Enel distribuye electricidad en 33 comunas y 2.105 kilómetros cuadrados de la Región Metropolitana. La italiana tenía 2.153.129 clientes a septiembre pasado, de los cuales el 89,8% son residenciales. En sus documentos oficiales, la firma dice que opera ese negocio “bajo una concesión indefinida otorgada por el gobierno de Chile”. Pero esa concesión -en realidad, son varias concesiones distintas- está bajo amenaza desde hace tres meses.

Tras los extensos cortes generados tras el temporal del 1 y 2 de agosto, el gobierno abrió un expediente de caducidad de la concesión, algo que nunca ha sido activado en Chile para una empresa eléctrica. Para Enel, la primera opción es una salida pactada, pero que han declarado que defenderán su posición -y la de sus accionistas mayoritarios y minoritarios- hasta el final. Lo dijeron así esta semana sus máximos ejecutivos, en encuentros con inversionistas y la prensa.

Primero fue Flavio Cattaneo, el CEO global de la empresa que opera el Estado italiano y donde tiene el 23% de las acciones. “Desplegamos esfuerzos tratando de cumplir con todas las condiciones previstas por la ley. No esperamos un resultado negativo”, dijo ese día. Luego agregó que esperan una solución amistosa y que no arriarán sus banderas. “Vamos a defender nuestros intereses en todas las sedes”, anticipó.

Cuatro días después, el CEO de Enel Chile, Guiseppe Turchiarelli, tomó la posta. “Estamos tranquilos y confiados en que las cosas se van a solucionar lo más pronto posible”, dijo el número uno de Enel en Chile, quien se despachó luego una frase polémica, refiriéndose a los huracanes de Estados Unidos. “En Florida se han quedado dos semanas sin luz, nadie se ha quejado”, dijo, aunque en la empresa aclaran que se refería a la reacción de las autoridades, conscientes de la magnitud de esos episodios.

Con la misma argumentación, Enel ha actuado y se ha defendido. Al principio se negó, a diferencia de otras eléctricas, a aceptar de buenas a primeras realizar compensaciones por la Ley Eléctrica -no vía Sernac- porque, según sus abogados, hacerlo sería admitir responsabilidad por un caso fortuito. Lo mismo han hecho en tribunales. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) cursó 2.233 resoluciones por el apagón y Enel recurrió a la Corte de Apelaciones para pedir la declaratoria de fuerza mayor. En su defensa, encabezada por el estudio Cariola Diez Pérez Cotapos, Enel sostiene que nadie previó el evento climático, que los vientos llegaron a 124 kilómetros por hora, más que el peak de 76 km/h de 1968, lo que generó la caída de más de 2.000 árboles y 800 postes, con un daño equiparable al terremoto de 2010.

Enel no solo siguió la vía judicial, también lo ha hecho con el camino administrativo. La eléctrica solicitó a la SEC declarar “estado normal agravado” en 21 comunas. La SEC rechazó esa petición hace una semana.

Pero todo aquello es un rasguño frente al riesgo mayor: la pérdida de la concesión. La amenaza llegó temprano: el 7 de agosto el ministro de Energía, Diego Pardow, anunció el inicio del proceso de caducidad, imponiendo tres ultimátum sucesivos a la empresa para cumplir paulatinamente con la reposición del servicio. Los dos primeros fueron cumplidos y el tercero, no. Quedaban entonces aún 200 familias sin servicio. “El procedimiento de caducidad de la concesión de la empresa Enel va a seguir a su siguiente etapa”, dijo el 16 de agosto Pardow. Y se dio la partida al proceso.

La caducidad de la concesión está hoy en manos de la SEC, que debe preparar un informe técnico cuando le llegue, probablemente en enero, una auditoría encargada a a la Universidad de Santiago. Después de aquella auditoría, la SEC podrá pronunciarse. Pero no será inminente: la superintendenta Marta Cabeza estimó en un comienzo que el informe de la SEC podría tardar entre seis y 18 meses. Pero como la ley no fija plazos, aquello podría ocurrir en cualquier momento de 2025. Más temprano o más tarde.

El informe de la SEC deberá incluir una recomendación y según el artículo 41 de la Ley General de Servicios Eléctricos, la decisión final corresponde a una sola persona: “El Presidente de la República, mediante decreto supremo fundado, podrá declarar caducadas las concesiones de servicio público de distribución que se encuentren en explotación”, dice el texto legal.

