A través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) el jueves, La Polar había anunciado que llegó a un acuerdo con AFP Capital para el eventual pago de indemnizaciones en el marco de la demanda de la administradora de fondos por el caso de repactaciones unilaterales de 2011.
Mediante un comunicado, el retailer informó que el acuerdo contempla que el monto final a pagar será determinado judicialmente por el Tribunal. No obstante, establece un pago inicial de $500 millones a más tardar el 30 de diciembre de 2022 el cual, una vez realizado, establece que AFP Capital debe obtener el alzamiento del embargo decretado a las oficinas, bodegas, estacionamientos y bienes muebles del Edificio de Santa Clara 207 en Huechuraba, marcas comerciales y algunas cuentas corrientes que son propiedad de la sociedad.
Al respecto, el vicepresidente del directorio de Empresas La Polar, Manuel Vial Claro, recalcó que “el acuerdo con AFP Capital nos da la sostenibilidad financiera para proyectarnos al futuro, siendo una muy buena noticia para la compañía, que beneficia y da tranquilidad a nuestros más de 4.500 colaboradores y sus familias, proveedores y al mercado en general”.
“Si bien se trata de una causa judicial que corresponde a la administración anterior de la compañía, hicimos todos los esfuerzos posibles para lograr un acuerdo satisfactorio para todas las partes, velando por la estabilidad de la compañía”, agregó Vial.
A mediados de octubre de 2022, el 13 Juzgado Civil de Santiago había autorizado el embargo de locales y marcas de la multitienda por la demanda de AFP Capital, pero, en ese entonces, los abogados de La Polar presentaron un recurso para paralizar el embargo ya que habían objetado la cifra a pagar a la AFP. Luego de la determinación del Tribunal, La Polar presentó una serie de recursos judiciales en contra del procedimiento como de la liquidación del crédito.
Sumado a lo anterior, La Polar también se enfrenta a una serie de acusaciones por parte de diversas marcas (Under Armour, Adidas, Columbia, entre otras) de comercialización de prendas falsificadas. A las marcas se sumó además una denuncia por contrabando emitida por Aduanas y una demanda colectiva interpuesta por el Sernac.
