereses Marítimos de la Cámara Alta. “Esperamos poder tener este proyecto completamente tramitado en marzo de este año”, dijo en enero el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas.

Sin embargo, Alejandro Weber, de la USS, es menos optimista. “La nueva ley de Pesca es polémica. Reduce la duración de las licencias de pesca de 20 a 10 años y genera riesgo de mayores cuotas artesanales. Todo esto podría conducir a una menor inversión en el sector. Aun cuando tiene cosas positivas, como la utilización de parámetros más objetivos para autorizar aumentos de cuotas pesqueras, la discusión se ve más larga y es difícil que avance”, concluye.

Sin la presencia del empresariado en conversaciones previas, el proyecto de negociación ramal es visto como una iniciativa sin viabilidad política en este gobierno. Se trata de un mecanismo de negociación colectiva que facilitaría que los sindicatos de trabajadores negocien de manera conjunta, permitiendo negociar acuerdos laborales a nivel de industria o de sector económico, en vez de hacerlo empresa por empresa. La iniciativa, que estaba en el programa de gobierno y que es vista como un gesto a la CUT, tenía como plazo de ingreso al Congreso el último trimestre del 2024 y, hasta ahora, no ha habido nuevas señales de su envío. La CPC y los gremios de las pymes se oponen tenazmente a la idea.

“Negociación ramal tiene mucho menos apoyo político y técnico, y su envío al Congreso lo vería como un gesto para cumplir con una promesa y calmar la presión de sectores más a la izquierda de la coalición de gobierno. No es el camino hacia donde debe avanzar la regulación del mercado laboral, el cual ha sido objeto de grandes cambios en los últimos años, que han elevado los costos de contratación y los incentivos a la informalidad. No veo factible que se pueda aprobar este año”, afirma Hermann González.

“Es una mala iniciativa. Un modelo añejo, con altos costos de transacción y que afectará fuertemente a las mipymes por el poder de negociación de los gremios de las empresas grandes, traspasando condiciones que serán imposibles de cumplir para las pequeñas. Encarece la contratación y agrega más costos a la operación de las empresas en una economía que aún no repunta. El gobierno lo querrá impulsar para hablarle a los suyos, pero tiene poca viabilidad”, coincide Alejandro Weber, de la USS. “No tiene ninguna viabilidad”, añade el senador García Ruminot.

Ingresado a trámite en 2024 el proyecto que crea el Afide (Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo), heredera de la promesa de campaña de crear una Banca Nacional de Desarrollo, tiene piso político para avanzar, según el diputado Jaime Naranjo. Si bien el proyecto es impulsado por Economía, el propio Marcel ha revelado a sus cercanos que es una prioridad y que buscará acelerar su trámite.

Despachado a la comisión de Hacienda del Senado, el proyecto terminó su primer trámite constitucional y ha sido objeto de cambios que le han dado viabilidad. “El Afide no quedó tan mal. Puede ser una buena fórmula para poder financiar capital de riesgo y otros emprendimientos nuevos. Debiera prosperar y tener piso político. Al principio el Estado tenía mucha más preponderancia en las decisiones”, explica el diputado RN Frank Sauerbaum.

Coincide Alejandro Weber, exsubsecretario de Hacienda de Piñera: “Lo veo bien aspectado porque pasó al Senado con buenas modificaciones. Por ejemplo, no podrá entregar préstamos de primer piso. Esta es una idea que se venía trabajando desde la administración Piñera para facilitar el financiamiento con tasas más bajas y periodos más prolongados a capital de riesgo (...) Logra grados de eficiencia al usar como base áreas ya existentes en la Corfo”.

En sus últimas declaraciones, Marcel ha destacado la necesidad de avanzar en los proyectos que componen el Pacto Fiscal y que aún están en trámite legislativo. Uno de ellos es el llamado “regiones más fuertes”, que dicta normas sobre financiamiento regional, descentralización fiscal y responsabilidad fiscal regional, y que está en su primer trámite en la comisión de Hacienda de la Cámara. “Lo principal de la agenda económica son los proyectos del Pacto Fiscal que están aún en tramitación legislativa. Recordemos que fueron 20 proyectos de ley. De esos, hay cinco que ya están aprobados, por lo tanto, quedan 15 proyectos que aprobarse”, dijo Marcel la semana pasada. Otro proyecto que está dentro del Pacto Fiscal es el que crea un Registro de Beneficiarios Finales, el que fue ingresado al Congreso en 2023 y que busca combatir la corrupción, el crimen organizado, y la evasión y elusión tributaria. El texto apunta a identificar quién es la persona natural propietaria final de las mallas societarias de empresas en Chile.

“La agenda legislativa de este último año debe ser muy específica y acotada. Mientras más restringida sea, más posibilidad de avanzar en el área económica”, concluye el diputado Naranjo, quien cree que los proyectos sobre gobiernos regionales, reforma tributaria y el “permisología” deben ser prioritarios.