Si la empresa estatal china State Grid International Development Limited (SGIDL) materializa la compra de CGE, en US$ 3 mil millones, anunciada la semana pasada, se convertirá en el mayor actor del sector de distribución eléctrico chileno, con más de la mitad de los clientes. La misma empresa compró hace un año Chilquinta, en US$ 2.230 millones. Y se encamina así a ser el mayor actor de la industria.

La apuesta de State Grid no es aislada. Muchas otras empresas de origen chino han penetrado en Chile en los últimos años. Y en muchos otros países de Latinaomérica. La tendencia no se detiene. Y seguirá. En los registros oficiales, Estados Unidos, España y Canadá retienen los mayores stock de inversión en Chile, con más de US$ 30 mil millones cada uno, por lo que la presencia de China está todavía “muy lejos de la presencia que tienen otros países en nuestra economía”, recuerda el canciller Andrés Allamand. Pero su aumento, agrega, es algo natural: China es hoy, justo a 50 años de establecer relaciones diplomáticas con Chile, el mayor socio comercial. En octubre, el 42,5% de las exportaciones chilenas se dirigió a ese país.

Los mismos registros oficiales chilenos dibujan el cambio en inversión extranjera directa: los capitales chinos sumaron US$ 4.852 millones en 2019, muy por encima de Canadá (US$ 2.866 millones) y Estados Unidos (US$ 2.790 millones). Este año ocurrirá algo similar. “A pesar de la pandemia se han incorporado cinco nuevos proyectos provenientes de China a nuestra cartera, sumando 27 iniciativas por US$ 4.470 millones al cierre del primer semestre de 2020”, detalla Alicia Zhu, encargada de China Desk de InvestChile, la agencia estatal de promoción extranjera chilena.

La posición oficial chilena es saludar esta tendencia, felicitar los capitales extranjeros. Lo dicen tanto Allamand como el ministro de Economía, Lucas Palacios. “Vemos con buenos ojos la inversión extranjera que viene al país, porque la necesitamos por su aporte en la creación de empleo, en la llegada de nuevas tecnologías y por sus oportunidades para las pymes proveedoras”, dice Palacios.

La menos oficial ya acumula algunos resquemores que comienzan a crecer junto con la ampliación de los intereses del gigante asiático en Chile. La inquietud tiene dos variantes. La primera es la inquietud por el sector eléctrico. La segunda tiene otras connotaciones: el poder que un solo país adquiere en la economía chilena.

El senador RN Rodrigo Galilea lo planteó esta semana a buena parte de la bancada de senadores de su partido y lo comentó de modo informal a algunas autoridades de gobierno que se topó en el Congreso: la compra de CGE, que venderá la española Naturgy, debe ser mirada con cuidado. Resume así su inquietud: “Es del todo desaconsejable que una empresa estatal, de cualquier país, sea dueña de empresas chilenas que son monopolios regulados por el Estado”, dice el senador por la región del Maule, zona donde opera CGE. Galilea se refiere al efectos en las negociaciones tarifarias de sectores como el eléctrico, agua potable y telecomunicaciones. Y que su preocupación es independiente de la nacionalidad del inversor. “Cuando tu contraparte es una empresa que es de un Estado no cuesta nada que ese país envíe a su embajador a pedir mejores condiciones tarifarias”, ejemplifica.

La operación específica será analizada por la Fiscalía Nacional Económica y ya tiene un crítico a la vista. El exvicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitran, advierte que la operación de State Grid producirá una peligrosa integración horizontal que está prohibida en el sector sanitario y que, dada la presencia de otros firmas estatales chinas en transmisión y generación, también podría incluir la prohibición de integración vertical.

Aquellas advertencias no alteran, al menos en público, a las autoridades de gobierno. “Chile tiene una legislación e instituciones sumamente robustas, con reglas que rigen tanto para las empresas locales como para las foráneas. Este marco jurídico cautela el buen desarrollo de las distintas actividades económicas, las cuales están sujetas a nuestras regulaciones en defensa de los intereses de nuestro país”, sostiene Lucas Palacios. El ministro Allamand también responde al caso específico. “En el caso concreto de esa inversión hay que considerar que es un sector muy regulado, donde cada compañía opera solo en su área de concesión. El Estado fija las tarifas y vigila muy celosamente que se cumplan todas las normativas”.

A la inquietud por la concentración en el sector eléctrico se suma una incipiente preocupación por la presencia china en sectores estratégicos de la economía. No es, aclaran todos los consultados para este reportaje, un resquemor con una nacionalidad específica, sino con un ecosistema específico, con empresas que forman parte, en su mayoría, de un mismo grupo empresarial: el Estado chino. El exfiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, recuerda que Estados Unidos ha prohibido, sin expresión de causa y amparados en motivos de seguridad nacional, algunas adquisiciones de extranjeros.

El senador Galilea recuerda que Australia se ha enfrentado con dureza con China por asuntos de negocio; que el Reino Unido decidió excluir a Huawei del despliegue de su red 5G; o que Estados Unidos limitó la expansión de Tik Tok en su territorio.

Mecanismos para restringir el acceso de capitales o estados extranjeros en ciertas actividades existen en varios países como Estados Unidos, Australia y Nueva Zelandia y algunos personeros de gobierno admiten que Chile está estudiando, incipientemente, aplicar algunos filtros específicos para futuras operaciones específicas. Consultado sobre el tema por PULSO Domingo, el ministro Allamand elige con cuidado sus palabras: “Chile tiene políticas de Estado de largo plazo donde siempre hemos reafirmado nuestro compromiso con una economía abierta y no discriminatoria. Hay países que efectivamente limitan la inversión extranjera en ciertas áreas. En todo caso, prestamos atención a las regulaciones y razones que adoptan otros países en la materia. Por último, Chile cuenta con una institucionalidad para asegurar la libre competencia”.

