Más seguridad privada en las empresas ante el aumento de la delincuencia. La recién promulgada ley del sector obligará a más firmas a contratar servicios de vigilancia y generará más responsabilidades para las compañías que los utilicen. Esta semana comenzaron las reuniones entre los gremios productivos y el gobierno para elaborar los reglamentos de la norma publicada el 14 de marzo pasado y que significará un enorme empujón para la industria de la vigilancia.

Hoy en el sector privado existe preocupación por los costos que implicará adoptar las medidas de la nueva Ley de Seguridad Privada, así como sus alcances, ya que el gobierno la quiere tener completamente implementada en tres meses más, y no en un año como se planteó inicialmente, tras el incidente ocurrido el lunes en Lo Valledor y que dejó a tres personas baleadas, entre ellas un vigilante.

El objetivo de la iniciativa es contar con un nuevo estándar en seguridad privada, con una institucionalidad clara, que permita un mejor despliegue de los recursos, más y mejor fiscalización, prevención y complementariedad con las policías. Se trata de una iniciativa largamente esperada, tanto por las empresas de vigilancia como por sus clientes, para hacer frente, además de la delincuencia, a la informalidad que caracteriza al sector y la necesidad de integrar su trabajo con las policías y el Ministerio Público.

Ejecutivos, analistas y dirigentes gremiales coinciden en que esta ley marcará un hito al regular la industria en su totalidad, derogando normas que datan de los años 70, abarcando por primera vez el mercado completo: desde el negocio del transporte de valores y combustibles hasta la vigilancia privada, escoltas, servicios de guardias de seguridad, capacitaciones en materia de seguridad, suministro de recursos tecnológicos, entre otros.

En general, en el mundo privado existe satisfacción por la iniciativa que comenzó a tramitarse en 2014, pero también un fuerte temor a que el reglamento se exceda con las cargas que deberán asumir las empresas para poder operar con cierta tranquilidad, pese a que la responsabilidad de proveer la seguridad es una tarea que le corresponde al Estado.

Las firmas de seguridad, por su parte, sacan cuentas alegres, ya que prevén un fuerte crecimiento del sector, aunque reconocen un gran problema: no se sabe si habrá o no personal suficiente, ya que la rotación en esta industria es una de las más altas que existen.

Algo de todo eso se esbozó el miércoles, en la primera reunión entre la Subsecretaría de Prevención del Delito y actores del sector privado, donde participaron representantes del comercio, ferias libres, la banca y las propias compañías de seguridad privada.

“Esta ley es robusta y esperamos que así lo sean los reglamentos, para que sea un gran complemento a la seguridad pública”, dijo este miércoles el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, en la primera reunión con los gremios privados para la bajada de la ley.

Aunque la mesa público-privada aplaudió la celeridad que se le quiere dar al cuerpo legal, en privado varios sostienen que será muy difícil llegar al 1 de julio con todo listo, como pidió el Presidente Gabriel Boric.

Ello, porque, primero, los reglamentos deberán ingresar a la Contraloría, donde una vez aprobados se deberán publicar en el Diario Oficial, y desde esa fecha se contabilizarán seis meses para que la norma entre en vigor.

Por eso es que varios actores consideran poco factible cumplir los plazos y se estima como lo más probable que la ley entre en vigencia recién a mediados del primer semestre de 2025.

A eso se deberán sumar las disposiciones transitorias de la norma para la adecuación o transición de lo que hoy existe.

Vigilancia, controles de acceso, alarmas, circuitos de cámaras, ciberseguridad, transporte y depósito de valores… el mundo de la seguridad privada en Chile abarca a numerosas empresas y rubros, con un catálogo de actividades que se ha ido ampliado en los últimos años, de la mano de la tecnología y las nuevas formas de operar de la delincuencia.

Se trata de un mercado de más de US$ 2 mil millones anuales que, según dicen en el mercado, solo tiene espacio para crecer. La cifra considera los casi 350.000 hogares que cuentan con un sistema de alarma monitoreado a distancia y las compras de tecnología para empresas.

