El 20 de febrero, la Capitanía de Puerto de Lago Ranco llegó a la casa de veraneo del presidente de Gasco, Matías Pérez Cruz. Días antes, el empresario había hecho noticia tras expulsar a dos mujeres de lo que llamó su jardín en la orilla del lago. Más allá de que se acreditó que ese espacio no le pertenecía, sino que era público, lo además quedó en evidencia es que tenía construcciones en el agua que por ley debían tener un permiso, autorización que la marina llegó a fiscalizar ese 20 de febrero. Y no había permiso. La rampa que poseía no tenía autorización. Se le notificó por carta su incumplimiento. Y si bien hoy se encuentra regularizando su situación, tal hecho encendió las alertas.
Hoy, toda obra que se levante bajo el nivel de aguas máximas (alta marea) debe tener una concesión marítima, que se traduce en una autorización que permite construir en el agua, a cambio del pago de un arriendo mensual por un período determinado. Actualmente, se estima que gran parte de los propietarios con casas en los lagos del sur de Chile carecen de una concesión marítima. Por ejemplo, en Villarrica hay cerca de 46 concesiones vigentes, cuando a simple viste existen muchas más construcciones; panorama similar se da en Lago Ranco, donde -según información solicitada por Transparencia a la Armada- aparece una persona natural con autorización y seis en trámite de renovación, o en Collico, donde hay dos autorizaciones. La zona del lago Panguipulli registra cerca de 10 permisos. Y sería. El caso Pérez Cruz puso de manifiesto tal situación y hoy la autoridad está intensificando el monitoreo.
En 2018 se hicieron más de 300 fiscalizaciones solo en lo que atañe a la Gobernación Marítima de Puerto Montt -más de 2.800 en todo el país-, y de ellas apenas 11 fueron a personas naturales.
El panorama ahora se ve más dinámico. Al 10 de abril, se registran 45 fiscalizaciones en Los Ríos, Los Lagos y La Araucanía, según datos de la Armada. Y la mayor agilidad la reconoce el subsecretario de las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli, quien si bien destaca que la Directemar tiene como rol fundamental el garantizar la seguridad en la navegación, sí existe un aumento en ese tipo de monitoreo. "Específicamente en los lagos, el plan de fiscalización de Directemar apunta a informar a todos los propietarios ribereños del borde costero, fluvial y lacustre, la necesidad de regularizar toda construcción e instalación sobre este espacio. Inicialmente se ha priorizado dicho proceso en aquellos lagos en que ha habido un mayor desarrollo inmobiliario", sostiene.
De hecho, desde Directemar precisan que ya a fines de 2016 se implementó el Plan Nacional de Fiscalización de Concesiones Marítimas, el cual dispuso a todas las gobernaciones marítimas del país efectuar la fiscalización de las concesiones. Y si bien fuentes conocedoras puntualizan que -dada la capacidad humana- se han centrado mayoritariamente en aquellas obras que involucran trabajadores -como la pesca- o en actividades que se traducen en descargas de agua hacia los lagos, hoy se está intensificando el monitoreo en aquellas obras menores existentes, donde el resultado inicial revela que prácticamente ninguno de los fiscalizados posee concesión. Vía Transparencia, la autoridad reveló que, por ejemplo, en el mismo Lago Ranco también se revisó el 20 de febrero la situación de las obras ligadas a tres propietarios vecinos de Pérez Cruz, a quienes se les notificó el incumplimiento vía carta. Ese mismo día, también se revisó la situación de tres empresarios en Caburgua y Pucón, cuyo resultado fue el mismo. Hoy, todos estarían en proceso de regularizar su situación, y han apelado a la ignorancia para no tener todo al día. De no pagar retroactivamente lo que adeudan desde la construcción de la obra, deberán dejar de hacer uso de aquella estructura que tienen en el agua.
Situación similar se ha visto en los lagos Riñihue, Panguipulli y Calafquén, donde ninguno de los propietarios fiscalizados tiene concesión, aunque sí manifestaron su intención de tramitar una. En la Región de Los Ríos, incluso la autoridad ha debido fiscalizar con ayuda de la Fuerza Pública por existir cierres de camino para acceder.
Así, hoy son varios los privados que están intentando poner en regla sus construcciones. Ya ninguno quiere tener sus boyas y rampas fuera de regla... y menos dejar de hacer uso de ellas.
