Un total de 14.000 facturas procesa diariamente Walmart Chile. Hoy, son 209 las que tienen al retailer en medio de un complejo proceso judicial con más de una decena de demandas de parte de diversos bancos y factoring, y una querella criminal iniciada por el propio retailer contra uno de sus proveedores. Son varios los millones de dólares que mantienen enfrentadas a las entidades financieras con una de las principales supermercadistas del país. Una historia que por ahora se ve lejos de terminar.
Querella por 209 facturas
El pasado 22 de marzo, el abogado Miguel Chaves, en representación de Walmart Chile, llegó al Segundo Juzgado de Garantía de Santiago. Interpuso una querella criminal por estafa contra el empresario argentino Gustavo Adolfo Santa María y todos quienes resulten responsables.
Santa María mantenía relaciones comerciales con el retailer desde 2015, a raíz de su empresa Strudel.GSM, que proveía de productos de pastelería a la cadena. Sin embargo, hacia fines del año pasado, Walmart -se lee en la acción judicial- empezó a recibir cartas de diversos factoring exigiendo el pago de una serie de facturas que habían sido entregadas por Strudel.GSM por supuestas transacciones realizadas con Walmart. Tras un análisis exhaustivo de los antecedentes, la conclusión del retailer fue una sola: todas las operaciones de las que daban cuenta las facturas cedidas eran inexistentes. Jamás habían sido enviadas a Walmart, ni recibidas por ella de modo alguno. Eran "una defraudación flagrante mediante la cual se pretendía exponer y perjudicar patrimonialmente a Walmart", dice la querella.
Se trataba de 209 facturas emitidas en 2018 por un monto total de $ 4.347 millones (unos US$ 6 millones) que fueron cedidas a factoring por parte de Strudel.GSM y que no corresponden a ninguna operación comercial llevada a cabo por la empresa, señalan. Y si bien todas ellas aparecen registradas en el Servicio de Impuestos Internos (SII), solo hay respaldo físico de 181, aunque las supuestas órdenes de compra que la cadena exige para que la operación sea validada por la compañía -requisito para que el proveedor pueda cederla a un factoring- son ficticias.
Desde el minuto uno -comentan cercanos al proceso- la compañía intentó tomar contacto con Santa María. Y hasta la presentación de la querella estaba inubicable.
$2.000 millones en demandas
Diez son los factoring que recibieron las facturas asociadas a la querella. Se trata de Factoring Mercantil, BancoEstado, Scotiabank Chile, Banco Consorcio, Banco Internacional, Banco de Chile, Incofin, Servicios Financieros Progreso, Tanner Servicios Financieros y Bice Factoring. En la acción judicial también aparece Eloy Servicios Financieros, aunque desde esa firma precisan que esas facturas fueron anuladas por Strudel, por lo que no hay deudas con Walmart.
Del total, ocho ya iniciaron acciones legales para exigir el pago de las facturas, demandas que suman más de $ 2.000 millones. Si bien inicialmente -confidencian cercanos- intentaron conversar con Walmart para que les pagara, las tratativas no dieron frutos.
Así, el primero en abrir los fuegos fue Tanner. En octubre, la firma presentó dos demandas contra Walmart por el no pago de ocho facturas -la primera de ellas fue por $83 millones, que Walmart pagó en febrero-. A ellas siguieron dos acciones adicionales en diciembre, por 15 facturas más. En total -restando los $ 83 millones- exigen $ 454 millones.
Tras Tanner vino -en 2018- Banco Internacional (por unos $ 145 millones), y BBVA Factoring (hoy Scotia Azul Factoring), por $ 112 millones.
Y ya este año se sumaron Bice Factoring, por $ 324 millones; Banco de Chile, exigiendo $ 183 millones; Banco Consorcio, por facturas asociadas a $ 199 millones; una nueva de Scotiabank Azul, por $ 458 millones; Incofin, pidiendo $ 89,9 millones, y Servicios Financieros Progreso, por $ 105,3 millones.
