La disputa por 270 hectáreas de dunas con vista al mar
El 3 de septiembre, la zona de dunas de Chépica-Gota de Leche, en El Tabo, fue declarada Santuario de la Naturaleza por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, una decisión que no consideró la participación ni opinión de los dueños de esas tierras. Uno de ellos llegó hasta la Suprema para exigir que se retrotraiga la declaratoria, mientras otro pidió un pronunciamiento a Contraloría. La zona tiene alto interés inmobiliario y minero.
En la justicia terminó la declaración de Santuario de la Naturaleza de las dunas de Chépica-Gota de Leche en la Región de Valparaíso. Los habitantes de la zona costera de El Tabo no ven claro su futuro, luego de que uno de los dueños de las 270 hectáreas declaradas bajo protección acudiera de amparo por no haber sido considerados en el diseño y paralelamente, otro de los propietarios de las tierras le pidiera a la Contraloría un pronunciamiento al respecto. Es una de las pocas veces en que el Estado margina a los propietarios de un proceso de ese tipo, lo que podría dar pie a una pelea legal-administrativa de largo aliento.
El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, que preside la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, aprobó el 3 de septiembre la creación de cinco Santuarios de la Naturaleza, entre estas Dunas de la Chépica–Gota de Leche, con el fin de proteger uno de los pocos campos dunarios que quedan en Chile. Allí habitan 233 especies (94 endémicas y 81 nativas). Además, existen restos arqueológicos de las culturas Bato, Llolleo y Aconcagua.
Los dueños de esas tierras son una decena de personas y sociedades de inversión, de los cuales siete poseen las mayores superficies: la Iglesia presbiteriana de Chile, la organización cristiana YMCA, el abogado José Miguel Serrano, el empresario Humberto Garetto, el arquitecto Alfredo Reyes Corbeaux y las familias Matetic y Melkonian.
Los tres hermanos Melkonian Flaño (Enrique, Andrea y Daniela) fueron quienes acudieron de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, buscando retrotraer la declaración a la etapa de recepción y análisis de los antecedentes. Según el recurso, firmado por el abogado Juan Carlos Silva, buscan ser incorporados en el proceso y que se les otorgue “un plazo prudencial para que revisen los antecedentes de dicho procedimiento y puedan involucrarse de manera efectiva, tanto en el análisis de la procedencia de la declaración del Santuario de la Naturaleza o la categoría de protección que sea pertinente, así como también respecto a su eventual plan de manejo y determinación de administrador”.
El recurso de protección fue rechazado, pero la semana pasada la Corte Suprema acogió la solicitud de apelación, por lo que el caso podría ser visto en los próximos días. En paralelo, el arquitecto Alfredo Reyes Corbeaux, también propietario de uno de los paños, que hace algunos años estuvo a la venta, acudió a la Contraloría hace dos semanas solicitando un pronunciamiento.
En todo caso, fuentes de la zona reconocen que la convivencia entre desarrollo y sostenibilidad ha sido muy complicada. Como cada parte tiene una idea diferente sobre qué hacer con ese tesoro natural, la posibilidad de buscar propuestas consensuadas ha sido muy difícil, reconoce uno de los propietarios. Algunos de ellos tenían sus planes propios de conservación, aseguran.
Consultado, el Ministerio de Medio Ambiente respondió que no se refieren a procesos judiciales en curso.
Consentimiento
Algunos de los propietarios dijeron a Pulso que si bien estas acciones solo representan a una parte, todos estarán a la espera. Ninguno oculta su desazón por no haber sido tomados en cuenta. Aunque la ley permite que ello suceda, prácticamente nunca había ocurrido, porque para poner en operaciones un Santuario Natural se requiere sí o sí que exista una coordinación entre el Estado y el propietario para acciones tan básicas como permitir el ingreso a las tierras.
En el recurso de los Melkonian, de hecho, se menciona que el propio Ministerio del Medioambiente, en concordancia con el Consejo de Monumentos Nacionales, estableció como condición necesaria para la propuesta de declaración de todo Santuario Natural en Chile la participación de los dueños de la tierra, “sin que eso se cumpliera en el caso de mis representados, dado que la solicitante no tuvo voluntad de hacerlo, pese a que le fue solicitado por el referido Ministerio en al menos dos ocasiones formales”, indica el documento.
La solicitante es la Fundación Ecosta, que lideró la declaración del campo dunar en Santuario de la Naturaleza.
Los propietarios también apuntan a que en 5 años más, todos los Santuarios Naturales pasarán al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), cuya norma obliga a reclasificar la áreas bajo conservación y requerir consentimiento de los titulares para definir su reclasificación. Claro que si el dueño se niega, la norma faculta al Ministerio del Medio Ambiente a seguir adelante igual.
Fundación: “Fue imposible”
Las dunas de Chépica-Gota de Leche siempre han estado en la polémica y la conflictividad es casi su estigma. Su cercanía a los centros urbanos, su belleza y los yacimientos de arena las han convertido en objeto de deseo de explotaciones turísticas, inmobiliarias y de áridos. En marzo del 2020, el Tribunal Calificador de Elecciones destituyó al alcalde El Tabo, Emilio Jorquera, por haber vendido arena de las dunas, pese a las prohibiciones, y uno de los propietarios, Humberto Garetto, enfrenta una demanda por faltas similares. Hoy, el lugar es básicamente una zona incrustada en un territorio transformado, que lucha por mantener lo que queda de sus ecosistemas.
La calificación de Santuario Natural fue conseguida tras una solicitud encabezada por la fundación local, Fundación Ecosta, que preside Raphael Melgarejo. La entidad, que se hizo conocida en la zona por las campañas de limpieza de playas en 2018, comenzó en agosto de 2020 los trámites en el Ministerio de Medio Ambiente.
Melgarejo dijo a Pulso que el reclamo de los propietarios se debe a que “tienen intereses inmobiliarios que fueron frenados con esta declaración”. Reconoce que será muy difícil poder llevar a cabo el plan de manejo propuesto al gobierno y que considera una serie de intervenciones en el lugar.
Niega que hayan marginado a los propietarios y muestra e-mails que prueban varios intentos de contacto. “Al final nos reunimos con todos los propietarios que pudimos contactar para explicarles que tras esa declaración no está poner en entredicho su propiedad, sino que para que haya una concordancia para la conservación”, sostiene.
En la solicitud de declaratoria vista por Pulso aparecen referencias a las reuniones con Reyes, la Iglesia Presbiteriana e YMCA. “Con la familia Melkonian solo tuvimos una reunión presencial en 2020, pero no en buenos términos. También con representantes de la familia Matetic, lo que no prosperó. Intentamos a todos hacerlos partícipes de estas reuniones. Tratamos de hacer un trabajo mancomunado, pero fue imposible. Son muy poderosos”, dice Melgarejo.
Adelanta que la fundación buscará “recuperar los sectores más dañados de la zona costera” y desarrollar programas y talleres de educación ambiental, además de fiscalizar. Claro que si no pueden entrar a los terrenos, deberán hacerlo desde afuera. O desde arriba.
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