Esta vez sí que en Andes Iron están optimistas. Después de 11 años de tramitación ambiental, sienten que el fallo del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta conocido el lunes es jurídicamente tan contundente que la posibilidad de que su proyecto minero de hierro y cobre Dominga no se haga es mínima. Y que incluso en el escenario de que el camino judicial se extienda, están seguros de que, en la última instancia, en la Corte Suprema, ganarán. Y como han sido pacientes, no les importa esperar un poco más de tiempo.

El dictamen de esta semana fue un capítulo más de una novela de avances y reveses para esta iniciativa minero portuaria de la comuna de la Higuera, en la Región de Coquimbo, que pretende, en su capacidad máxima, producir 12 millones de toneladas de mineral de hierro y 150 mil toneladas de cobre como subproducto. Originalmente calculaba una inversión de US$2.500 millones. Hoy esa cifra ya ronda los US$3 mil millones, dadas las alzas de costos de la minería y la construcción.

De eso, Andes Iron, que es en un 80% de la familia Délano, un 15% de los Garcés y un 5% de ejecutivos, ya se ha gastado unos US$ 450 millones. Allí consideran la compra de los activos a Minería Activa, el fondo de LarrainVial donde la familia Piñera tenía la mayoría de las acciones, por unos US$150 millones. Otros US$50 millones en la campaña de exploración. Y en la habilitación del proyecto, unos US$250 millones, considerando 14 años de trabajo desde que se adquirió el yacimiento (poco menos de US$20 millones anuales en promedio, pues en su año de mayor actividad llegó a tener 700 empleados, hoy son sólo un centenar), y unos US$50 millones en la confección y extensa tramitación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que presentó en septiembre de 2013 al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y que consideró cuatro adendas, un largo proceso que sólo adelantó lo que vendría.

Porque grupos ambientalistas y los gobiernos de centroizquierda han sido persistentes opositores del proyecto. Las razones del rechazo, que en general se han repetido en todo el proceso, se centran en la posible afectación sobre la cercana Reserva Marina Pingüino de Humboldt, que incluye las islas Damas, Choros y Chañaral, donde hay colonias de pingüinos declarados en peligro y permanentes avistamientos de cetáceos como delfines y ballenas.

Sin embargo, la empresa se defiende señalando que el puerto Totoralillo Norte, donde embarcará su mineral, está lejos de la reserva, a unos 30 kilómetros, que solamente tendrá actividad una vez a la semana, que los buques navegarán a más de 10 kilómetros de las islas, a menos de 10 nudos de velocidad y con sistemas de radar para evitar colisiones a cetáceos. Asimismo, reclaman que a sólo tres kilómetros al oeste del archipiélago atraviesa una verdadera carretera, donde pasan decenas de buques todos los días, y que incluso existe un proyecto de puerto más cercano a la reserva, llamado Cruz Grande, de CMP, que no ha sido tan combatido como el de Dominga.

El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que es un órgano dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y cuyo director es nombrado por la Presidencia, tardó cuatro años en analizar Dominga. En marzo de 2017, durante la segunda administración Bachelet, emitió su Informe Consolidado de Evaluación (ICE) donde recomendó aprobarla a la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) regional de Coquimbo. Sin embargo, la Coeva, formada por los secretarios regionales ministeriales y presidida por el delegado presidencial, la rechazó.

Luego, el Comité de Ministros, encabezado por el ministro de Medio Ambiente de la época, Marcelo Mena, ratificó el rechazo en una sesión marcada por la polémica, pues el tema no estaba en tabla y, ante la decisión, dimitieron al gobierno los ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés, y de Economía, Luis Felipe Céspedes.

Como Dominga recurrió al Primer Tribunal Ambiental, esta corte en abril de 2018 falló que las votaciones de las instancias de gobierno fueron ilegales y retrotrajo el proceso a la votación del Coeva. Ante esto, grupos ambientalistas recurrieron a la Suprema para revertir el fallo del tribunal especialista. En septiembre de 2019, el máximo tribunal devolvió la causa a la corte ambiental antofagastina, que resolvió en abril de 2021 que el proyecto cumplía con la normativa ambiental, por lo que la Coeva regional, ahora bajo la administración Piñera, debía volver a pronunciarse. Y ésta aprobó el proyecto en agosto de ese año.

Pero los detractores llevaron nuevamente el caso al Comité de Ministros. Durante el gobierno anterior no se votó. Y bajo la actual administración, el comité, presidido por la titular de Medio Ambiente, Maisa Rojas, lo rechazó unánimemente en enero de 2023.

Andes Iron, representados por los abogados Patricio Leyton y Carola Salamanca, del estudio Ferrada Nehme, apeló nuevamente al Primer Tribunal Ambiental que, con conformación distinta, falló el pasado lunes por tercera vez a favor del proyecto.

Y su dictamen de casi 250 páginas fue duro, sobre todo para el gobierno. Dejó sin efecto la decisión del Comité de Ministros, pues, dijo, “adolece de vicios de carácter esencial, ya que afectan la debida fundamentación del acto reclamado, y omite y contraviene lo establecido en la sentencia firme y ejecutoriada dictada por el Tribunal de 16 de abril de 2021″.

