Los números de la caja fiscal se han venido deteriorando desde hace una década y, probablemente, seguirán en rojo en los próximos años. Lejos de los escenarios de superávit fiscales de la primera década de los 2000, cuando el saldo efectivo llegó incluso a superar el 7% del PIB en medio del boom del precio del cobre, las últimas proyecciones anticipan un escenario de estrechez fiscal que despierta preocupación entre los analistas y el mundo político.

Tras la presentación del último Informe de Finanzas Públicas (IFP) del cierre del cuarto trimestre de 2024, el que no sólo confirmó un incumplimiento de la meta fiscal para ese año, sino también anticipó un desvío para el ejercicio 2025, en el Ministerio de Hacienda y entre sus cercanos asumen que la tarea para equilibrar las cuentas fiscales será titánica este año.

Miembros del círculo en torno a Teatinos 120 confidencian que mantener la credibilidad en las metas y la sostenibilidad fiscal es un objetivo que el ministro Mario Marcel ha hecho suyo desde que fue director de Presupuestos durante el gobierno de Ricardo Lagos, a inicios del 2000, por lo que este reto será emblemático y casi una “misión imposible”, considerando que se trata de un año de elección presidencial y el último de la actual administración.

El IFP de la semana pasada reveló un déficit fiscal estructural del 3,2% del PIB para el año pasado, lejos de la meta del -1,9% original. Adicionalmente, el mismo IFP proyectó para 2025 un saldo negativo del 1,6% del PIB, por encima del -1,1% estimado en el IFP anterior.

Durante la última semana Hacienda ha tenido que justificar los errores de cálculo del 2024. Las múltiples razones lanzadas han estado sujetas a duros cuestionamientos y empañan la dura tarea asumida por Marcel, de pasar de un déficit estructural del 10% del PIB en 2021, a uno de 0,5% en 2026.

En medio este desafío, Hacienda ha deslizado la posibilidad de un nuevo recorte de gasto fiscal para este año, adicional al ya realizado por más de $600 mil millones, el que fue concordado con el Congreso en la discusión presupuestaria.

“Como he dicho, el resultado estructural 2024 no es una buena noticia y lo que corresponde ahora es corregir, explicar e integrar esas nuevas proyecciones y mejoramientos que estamos haciendo a nivel de proyecciones hacia el 2025 (...) no es descartable que pueda haber un nuevo ajuste de gasto fiscal durante este año”, reconoció al respecto, en entrevista con Pulso, la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, quien anticipó que las acciones correctivas se darán a conocer en el IFP del primer trimestre, el 28 de abril próximo, aunque no descartó la posibilidad de adelantar ese hito.

“Hemos hecho rebajas de gastos para financiar emergencias y otras cosas durante todo el periodo de gobierno, porque todos los años de gobierno han sido electorales. Es un gobierno que ha convivido con los años electorales y se ha cumplido”, afirmó Martínez al ser consultada por la dificultad que significa el ejercicio de ajustar el gasto en un año de elecciones presidenciales como es 2025.

Sin embargo, los analistas ven el escenario muy cuesta arriba, e incluso algunos creen que finalmente Hacienda deberá sincerar la imposibilidad de llegar a la meta este año, otra vez, pero ahora modificando el decreto que da cuenta del compromiso fiscal adquirido.

Uno de esos especialistas es el exdirector de Presupuestos del segundo gobierno de Sebastián Piñera, Matías Acevedo, quien pide ajustar el gasto “hasta que duela” y buscar -a contrapelo de lo que opina su sector político- una nueva meta fiscal realista y creíble para el mercado, de manera de no debilitar la institucionalidad fiscal

Acevedo acusa que la Dipres ignoró las tempranas alertas levantadas por los expertos sobre el problema fiscal que se estaba incubando en 2024. Y a su juicio, las proyecciones de ingresos para este año también están sobreestimadas.

“Hacienda tomó una apuesta riesgosa el año pasado cuando todo el mercado le dijo que no iba a cumplir la meta, y este año, con la recaudación de la Ley de Cumplimiento Tributario están, de nuevo, tomando una apuesta riesgosa. La meta del -1,1% no se va a cumplir, tendría que ocurrir un milagro. Esto, porque están sobreestimando los ingresos y porque no van a poder hacer el ajuste de gastos de unos US$ 3 mil millones, que es lo que necesita para 2025″, explica Acevedo.

El economista estima que Hacienda estará obligado a modificar, con prontitud, el decreto que fija las metas de déficit fiscal y, al mismo tiempo, a realizar el mayor recorte de gasto posible, para acercarse a un objetivo creíble. Dice que el escenario más realista es ajustar el decreto a un déficit estructural de 1,6% del PIB para este año y de -1% para 2026. “Estoy seguro que el ministro Marcel no va a poner en riesgo su credibilidad manteniendo una meta que no se va a alcanzar”, añade Acevedo.

Reconoce, además, la dificultad de recortar gasto en un año electoral, aunque apunta que siempre ha sido complejo ajustar la caja fiscal dada la estrechez que se vive.