Acorde a la Asociación de Empresas de Seguridad Privada y de Transportes de Valores (Aseva), en el país hay 260 mil personas trabajando como guardia o vigilante (personal autorizado para portar armas) en algunas de las 2.086 empresas de seguridad privada acreditadas en Carabineros. Se trata de un sector altamente atomizado, que según el presidente del gremio, Hugo Ibaceta, enfrentará un proceso de profesionalización inédito: “En la actualidad, los guardias y vigilantes no disponen de las herramientas necesarias para enfrentar a bandas delictuales cada vez más organizadas, con alto poder de fuego y dispuestas a todo. Con el reglamento, se deberá definir de

sde su capacitación, tipo de uniforme y elementos de protección que cada uno use”, detalla.

Precisamente, por esa vulnerabilidad es que las 260 mil personas que emplea el sector -dotación que equivale a la mitad de Carabineros- suelen cambiarse de trabajo con una facilidad que no se ve en otra industria. Según calcula Ibaceta, la rotación alcanza al 40% del personal y el temor es que no haya trabajadores disponibles para atender toda la demanda que la nueva ley genere.

Ello, porque la norma exige actualizar los criterios para designar qué entidades estarán obligadas a disponer de medidas de seguridad. Hoy son aquellas que tienen más de 500 UF en caja o que se encuentren en zonas de alto nivel de riesgo. El reglamento definirá el peso de cada variable considerando el valor de los objetos que se comercializan o producen, los horarios de funcionamiento, si la empresa es o no estratégica, la ocurrencia reiterada de delitos en la zona donde se emplaza o si la actividad económica presta funciones de utilidad pública. Todo apunta a que la lista crecerá.

La Subsecretaría de Prevención del Delito notificará cuáles serán las nuevas “entidades obligadas” y las empresas que se encuentren previamente definidas como tal, se mantendrán bajo dicha calidad por dos años más.

No sin antes valorar la necesidad de la nueva ley, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco, alerta sobre lo que él llama algunas medidas que pueden resultar desacertadas, producto de una mala evaluación de las circunstancias que afectan a muy diferentes industrias: “Ha sido muy preocupante que la autoridad haya invocado la aplicación del D.L. 3607, que es justamente la normativa que se está derogando con la nueva ley, y que imponía la obligación de guardias armados. Decisiones como esta pueden significar muchas dificultades en su aplicación y, al final, dañan la imagen de la minería del país e imponen una lógica de ‘autodefensa’ a los privados, dando una muy mala señal de que la autoridad pretende abdicar de sus responsabilidades de velar por el estado de derecho y garantizar la seguridad en el país”, sostiene.

El dirigente añade que el sector ha debido encarar un alto costo por el clima de inseguridad. “Sería deseable que se ponga en ejecución lo más prontamente posible la nueva legislación en vigor, y corresponde que se dejen sin efecto el o los decretos que se fundan en la norma hoy derogada, y que se haga una revisión responsable de las medidas que podrían ser adecuadas y eficaces, incorporando a las empresas afectadas al diálogo sobre sus necesarios alcances y necesidad, teniendo a la vista las consideraciones y resguardos que otorga la nueva legislación aprobada”, añade.

Al cierre de esta edición, en el agro también analizaban la situación. “Todos sabemos que el diablo está en los detalles. Si el reglamento queda bien hecho, la ley puede verse reforzada y mejorada, pero si no, puede terminar generando mayor confusión y cargas innecesarias para la agricultura que está concentrada hoy en el problema del cambio climático”, respondió un agroexportador a Pulso.

Aunque en la nueva norma la seguridad privada estará controlada y subordinada a las instrucciones que imparta el Estado, la privatización de los servicios de seguridad como respuesta a la crisis de la delincuencia es algo que no ha dejado de comentarse en el mercado en los últimos días.

“Cualquier empresa, potencialmente, podría verse sometida a este régimen de cumplimiento normativo. Si bien aún se desconoce un número definitivo, habría que considerar seriamente a cualquier empresa de sectores productivos, tales como: banca e instituciones financieras; retail; transporte (aviación civil, ferrocarriles, por carretera, de valores, marítimo portuario, etc.); industria maderera; servicios públicos (agua, gas y electricidad); servicios de correo y telecomunicaciones; minería, entre otras industrias”, avisa Eduardo Hernández, gerente Legal de ALTO Chile.

