Como un divorcio de un matrimonio de casi 40 años describen abogados de la plaza el conflicto que hoy está atravesando la internacional multiproductos y multimarcas Unilever con la distribuidora mayorista La Caserita.

Ambas firmas tienen demandas civiles cruzadas, donde cada una se reclama montos por alrededor de $1.800 millones.

Unilever pide al juez que se puedan dar por concluidos los contratos que tienen con La Caserita, pues en marzo de 2018 detectaron “la existencia de pagos indebidos a esta última por un monto cercano a los $2.000 millones durante, al menos, los años 2017 y lo que corría a ese entonces del año 2018”, reza la demanda, que agrega que “dichas diferencias se explicaban en que La Caserita, en el marco de los acuerdos mencionados, había facturado montos no existiendo autorización alguna por parte de Unilever o por un monto mayor al autorizado, incluso llegando a repetir algunos cobros”.

La multinacional agrega que “luego de una serie de diferencias entre las partes, y en las cuales incluso La Caserita aseguró que Unilever era la que le debía dinero, mi representada encargó una auditoría forense a la empresa Deloitte Chile, reconocida mundialmente en la prestación de dichos servicios, la que concluyó que, como resultado de diversas irregularidades detectadas en la cuenta de La Caserita, existe actualmente un monto de sobrefacturación pagado por Unilever de $1.837.042.868”.

Al respecto y al ser requeridos para este artículo, la firma anglo-holandesa respondió que “Unilever no se pronuncia acerca de procesos legales que están en curso”.

La Caserita es una empresa familiar fundada en Santiago en 1983, por la familia Rivas-Struque. Actualmente cuentan con 12 locales desde Copiapó a Chiloé, además de una fuerza de ventas que trabaja en terreno entre la Región de Valparaíso y la del Maule. Esta mayorista está dentro de las cinco distribuidoras más grandes del país, detrás de firmas como Rabié, Adelco, Alvi y Central Mayorista.

En un año en régimen, esta distribuidora vende en torno a US$ 100 millones anuales, de los cuales Cristóbal Rivas-Struque, socio de la empresa, señala a Pulso que marginan el 1% a modo de utilidades. El empresario agrega que Unilever significó en los últimos años el 25% de sus ventas, y de esa porción, más de la mitad correspondía a la categoría de detergentes.

Cristóbal Rivas-Struque acusa que “Unilever tiene una posición dominante en el mercado y a partir de esto, nos imponen sus condiciones comerciales. Dada esa posición, nosotros no podemos no vender Unilever. Ellos nos dan las condiciones y hacen cosas que atentan contra la libre competencia, como fijarnos los precios de compra y venta de sus productos, incluso vendiendo a pérdida”.

El socio de la mayorista indica que con Unilever tenían acordado un sistema de facturación único y explica que “ellos se comprometían a pagarnos el diferencial, es decir, si nos vendían un producto a $40, pedían que lo vendiéramos a $35, nosotros queríamos ganar por lo menos $5, entonces el costo quedaba en $30 y se comprometían a darnos el diferencial de $10 después. Una parte de esos $10, por ejemplo $2, están establecidos pagarlos en acuerdos comerciales escritos, pero los otros $8 no están escritos, ellos lo dicen por teléfono, mail y hay todo un enredo, donde finalmente ellos deciden si lo pagan o no. A lo largo de los casi 40 años que tenemos de relación con Unilever, nosotros siempre operamos bajo el principio de la buena fe y siempre nos habían pagado esos $8”.

El socio de la distribuidora sostiene que no barajaban la opción de no aceptar las condiciones que les proponía Unilever, “porque ellos son muy relevantes en el mercado y si no aceptábamos, nos castigan no entregando los descuentos pactados verbalmente, lo que implicaba que no tendríamos ganancias”.

Según la mayorista, cuando la multinacional dejó de pagarles contraprestaciones y descuentos en 2018, en total Unilever les debía $1.800 millones. “Nos pagaron una mitad de eso y mientras estábamos avanzados en las negociaciones para que nos paguen el resto, a los meses que les exigimos los pagos, nos dicen que recién se habían dado cuenta que supuestamente nosotros les habíamos facturado sin su autorización descuentos que ellos ya nos habían pagado, y por eso nos piden de vuelta $1.837 millones”, dice Rivas-Struque, quien agrega que en 2019 se siguieron acumulando contraprestaciones con Unilever, por lo que el monto que supuestamente les adeudarían volvió a sumar $1.800 millones.

En la demanda de La Caserita se adiciona un punto tributario. Indican que “las diferencias de precios e incentivos facturados por La Caserita, pagados por Unilever y cuya restitución se demanda en autos fueron efectivamente devengados en favor de La Caserita”, y agregan que “a partir de dicho pago, Unilever probablemente haya rebajado la base imponible del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a la Renta que le correspondía pagar durante los ejercicios 2017 y 2018”.

Rivas-Struque señala a Pulso que debido a saqueos sufridos en el estallido social, las bajas ventas en época de pandemia, más el no pago que reclaman de Unilever, han “tenido que despedir a colaboradores y estamos teniendo problemas para sobrevivir como empresa”. De hecho, en su demanda escrita la distribuidora asegura que “es muy posible que todos estos abusos de Unilever conduzcan finalmente a que La Caserita deba someterse a un proceso concursal”.

Arista de libre competencia

La Caserita, además de acusar fijación de precios de compra y venta, da cuenta en su demanda que Unilever lo obligaba a llenar bodegas con sus productos, acaparando espacio en desmedro de la competencia.

En 2018 el productor del detergente Popeye, Miguel Maritano Industria de Jabones S.A., presentó una denuncia ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en contra de Unilever, acusándola, entre otras cosas, de “llenar las bodegas de supermercados y almacenes, dejando sin espacio al resto de los proveedores”.

En los primeros meses de 2019, el organismo antimonopolio encontró mérito para abrir una nueva investigación sobre Unilever, la que aún estaría en pie. De hecho, esta semana los ejecutivos y socios de La Caserita fueron citados por la FNE, donde entregaron todos los antecedentes de su demanda a la autoridad. En tanto, la semana pasada el jefe de la Unidad de Investigación del organismo de libre competencia y otros ejecutivos de la entidad citaron para recabar antecedentes del caso a empresas competidoras de Unilever en el mercado de los detergentes.

Unilever ya fue denunciada por la fiscalía ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en 2013 por abuso de posición dominante y prácticas exclusorias en el mercado de los detergentes, ofensiva que fue respaldada por los competidores de la multinacional, encabezados por las empresas nacionales Jabones Maritano (Popeye) y Cleaner.

En 2014 se acordó un avenimiento entre las partes, donde Unilever se comprometió a terminar con las prácticas anticompetitivas en los canales mayorista y supermercadista, además de repartir alrededor de US$ 5 millones entre todos los denunciantes.

Si bien la disputa entre Unilever y La Caserita es de índole comercial, el socio de la distribuidora adelanta que “estamos analizando ingresar una demanda por libre competencia”. Sin embargo, fuentes cercanas a la multinacional enfatizan que para Unilever este se trata de un problema comercial y no de otra naturaleza.