“Siempre es muy complicado recortar el gasto, independiente del año en que se esté. Si alguien cree que se va a ganar la elección porque hoy gastaron un peso más en un programa o en otro, comete un error profundo. Sin embargo, hay programas que son emblemáticos y que, eventualmente, pueden generar un daño desde el punto de vista de la percepción de la ciudadanía. Entonces, no da lo mismo qué recortar. Es complejo hacer recortes en programas sociales que son sensibles para la ciudadanía, como lo que acabamos de ver, por ejemplo, en el tema de salud, donde hay listas de espera y otros problemas”, precisa Acevedo, quien considera que es mejor apuntar a recortes en el gasto corriente, en vez del destinado a inversiones, dado su impacto en la recuperación de la economía.

La propia Dipres precisó que el reciente recorte fiscal que se realizó en enero, de más de $600 mil millones, se concentró en gasto operativo (en personal, bienes de servicio, consumo y adquisición de activos no financieros como mobiliario y vehículos, por ejemplo), excluyendo recursos destinados a la PDI, Carabineros, Gendarmería, servicios de salud y educativos, subsidios de vivienda y concesiones, entre otros.

Juan Ortiz, economista senior del OCEC UDP, repara en que alrededor del 85% del Presupuesto está “amarrado” por ley, lo que generaría una limitación a la hora de ajustar gasto y coincide en que los ingresos para este año están sobrestimados.

“En un año electoral en particular, tomando en cuenta el bajo nivel de aprobación que tiene el gobierno y el hecho de que hoy tenemos una competencia presidencial importante, los incentivos son a tratar de mostrar mayores resultados para los ciudadanos. Por lo tanto, los incentivos están en ajustar en mayor medida los gastos corrientes que los gastos de capital o de inversión. Si yo fuera este gobierno, trataría de utilizar la gestión de la inversión pública para mostrar un mejor resultado de cara a la opinión pública: más obras civiles, hospitales, escuelas, la ampliación de carreteras, etcétera”, plantea Ortiz.

El economista calcula que si se cumplieran las estimaciones de gobierno en materia de ingresos estructurales, el recorte adicional debiese ser de al menos US$ 1.000 millones, y cree que debiese anunciarse lo más pronto posible, de manera de evitar la crispación política que se generará con el inicio de la carrera presidencial.

“Para el gobierno, estratégicamente, es mucho mejor anunciar de una vez en marzo el ajuste fiscal y presentarlo en el IFP de abril. El costo político de hacer un nuevo ajuste fiscal más adelante, en medio de toda una campaña electoral, es mucho mayor”, asegura.

A diferencia de Acevedo, Ortiz opina que cambiar el decreto que fija las metas de déficit estructural podría constituirse en un “error político” para Marcel, al ser usado por la oposición.

Una fuente que conoce en detalle el manejo presupuestario, dice que Hacienda debería haber tomado acciones correctivas para el desvío de la meta del año pasado y no sólo enfocarse en encauzar la salud fiscal de este año como se lo demanda la Ley de Responsabilidad Fiscal. “El 2024 tuvo que sacar recursos del FEES (Fondo de Estabilización Económica y Social) para financiar el déficit y lo que hubiera correspondido, es decir, hoy, cómo iba a recomponer esos activos retirados. Es como si hubiera vendido los muebles y ahora debieses decir con qué recursos pretende restituir esos muebles”, grafica.

Si bien la misma fuente cree que cambiar el decreto que fija la meta fiscal autoimpuesta para este y el próximo año “no es positivo”, reconoce que ese escenario no es descartable para Marcel, ya que los ingresos proyectados en el último IFP son difíciles de cumplir, al igual que los recortes fiscales en un año electoral.

“Cambiar el decreto (que fija la meta estructural) es como hacerse trampa, pero es una discusión abierta. De todas formas, yo no descartaría que cambie el decreto, aunque él no lo puede decir hasta concretarlo en marzo o abril. El problema de Marcel es que tiene poco margen para cortar gasto y los futuros gobiernos también tendrán ese problema. Lo ideal sería tener a futuro un acuerdo político y revisar las holguras de las cuentas públicas en serio”, concluye un experto cercano a la institucionalidad fiscal.

Andrés Pérez, economista jefe Latam de Banco Itaú, coincide en que recortar gasto fiscal en este escenario es complejo. “Cortar gasto, por lo general, no es simple. Tenemos que enfrentar la realidad de que no hay plata. Esa es la verdad. La combinación de menos ingresos a lo esperado y gasto en línea con lo proyectado, te ha llevado a que la billetera fiscal se haya ido agotando”, afirma el economista.

A su juicio, una de las discusiones clave que se generará con prontitud, en medio de las presiones por recortar gasto, será el monto del reajuste del salario mínimo. “Vamos a tener una nueva discusión del salario mínimo en abril-mayo de este año. Las miradas también están sobre el monto del reajuste, considerando un mercado del trabajo más débil de lo esperado y el efecto de una trayectoria salarial por encima de la inflación y la productividad. Eso, sin duda, que ha tenido un efecto sobre la creación de empleo y también sobre la destrucción de empleo (…) hay un desafío en reducir ese ritmo de alzas”, precisa Pérez, quien no desestima que el gobierno tenga que incurrir en recortes de gasto en inversión y transferencias a regiones, además de gasto corriente.

En medio de dicho contexto y en un acto que implicará aún más presión para Hacienda, se espera que esta semana que viene el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), en el marco de un esperado informe sobre la sostenibilidad fiscal del aprobado proyecto de pensiones, haga un duro análisis del incumplimiento de las metas fiscales y de la sobrestimación de ingresos.