El sistema financiero chileno tiene por delante un desafío complejo. La histórica caída del Producto y el alza en el desempleo, han generado importantes alzas en la morosidad de los créditos de consumo, comerciales e hipotecarios, así como también rebajas en las clasificaciones de riesgo de los bonos de las empresas.

Pese a la magnitud de la crisis, el flujo de crédito se ha mantenido. Ha sido relevante el que la banca tuviese una base de capital sólida al inicio de la crisis sanitaria, como también el conjunto de políticas tomadas por las autoridades, como son las líneas de financiamiento provistas por el Banco Central, el tratamiento regulatorio excepcional de provisiones y capital por parte de la Comisión para el Mercado Financiero y el programa de garantías estatales diseñado por el Ministerio de Hacienda.

El principal objetivo para la Comisión desde marzo ha sido cautelar que los efectos de la crisis sanitaria no se traduzcan en futuros problemas en el sistema financiero y que simultáneamente el crédito fluya hacia las empresas viables.

En este contexto, la Comisión ve con preocupación una serie de iniciativas legislativas que, en conjunto, pueden impactar la solvencia y liquidez de instituciones del sector bancario y de seguros, mermando la capacidad del sistema financiero de seguir apoyando con créditos a las empresas y a los hogares.

Una primera iniciativa es la postergación obligatoria de cuotas por seis meses para los créditos de consumo, hipotecario y comerciales. Este proyecto además de debilitar la capacidad de los bancos de gestionar adecuadamente sus riesgos de crédito en resguardo de sus depositantes, afectaría la liquidez de la banca, más allá de las líneas de apoyo provistas por el Banco Central. El proyecto podría también generar efectos patrimoniales sustanciales en caso de aprobarse sin permitir el devengo de intereses durante los seis meses de la postergación.

Otro proyecto busca congelar los embargos y remates de bienes muebles e inmuebles recibidos como garantía para créditos (consumo, comerciales e hipotecarios) y los alzamientos en contratos de arriendo. El mayor efecto de este proyecto sería frenar los créditos hipotecarios, retardando la recuperación del sector inmobiliario y del empleo. Ello, sin perjuicio del impacto negativo directo en las provisiones y capital de la banca y las compañías de seguros, además de afectar la solvencia de empresas de financiamiento automotriz. En paralelo, esto dificultaría a muchos hogares suplir sus ingresos con el arriendo de propiedades.

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Otras iniciativas buscan evitar que la morosidad de créditos se reporte a los sistemas de información comercial durante el estado de excepción constitucional y meses posteriores. Tanto la CMF como el Banco Central han destacado la importancia de avanzar en proyectos que amplíen la información existente de los deudores para facilitar el acceso al crédito a tasas que reflejen adecuadamente su riesgo, permitiendo una mayor inclusión financiera.

En conjunto, estos proyectos limitarían el acceso futuro al crédito por parte de hogares y empresas. La evidencia internacional muestra que la certeza legal en la ejecución de las garantías, así como la disponibilidad de información consolidada y oportuna de la deuda que permita identificar patrones de pago, son claves para el desarrollo del sistema financiero. En particular, para el acceso al crédito de personas de menores ingresos y pymes.

En el caso del proyecto de postergación de cuotas se podrían considerar garantías estatales para los créditos a hogares, en línea con el proyecto que presentó el Ejecutivo para aplazar las cuotas de los créditos hipotecarios y perfeccionar el programa de créditos comerciales con garantía estatal Fogape en las líneas que ha anticipado el Ministerio de Hacienda.

Respecto de la prohibición de embargos y remates cabría considerar el proyecto que está actualmente en el Senado, que busca mejorar los mecanismos de ejecución de garantías a través de remates o subastas públicas para conseguir mejores precios para las propiedades rematadas.

En nuestra opinión es crucial un análisis cuidadoso del impacto conjunto de estas iniciativas, a la vez que se consideren otras estrategias legislativas que permitan abordar la compleja situación financiera que afecta a hogares y empresas chilenas.