La PGU incorporó a 135 mil personas en 2024 y sus beneficiarios totales ya superan los 2 millones
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Si bien en la práctica el 90% de la población puede acceder a la PGU, lo cierto es que al cierre del año pasado la Pensión Garantizada Universal y el APS de vejez llegaba a cerca del 82% de los mayores de 65 años, esto es un total de 2.275.127 personas.
El 1 de febrero recién pasado se cumplieron tres años desde que empezó a operar en el país la Pensión Garantizada Universal (PGU), que desde inicios de 2022 reemplazó los beneficios de vejez del Pilar Solidario (Pensión Básica Solidaria y Aporte Previsional Solidario), y que, a diferencia de estos últimos, no exige como requisito el haberse pensionado para poder acceder.
Según cifras que consolida la Superintendencia de Pensiones en su sitio web, los beneficiarios del Pilar Solidario y de la PGU aumentaron desde las 2.437.259 personas que se registraban al cierre de 2023, a las 2.575.633 de fines del año pasado. Esto significa que el número de personas beneficiadas subió en 138.374 en doce meses, un alza de 5,7% interanual.
Pero ese total incluye la PGU, el Aporte Previsional Solidario (APS) de vejez con el que se quedaron algunas personas a las que le convenía más que la PGU, la Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI) y el APS de Invalidez.
Por su parte, el monto que desembolsó el Estado para pagar tales beneficios subió 11% en 2024 en comparación al año anterior, desde $5.738.085 millones, a $6.376.416 millones. De acuerdo a ello, el monto mensual promedio pagado aumentó desde $478.173 millones a $531.368 millones. Y diciembre de 2024, que fue el mes con más beneficiarios, fue también el mes con el mayor monto pagado: $545.771 millones.
Pensión Garantizada Universal
Al analizar las personas que accedieron al Pilar Solidario y a la PGU en 2024, se obtiene que un 82% correspondió únicamente a beneficiarios de la PGU, quienes totalizaron 2.115.774 al cierre del año pasado, lo que constituye un incremento de 6,8% interanual, incorporándose 135.076 personas al grupo que recibe este beneficio.
Lo anterior significa, además, que 2024 marcó dos hitos: por primera vez más de 2 millones de personas recibieron la PGU, dado que en 2023 le llegaba a 1.980.698 adultos mayores. Y adicionalmente, por primera vez más de 2,5 millones personas reciben pensiones solidarias (incluyendo PGU, pensiones de invalidez y APS de vejez), dado que en 2023 eran 2,4 millones. Es más, esa cifra al cierre del año pasado ya estaba más cerca de los 2,6 millones de beneficiarios.
La PGU se desagrega, a su vez, en dos subgrupos. Por un lado, quienes reciben PGU no contributiva de vejez, que subieron en 123.872 personas, llegando a 594.818 pensionados. Se trata de aquella pensión que obtienen las personas sin ahorros propios, por lo que se le entrega la PGU completa del Estado (hoy es de $224.004 mensuales).
Por otro lado, está la PGU contributiva, donde los beneficiarios aumentaron en 11.204 personas, sumando 1.520.956 pensionados. La PGU contributiva corresponde a la de aquellas personas que sí estaban afiliadas a un sistema previsional o que tienen una pensión de sobrevivencia, por lo que en algunos casos recibirán la PGU completa, y en otros casos una parte de ella, según corresponda. Así, perciben este beneficio fiscal más su pensión autofinanciada.
No llega al 90%
En 2009 el Pilar Solidario permitía que accedieran a este beneficio el 40% de menores ingresos de la población total del país, lo que fue creciendo gradualmente, hasta llegar a un 60% de población total del país en 2011. Luego, con la introducción de la PGU, desde 2022 se permitió acceder a una pensión solidaria al 90% de la población de 65 años o más. Eso cambió en 2023, y para que pudieran acceder más personas a este beneficio, se permitió acceder a la PGU al 90% de la población total del país.
Si bien en la práctica el 90% de la población puede acceder a la PGU, lo cierto es que al cierre del año pasado la PGU y el APS de vejez llegaba a cerca del 82% de los mayores de 65 años (2.275.127 personas), considerando que el INE proyecta para este año una población de 2.769.187 personas de 65 años o más. Esto ocurre porque uno de los requisitos para acceder a este beneficio es no pertenecer al 10% de más ingresos de la población, pero esa no es la única condición para obtenerlo, también hay otras.
En todo caso, a julio de 2024 se registraban 59.431 potenciales beneficiarios de la PGU que no la habían solicitado pese a que cumplirían con los requisitos, según los registros de la Superintendencia de Pensiones. Esta cifra ha venido bajando en comparación a los 72.087 potenciales beneficiarios que había en julio de 2023, o las 103.153 personas que figuraban de esa manera en julio de 2022. Falta aún conocer la cifra del cierre del año pasado.
El incremento que viene
A partir del 1 de febrero de este año comenzó a regir un nuevo valor para la PGU, subiendo a $224.004 mensuales, desde el monto anterior de $214.296, según la variación experimentada por el IPC en 2024.
Así, este beneficio no contributivo actualmente consiste en un pago máximo de $224.004 para aquellas personas con pensión base menor o igual a $762.822 mensuales. El monto pagado va disminuyendo, conforme la pensión base aumenta entre un valor mayor a $762.823 y menor a $1.210.828. Quienes acceden deben acreditar residencia en Chile por un tiempo no inferior 20 años continuos o discontinuos.
En tanto, la reforma de pensiones que aprobó el Congreso justo al término de enero recién pasado propone un aumento de la PGU desde $224.004 a $250 mil. Este incremento se concretará en tres etapas que se completan en un plazo de 30 meses desde publicada la ley.
La gradualidad para subir el monto de la PGU partirá desde el sexto mes de publicada la ley, para los mayores de 82 años en primer lugar. Como se espera que la ley se publique en marzo, eso significaría que ellos empezarían a recibir este incremento desde agosto.
Luego de 18 meses de publicada la ley (12 meses posteriores al inicio de la transición), aplicará para aquellas personas que sean mayores de 75 años. Y a partir de los 30 meses de publicada la ley (24 meses desde el inicio de la transición), se incorpora a todo el resto de los beneficiarios, es decir, los mayores de 65 años.
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