Al exembajador de Chile en China entre 2014 y 2017, Jorge Heine, le parece curiosa la “súbita preocupación por la propiedad de la infraestructura energética”. Dice: “El sector eléctrico en Chile fue originalmente desarrollado en gran parte por el Estado chileno. Fue privatizado durante el gobierno militar y luego esos mismos privados vendieron las empresas al extranjero, haciendo pingües ganancias. Cuando eso ocurrió nadie objetó ni invocó su carácter estratégico, sino que fue aplaudido a rabiar. Ahora que empresas chinas invierten en el sector, surge una extraña preocupación”.

La embajada china, cuya cabeza Xu Bu, dejó la legación en Santiago, respondió a PULSO Domingo por todos estos asuntos de manera escueta y general, recordando que son el mayor mercado de exportación de Chile y, durante 10 años consecutivos, el principal origen de las importaciones chilenas. “La cooperación en inversiones forma parte importante de la cooperación económica y comercial China-Chile. El nivel de desarrollo económico de Chile es alto entre los países latinoamericanos, y su mercado es maduro, estable y con un alto grado de apertura, por eso se ha convertido en un destino importante para las inversiones de las empresas chinas en América Latina”, respondió la embajada china en Santiago.

SGIDL, la probable futura dueña de CGE, es parte de la empresa estatal china State Grid Corporation of China, firma que ya tiene participación indirecta en Chile en Transemel y Electrogas. Además de SGIDL, otras empresas estatales chinas tienen participaciones directas o indirectas en otras compañías eléctricas chilenas, tales como Transelec o Pacific Hydro (ver infografía). En otros sectores, como en la infraestructura, hay otras estatales del gigante asiático presentes en Chile, como China Railway Construction Corp. Limited y China Communications Construction Company Limited.

Las empresas estatales chinas están controladas por un mismo ente, la Comisión de Administración y Supervisión de Activos de Propiedad del Estado (SASAC, en sus siglas en inglés), una entidad de rango ministerial de la República Popular China y subordinada al Consejo de Estado. Tiene facultades de supervisión y administración sobre sus empresas, con excepción de las firmas financieras, como bancos.

Cada cinco años, el SASAC traza sus planes de desarrollo estratégico y decide en qué áreas y mercados van a invertir con el fin de lograr abastecimiento de insumos y servicios al país, además de buscar buenos negocios desde el punto de vista financiero y de influencia que pueda ejercer China.

El SASAC controla 96 empresas estatales constituidas en China (SOE, por sus siglas en inglés, State-Owned Enterprises) en industrias clave, tales como la minería, energía, telecomunicaciones, transporte, infraestructura o la agroindustria.

En el informe realizado por la FNE sobre la adquisición de Chilquinta, el comprador afirmó que SASAC no interfería en las operaciones cotidianas de State Grid, sino que tendría un rol de inversionista pasivo y que la firma gozaría de plena independencia. Pese a ello, SASAC tiene atribuciones para nombrar a ejecutivos principales de las empresas que controla.

Muchas de las entidades estatales se han privatizado en los últimos años, generando las empresas conocidas como “red chips”, a través de aperturas en bolsa en alguna jurisdicción afín, como Hong Kong o Singapur, para recaudar fondos para sus expansiones globales. Pese a ello, siguen manteniendo un control político del Estado, que se puede dar de manera directa o indirecta y es cristalizado generalmente en pactos de accionistas cerrados, donde hay distintas series de acciones.

Legend Holdings Corporation, controladora de la reconocida tecnológica china Lenovo, es una red chip que en 2019 sorprendió al comprar la salmonera chilena Australis por casi US$ 1.000 millones.

Mauricio Benítez, líder de Chile-China Country Desk de BDO y quien ha asesorado a varias compañías provenientes de ese país, dice que, aunque existen empresas chinas privadas como Alibaba, Tencent o Mobike, “para funcionar, necesitan alguna relación con el Partido Comunista chino, porque siempre se necesita alguna autorización gubernamental para funcionar o el Estado va a requerir servicios de estas empresas privadas. Siempre de alguna forma habrá alguna relación con el Estado, aunque no esté por escrito o China no esté en la propiedad”. Felipe Irarrázabal lanza, sobre lo mismo, una interrogante: “Uno podría preguntarse hasta qué punto el Estado chino ejerce influencia decisiva en cada una de las empresas privadas de capitales chinos”.

Esa especial relación del régimen político chino con sus empresas, públicas y privadas, hace una distinción sustancial con los inversores de otros países. El periodista Richard McGregor la denomina China Inc. Un especialista chileno lo define así: “China es una sola gran empresa. Es un gran monopolio”. Lo recuerdan, a propósito del ingreso de Tianqi, hace dos años, a la propiedad de SQM. Era una empresa privada, pero su embajador Xu Bu hizo sentir el peso del Estado chino en el hombro de autoridades y reguladores.

Como sea, la opción de restringir los pasos del gigante asiático en Chile no es fácil. Lo saben todos. El peso de China en la economía mundial, y chilena, hace imposible limitar sus acciones sin exponerse a represalias. El tema, así, no es de libre competencia. Es otro. Es geopolítico. “Es una nueva economía imperial, que esta vez no está dominada por el mundo anglosajón”, dice en privado una exautoridad chilena que, por lo mismo, prefiere no ser identificada.