La nueva ley establece que toda empresa cuya actividad pueda generar un riesgo para la seguridad pública se entenderá como “entidad obligada” a tener que pagar por seguridad privada.

Y a eso apunta Sergio Morales, coordinador del Observatorio del Comercio Ilícito y Seguridad de la Cámara Nacional de Comercio: “Nos preocupa quiénes finalmente serán las entidades obligadas a contar con medidas de seguridad privada, pues la ley habla de que la Subsecretaría de Prevención del Delito las determinará según criterios como actividades que realizan, localización, entorno, ocurrencia de delitos, etc. Asimismo, hemos levantado las alertas acerca de cuáles serán las medidas de seguridad que se exigirá a cada categoría de ente obligado, pues hoy los costos que las empresas han asumido en seguridad privada son bastante cuantiosos”.

Los gastos en seguridad no son menores. La Encuesta de Victimización de la CNC revela que un 58,8% de los encuestados tiene gastos fijos mensuales para ese ítem, que difieren según el tamaño de empresa: “desde los $3,5 millones por local en las grandes, $1,1 millones en las medianas, $535 mil en las pequeñas y $390 mil en microempresas”, resume Morales.

En la cuenta de CNC están desde la tienda donde sus mismos dueños instalaron una cámara hasta las grandes superficies comerciales, que cuentan con departamentos enteros dedicados al tema. Para hacerse una idea: sólo Cenco Malls, el brazo de centros comerciales de Cencosud, reconoce entre sus 10 principales proveedores a dos empresas de seguridad privada: Fu-Du Ltda. e ISS Servicios Generales Ltda.

En el mercado se teme que, debido a la conmoción pública que ha generado el aumento de la delincuencia en el país se opte por normas tan estrictas en los reglamentos que en algunas industria como el retail, una misma cadena comercial con presencia en todo Chile termine teniendo medidas de seguridad diferenciadas según el nivel de riesgo de cada sucursal o instalación.

Al respecto, Supermercados de Chile, gremio que agrupa a las firmas de ese sector, respondió a Pulso que “considerando los plazos acotados que existen para la elaboración del reglamento de la Ley de Seguridad Privada, nos parece muy importante participar en el diálogo con la Subsecretaría de Prevención del Delito y distintos actores en el marco de la mesa consultiva, para ver de forma clara, cómo esta iniciativa legal que fue muy esperada por todos, sea un aporte para dar mayor tranquilidad a la ciudadanía, especificando adecuadamente los bordes en que el sector privado puede apoyar en esta materia”.

“No hemos hecho ese cálculo, pero el efecto debiera ser marginal. La ley lo que hace es regular o normar actividades preventivas que el sector privado en lo grueso ya realiza, por lo que no debiéramos esperar un aumento significativo en estos gastos. Algunas entidades podrían tener que realizar gastos que hoy no tienen, como encargar estudios de seguridad, pero no debiera implicar cambios significativos respecto a la situación actual”, explicitó a Pulso el director alterno de Clapes UC, Leonardo Hernández, al ser consultado por los costos económicos de la nueva ley para el sector privado, que según un estudio de esta misma entidad es el que más gasta en Chile en la materia.

El estudio “Costo Económico de la Delincuencia: Chile 2013-2022″, arrojó como principal conclusión que los gastos económicos asociados a la delincuencia han crecido un 94% (medidos en dólares de 2022) entre 2013 y 2022, siendo el sector privado el que más invierte.

“El gasto privado en alarmas y monitoreo, transporte de alto valor y seguridad privada se duplicó entre 2013-14 y 2015-16 y nuevamente entre este último bienio y el período 2018-22 (pasó de 0,2% del PIB en 2013-14 a 0,5% en 2015-16 y luego a 0,9% del PIB en 2022)”, detalla Hernández.

La próxima reunión de la mesa consultiva y el gobierno se realizará el próximo 17 de abril. Los privados ya preparan sus carpetas.