Como nunca se ha realizado antes un proceso así, nadie sabe muy bien las consideraciones técnicas que debe tener ese informe ni los pasos que vendrán. Para este proceso, Enel se ha apoyado en la asesoría de Ramiro Mendoza, el excontralor general de la República, experto en asuntos administrativos. Por su estudio, Momag Abogados, también están trabajando en este caso sus socios Matías Mori y Pedro Aguerrea.

En el gobierno coleccionan argumentos contra la eléctrica: dicen que en los últimos tres años ha invertido menos de lo anunciado; que sus gastos operacionales por cliente son menores a los de otras eléctricas; que dispuso menos cuadrillas, también por cliente, que sus competidores; y que, fatal corolario, fallecieron tres pacientes electrodependientes por falta de generadores.

Enel ha controvertido esas afirmaciones de la autoridad: ha sostenido que los generadores dispuestos para electrodependientes y el número de cuadrillas en la emergencia fueron superiores a lo que exige la ley y que es incorrecta le medición por cliente: la relación adecuada es la comparación según kilómetros de red, ya que hay que considerar la densidad y la dispersión de clientes.

La argumentación de la empresa es una sola: han hecho las cosas bien y el episodio de agosto es un imponderable inmanejable. Todas esas argumentaciones las han hecho ver al propio ministro Diego Pardow, quien ha insistido en comparar una y otra vez lo que hizo Enel con lo que hicieron sus competidores. “Si hablamos de comparaciones no es necesario irse a otras latitudes o países. En este mismo país durante la emergencia de principios de agosto la distribuidora CGE puso cuatro veces más personal de respuesta por número de clientes que la distribuidora Enel, y Saesa, diez veces más”, respondió a fines de esta semana tras la declaración del CEO de Enel sobre Florida.

Guiseppe Turchiarelli se ha reunido al menos en tres ocasiones con Pardow después del 1 de agosto. Primero, el 5 de ese mismo mes, luego el 2 de septiembre y la última, el 20 de octubre. A esta última llegó acompañado de Alberto Di Paoli, director de Rest of the World de Enel para el resto del mundo, fuera de Italia. Han sido citas cordiales donde Pardow se ha mostrado más conciliador que en público, interpreta un asistente.

Pero la empresa ha resentido cierta indiferencia y un trato “poco amigable” de parte del gobierno. En octubre pidieron, para diciembre, con dos meses de anticipación, una audiencia con el Presidente Gabriel Boric con el máximo ejecutivo de Enel, Flavio Cattaneo, quien este año ha sido recibido por Lula Da Silva, Javier Milei y Gustavo Petro. La respuesta del gobierno chileno fue que el Presidente no tenía agenda disponible.

La misma explicación dio el Ejecutivo con otro desaire, más reciente: en la cumbre del G20, hace una semana, Boric tampoco tuvo agenda para reunirse con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien sí se reunió con Lula da Silva. Brasil también amenazó con quitar la concesión, pero aquel temor se ha disipado. Hay negociaciones.

La displicencia del gobierno chileno no amilana a Enel. Como empresa con participación estatal, la compañía ha recibido el apoyo de la embajadora en Santiago y la preocupación de su gobierno, donde recuerdan que existe un Tratado entre ambos países de 1995 y que Italia es miembro fundador de la Unión Europea. No es una amenaza de regreso, aclara alguien cercano a Enel, pero el gobierno chileno no ha aquilatado tampoco el efecto jurídico y diplomático de quitarle la concesión. Aquel, sin embargo, no es el ánimo.

El mandato desde Italia es tratar de encontrar una solución y mantener buenas relaciones con el gobierno. Algo que en Chile recogen: están convencidos de que encontrarán una manera de dialogar con el Ejecutivo.

Las señales del gobierno, creen en el sector privado, son contradictorias, donde admiten que Energía tiene una posición dura. En esa cartera sienten que Enel subestima la determinación del Ejecutivo por, eventualmente, quitarle la concesión. Aquel proceso, establece la ley, incluye una intervención de la empresa en donde la SEC designa una administración provisional. El riesgo es alto: cualquier otro problema de suministro -que todos asumen puede existir- sería luego atribuible al gobierno y no ya a Enel. Varios alertan por un Transantiago eléctrico para la Metropolitana.

Pero en el Ejecutivo también reparan en otra consideración: caducar una concesión a la empresa tras el episodio de agosto puede ser altamente popular y políticamente atractivo para un gobierno con baja aprobación. Una encuesta de Cadem consultó si se justificaba la apertura del proceso de caducidad de Enel: el 63% estuvo de acuerdo. Por ello podría ser incluso una herramienta en un 2025 electoral.