En resumen, dijo que lo hecho por la mesa encabezada por Rojas fue ilegal, pues se basó en argumentos que ya había sancionado ese mismo tribunal en su fallo anterior. Además, la culpó de transgredir los principios de imparcialidad, probidad administrativa, protección de la confianza legítima e incumplir plazos. Además, acusó a algunos ministros, como la propia Maisa Rojas, de no inhabilitarse, pese a que “habían manifestado previamente su parecer” sobre el proyecto. Y, por si fuera poco, fijó un plazo perentorio de sólo 15 días (no aclaró si seguidos o hábiles) para que el Comité de Ministros se reúna para votar de nuevo el proyecto.

El gobierno, y en particular el Ministerio de Medio Ambiente, quedaron golpeados con la resolución. Fue de tal nivel su dureza que le dejó un pasillo muy estrecho para maniobrar, admitieron cercanos. Hoy sólo le restan dos caminos: el judicial o el administrativo. Ambos son complejos, dado que los argumentos jurídicos del tribunal dejan poco espacio para que el comité lo rechace.

Y recurrir a la última instancia judicial, la Corte Suprema, es un enigma, pues debiera pronunciarse la Tercera Sala Constitucional, que ya no cuenta con los destituidos exministros Sergio Muñoz, quien era considerado un juez con una mirada más abierta a la causa ambiental, ni Ángela Vivanco.

Ahora esta sala está integrada por Adelita Ravanales como presidenta, Jean Pierre Matus y Diego Simpértigue, la recién ingresada al máximo tribunal Jéssica González, más un abogado integrante, puesto por el que han rondado José Miguel Valdivia, María Angélica Benavides y Álvaro Vidal. Los únicos que ya vieron este caso son Ravanales y Matus, que integraban la sala en mayo del 2022 y que rechazaron los recursos de casación presentados por grupos ambientalistas, sólo con el voto en contra del ahora ausente Muñoz.

Pero el gobierno se arriesgará a la incertidumbre. La ministra Rojas confirmó por escrito a Pulso que irá a la Suprema: “Tal como ha ocurrido anteriormente, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), en su rol de secretaría técnica del Comité de Ministros, recurrirá de casación para defender la resolución del Comité de Ministros que, en base a los informes de los organismos técnicos con competencia ambiental y al análisis del SEA, y de manera unánime, en enero de 2023 resolvió acoger los 12 recursos de reclamación presentados por personas y organizaciones que se hicieron parte del proceso de participación ciudadana y, en consecuencia, calificar desfavorablemente el proyecto. Somos respetuosos de las decisiones de los tribunales, pero esta es una decisión que aún puede ser revisada por la Corte Suprema”.

Fuentes jurídicas cercanas al gobierno afirman eso sí que a Rojas no le quedaba otra opción que recurrir a la Suprema, dado que es lo que históricamente realiza un gobierno cuando la justicia le objeta un acto administrativo. No hacerlo implicaba asumir la culpa.

Ahora, ante la inhabilidad que plantea el tribunal ambiental, la ministra dejó abierta la posibilidad de participar en una eventual nueva votación, arriesgando una acusación de desacato, como han advertido fuentes favorables a Dominga.

“Tengo la certeza de que, al votar en el Comité de Ministros de enero de 2023, no existía causal de inhabilidad como se indica, lo que fue respaldado por la Contraloría General de la República en su dictamen de agosto de 2023, que señala expresamente que no fue vulnerado el deber de probidad en el ejercicio de mis funciones como parte del Comité de Ministros. Recordemos, además, que esta fue una decisión del comité en el que participan seis ministros de Estado”, contestó Maisa Rojas a Pulso.

Fuentes del ministerio admiten que el camino en la Suprema es un enigma, pero que se están revisando todos los escenarios jurídicos posibles, justamente por esa complejidad. De hecho, no están claros del calendario al que los obligó el tribunal ambiental: si los 15 días para que se reúna el Comité de Ministros son hábiles o corridos. Si fuera el primer caso, la reunión debiera ocurrir el 26 de diciembre; si no, el 31. En Dominga creen que debe ser el 31 de diciembre.

Por tiempos, el gobierno aún tiene margen de acción. La Suprema normalmente tarda menos de una semana en declarar admisible o no un recurso de casación. Y si el gobierno busca postergar la votación del comité, debiera presentar en paralelo una solicitud de orden de no innovar. Y el máximo tribunal también demora muy pocos días en resolver esas peticiones.

En el mejor de los casos, el gobierno podría extender por varios meses una decisión final, pues en resolver el fondo de este tipo de recursos la Corte se toma su tiempo. En el 2022, se demoró nueve meses. Y si falla como lo hizo ese año, cuando señaló que no existía una decisión administrativa definitiva sobre la cual pronunciarse, deberá obligar nuevamente al Comité de Ministros a decidir, lo que podría ocurrir en plena campaña electoral del 2025 o incluso pasar al siguiente gobierno que, si es de derecha, podría ser más proclive a su aprobación.

Pero si la Suprema rechaza la admisibilidad del recurso ahora y falla el fondo en unos meses más, especialistas creen que hay pocas posibilidades de que no ratifique los argumentos del tribunal ambiental, debido a su contundencia, por lo que Dominga tendrá vía libre para llevarse a cabo.