Además, hay otras dos entidades afectadas -según la querella de Walmart-, BancoEstado, con $ 66 millones -que inició acciones contra Strudel por incumplimiento de pagarés comerciales-, y Factoring Mercantil, que aparece con $ 595 millones. Fuentes ligadas a esta última compañía precisan que el monto en cuestión sería menor, no obstante, no descartan demandar al retailer.
En líneas generales, las entidades financieras que han demandado aseguran que las facturas están todas registradas en el SII. Dado ello, el servicio tiene que haber notificado a Walmart de tales documentos y -como indica la legislación- el retailer tenía ocho días para impugnarlas, lo que no hizo.
Si bien fuentes relacionadas a los bancos no dudan que Walmart puede haber sido estafado, sostienen que tuvo el plazo necesario para rechazar los documentos, porque -enfatizan- el retailer no puede decir que no fue notificado por parte del SII de estas facturas.
Asimismo, dentro de la defensa de los factoring está el hecho de que Walmart sí le pagó a Tanner la primera demanda, que era exactamente por lo mismo.
Después de esa primera acción, el retailer comenzó a impugnar las acciones judiciales de los factoring (oponiendo excepciones). Walmart precisa que los documentos carecen de condiciones legales para ser llamados facturas -tales como el hecho de no detallar las mercaderías o productos vendidos-, y que en esa línea no tienen las características para ser cobradas. A ello añaden que son lisa y llanamente falsas y objeto de una querella en curso. "El fraude en cuestión es de grandes proporciones, y al menos a la fecha asciende a una suma cercana a los cinco mil millones de pesos, formando parte de tal cantidad las sumas que la ejecutante pretende cobrar", se lee en la respuesta de Walmart a las causas. E insiste: "Tales créditos no existen".
Esos argumentos han sido rechazados por las demandantes. "Las facturas materia de autos cuentan con certificado de validez y recepción de bienes", ha señalado Tanner en el proceso. "Los certificados del Servicio de Impuestos Internos contienen la presunción de entrega de mercadería y, por otro lado, la ley reconoce a Walmart Chile S.A. el derecho de ejercer las acciones civiles y penales en contra del emisor de las facturas, pero en ningún caso esto la libera del carácter ejecutivo de nuestros títulos", ha subrayado el Banco de Chile en su proceso contra el retailer.
En esa misma línea, Bice enfatiza el hecho de que más allá de la gravedad de la estafa, "resulta totalmente ajeno a mi representada e impertinente al proceso de autos, pues en caso alguno impide el cobro ejecutivo formulado". Y así suma y sigue.
Diligencias en camino
Una decena de diligencias ha solicitado Walmart al Ministerio Público en línea con ir resolviendo la estafa. Es que el camino penal está recién empezando. Una orden amplía de investigar a la Brigada de Investigación Criminal Metropolitana (Bicrim), peritajes computacionales, testigos y citación a los ejecutivos de los mismos factoring son parte del amplio abanico de trámites pedidos por el retailer a la fiscalía. Entre ellos, lograr que declare el propio Santa María.
PULSO Domingo no pudo ubicar al dueño de Strudel ni vía mail ni al teléfono de su empresa, donde hasta el cierre de esta edición nadie contestaba. La compañía no tiene página web, pero según facturas en cuestión, su casa matriz está en Huechuraba, y cuenta con una sucursal en Providencia. Datos del Poder Judicial dan cuenta de más de 30 demandas interpuestas solo este año contra Strudel.GSM por el no pago de servicios y pagarés. Además, hay seis que recaen directamente contra Santa María. En ninguno de estos procesos el empresario ha podido ser notificado. Su información comercial habla de deudas por $ 773 millones.
Así, hoy todas las diligencias penales están en curso. E incluso no se descarta que Walmart pueda sumar nuevos delitos, como falsificación o uso malicioso de instrumento privado. También -comentan fuentes del proceso-, nuevos imputados. Una arista penal a la que, sin embargo, los factoring no se sumarían, puesto que, como dicen relacionados a las entidades, "el proveedor no los estafó a ellos". Su pelea seguirá en terreno civil... al menos hasta agotar todas las instancias para lograr que Walmart les pague tales facturas.