La gestión que le costó el puesto al gerente general de Chilena Consolidada

Chilena Consolidada quiere dejar en manos de José Manuel Camposano cualquier responsabilidad con el caso seguros y los cobros fraudulentos en las pólizas de seguros de vida y accidente que la firma tenía con los sindicatos 1, 2 y 3 de Chuquicamata entre 2004 y 2019, y con Radomiro Tomic entre 2008 y 2016, y donde Gestión y Servicios (GyS) era intermediaria.

La aseguradora afirma que Camposano no sólo benefició directamente a GyS en los contratos con los gremios de la minera, sino que también se benefició de la relación que tuvo con la empresa liderada por Héctor Flores y Guillermo Acuña para ejecutar nuevas pólizas donde GyS obtuvo la mayor parte de la prima recaudada. Así se lee en la contestación de la cuantiosa demanda laboral que el ex ejecutivo -que estuvo más de 40 años ligado a la compañía-, interpuso en marzo y donde pide una indemnización por hasta $ 3.100 millones por vulneración de derechos fundamentales en su despido de febrero pasado.

“El caso más burdo está dado por una póliza emitida con efecto retroactivo a otra compañía. El elemento en común: el negocio fue ofrecido por GyS”, indica el documento presentado ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

La compañía patrocinada por Claro, inicia el relato detallando el rol de una empresa aseguradora. Indica que el asegurador asume un riesgo, quedando obligado a pagar una indemnización en caso de ocurrencia de un siniestro incierto, y a cambio recibe una prima. “Así de sencillo”, señala. A su vez, añade, “si hay certeza de que ocurrirá, no hay riesgo sino derechamente daño; si hay certeza de que no ocurrirá, no hay nada que el asegurador pueda asumir”.

Con esto, explica que en la segunda quincena de junio y el mes julio de 2017 y “contra el parecer del área de suscripción que denunció la inexistencia de un riesgo asumible”, el Comité Ejecutivo de la compañía - instancia que era presidida por Camposano-, aprobó la emisión de una póliza con efecto entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de julio de 2017.

“La instrucción de emitir la póliza fue dada el mismo 31 de julio de 2017”, relata la aseguradora.

Agrega que previo a su emisión, GyS comunicó que el total de siniestros en el período estuvo por debajo del deducible propuesto para la póliza. En otras palabras: “Contra todo criterio técnico y en conocimiento de lo ocurrido, el demandante permitió la emisión de una póliza de no-seguro, con flagrante violación a las políticas de suscripción de la empresa y con el riesgo regulatorio inherente ¿Podría esto ser mera inadvertencia en alguien con décadas de experiencia en la empresa y que inició su carrera en el área técnica? Ciertamente que no”, explica Chilena en el documento.

Pero la firma fue más allá y señala que al indagar en el asunto, se detectó que, a mediados del año 2017, GyS se había visto enfrentada a una contingencia, por lo que debía pagar ciertas prestaciones adeudadas en el marco de un fondo que administraba, pero no contaba con el financiamiento necesario y para obtenerlo, necesitaba contar con una póliza de seguros de respaldo. “Fue en ese contexto, en que GyS solicitó a la empresa la emisión de la póliza antes mencionada. En virtud de ella, la empresa pagó un 71% de la prima cobrada por el seguro al mismo GyS por servicios de “contraloría dental” y “administración de atención y respuesta a los asegurados de la póliza” prestados durante el período retroactivo”.

Ante esto, Chilena afirma que el exCEO “violó flagrantemente las políticas de suscripción de la empresa, así como la esencia de la actividad aseguradora, para entregar a GyS la mayor parte de la prima recaudada”. Y añade que “fue por todas estas conductas del señor Camposano que Chilena Vida decidió despedirlo”.

En Chilena señalan que “sin perjuicio de que la compañía tiene la política de no comentar sobre casos judiciales o administrativos pendientes, Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A., su directorio y el Grupo Zurich reiteran su firme compromiso de continuar prestando la máxima colaboración a las autoridades de nuestro país, con total transparencia, para el esclarecimiento de los hechos vinculados con ciertas pólizas contratadas por determinados sindicatos de Codelco; y procurar que todo individuo y entidad que pueda verse afectada por estos hechos y por razones imputables a la compañía, reciba la reparación que en derecho corresponda”.