Pero como asumen que hay riesgos operacionales y logísticos en una transición que nunca se ha probado, en el Ministerio de Energía han estudiado otro precedente: el caso de Essal, la empresa sanitaria de Los Lagos que entonces controlaba Aguas Andinas y cuya concesión estuvo en riesgo tras la interrupción del servicio por diez días, en julio de 2019, por la contaminación con petróleo diésel de una planta de agua potable. En ese caso, el proceso se anuló antes de concluir: un tercero adquirió la empresa y comprometió inversiones para mejorar su servicio. Y la Superintendencia de Servicios Sanitarios resolvió no proponer la caducidad de las concesiones. Dos años después.

La autoridad ha insinuado aquella alternativa en privado: que otro inversionista adquiera Enel Distribución como una unidad económica y se comprometa con mayores inversiones. Si Enel adopta ese camino, creen, podría obtener más que si pierde la concesión. La ley estipula que en la caducidad se deben licitar los bienes y derechos de la concesión y que lo que pague el adjudicatario se entrega al concesionario que perdió la concesión.

Una referencia: los balances de Enel Distribución consignan un valor de $ 975.940 millones (casi US$ 1.000 millones al dólar actual) como valor neto de sus propiedades, plantas y equipos. Pero el valor económico puede ser distinto: en Perú, Enel vendió su filial de distribución -más una operación menor, de Enel X- en US$ 3.088 millones. El área de concesión transferida, que incluye Lima, equivale a 1.602 kilómetros cuadrados, versus los 2.105 km de la Metropolitana. Y el comprador fue una empresa china que ha mostrado interés en entrar a Chile: China Southern Power Grid International.

El negocio de distribución y redes no es tan atractivo para Enel Chile -aportó el 7% del Ebitda a septiembre- y su rentabilidad ha disminuido tras cambios regulatorios de hace un lustro. Por eso el grupo -y expertos del área- ha estado pidiendo modificar la normativa y entregar incentivos correctos. “Las inversiones con correlato de los precios”, dice una persona cercana a Enel que agrega que, sin ese factor, las inversiones no aumentarán. Pese a ello, Enel anunció esta semana inversiones por US$ 400 millones en Chile en distribución para el siguiente trienio, más que el trienio pasado.

Hace dos semanas, el lunes 11 de noviembre, los máximos ejecutivos de Southern Power Grid visitaron al ministro Pardow. Viajaron a la región, a la empresa que compraron a Enel en Perú, y aprovecharon de pasar por Santiago. Los chinos de Southern Power Grid ya habían visitado a Pardow en abril. Están interesados en entrar a Chile y un camino podría ser, precisamente, si Enel se decide a vender su distribuidora chilena.

Pero aquello, que anda circulando como rumor en el mercado, tendrá un inconveniente: los chinos ya controlan parte del negocio en Chile. State Grid Corporation of China compró Chilquinta en US$ 2.230 millones en 2020 y ese mismo año anunció la compra de CGE en otros US$ 3.000 millones. Con ello, llegó a tener entonces el 57% de los clientes de distribución eléctrica en Chile. Otra arremetida china resucitaría la discusión abierta cuando State Grid se transformó en el actor más grande en Chile.

“No estamos interesados en vender activos regulados, sino en comprarlos”, dijo este lunes Cattaneo desde Italia ante los inversionistas, frente a sus contingencias sudamericanas. Es que el grupo italiano es un operador de largo plazo que no resuelve sus decisiones de desinversión -dice alguien que conoce la interna de Enel- por áreas de negocios, sino que por mercados. Es decir, si venden un negocio en Chile -como lo hicieron en Perú-, los venderán todos.

Pero además por otra razón que no verbalizó Cattaneo, pero que sí creen en la empresa: la amenaza de caducar la concesión no es un camino correcto para forzarlos a vender. La empresa, lo ha repetido, usará todos los canales legales para impedirlo y no teme judicializar ese intento gubernamental. Tiene recursos suficientes para sostener una larga y compleja disputa judicial por la concesión. Y, además, pueden venir cambios políticos: hay elecciones justo en un año más y otro gobierno, de otro signo, podría tener otra visión sobre la amenaza de la concesión. Por ello un, experto se pregunta si el gobierno actual se atrevería a firmar un decreto de caducidad pocos meses antes de concluir su mandato, legando a otros la incertidumbre de un servicio básico esencial.