Política del litio incluye “la entrada del Estado como actor productivo en el salar de Atacama”

La noche de este jueves, el gobierno anunció por medio de una cadena nacional la esperada política nacional del litio. Uno de sus ejes claves será la participación del Estado en la producción del mineral considerado como estratégico en el país.

En una minuta que fue difundida entre parlamentarios del oficialismo se detalló que se ingresará un proyecto de ley para la creación de la Empresa Nacional del Litio, en una fecha aún por definir. A ello se suma la creación del Instituto Público del Litio y Nuevas Tecnologías, que verá la luz durante el segundo semestre 2023.

Asimismo, habrá una estrategia para la entrada del Estado como actor productivo en el salar de Atacama, considerado como la joya de la corona para el litio chileno. El informe del Comisión del Litio de 2015 -que entre otras cosas, recomendaba crear una empresa estatal con un rol “controlador en todos los proyectos de explotación de salares que se desarrollen en el país”-, lo calificaba como “el yacimiento más importante de litio a nivel mundial”.

Allí operan dos compañías: la chilena SQM y la estadounidense Albemarle. Cualquier operación requerirá abrir una negociación sobre los contratos de arrendamiento cada una que tiene con Corfo, la dueña de las pertenencias mineras sobre el yacimiento a nombre del Fisco. Dichos arrendamintos se traducen en las superficies del salar que cada uno opera. Albemarle arrienda 16 mil hectáreas, cifra que equivale al 20% de lo que tiene SQM: 81 mil hectáreas.

Pero para negociar, las empresas tienen incentivos distintos. A SQM se le acaba su contrato en 2030. Al día de hoy, tiene autorizada una cuota de extracción de salmuera por 1.700 litros por segundo. Tras ver incrementada su cuota, como resultado de la renegociación con Eduardo Bitrán en diciembre de 2017, SQM puede producir el equuivalente a 216 mil toneladas métricas anuales. En 2022, vendió 157 mil y su capacidad subió a 180 mil para 2023, y espera llegar a 210 mil en 2024

Sin embargo, el contrato de SQM con el Fisco dice las pertenencias que arrienda se deben relicitar a más tardar en 2027.

En tanto, el contrato de su competidora se extiende hasta 2043, pero su cuota es considerablemente menor, de 442 litros.

La estrategia contemplada para que el Estado ingrese al salar de Atacama, según la minuta, se implementa el 2023 y opera a contar del 2024.

También se implementará un mecanismo para exploración y catastro de recursos de salares diferentes del salar de Atacama. En Chile, existen cerca de 45 salares y otras 18 lagunas salinas. Después del salar de Atacama, el de Maricunga es el que le sigue en interés. Allí, Codelco tiene la mayor cantidad de pertenencias. De las 14 mil hectáreas del salar, el 18% es de la minera estatal, cerca de 2.500 hectáreas. Salar Blanco le sigue con 2.541 hectáreas, concentradas en la zona norte del salar, pero solo 1.125 hectáreas son previas a 1979, año en que se o creó la Comisión Chilena de Energía Nuclear (Cchen), dejando las pertenncias previas a esa fecha como las únicas consideradas para explotar litio.

Otro eje que se anunciará será que habrá un proceso participativo, a nivel nacional y con las comunidades locales y la creación del Comité Corfo de desarrollo productivo de Litio y Salares, en el tercer trimestre de 2023.

Según se desprende de esta política es que el inicio del proceso para ingresar como país a la iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), será durante el primer semestre de 2023, para asegurar la mayor transparencia y probidad en todas las industrias extractivas, incluyendo minería del litio. Cumpliendo, además, los máximos estándares internacionales.

Se detalla que en esta estrategia, jugarán un rol inicial Codelco y Enami como representantes del Estado. “La creación de la Empresa Nacional del Litio articulará los esfuerzos futuros de acción público-privada, aumentando la producción nacional, atrayendo a nuevos actores y expandiendo la industria a través de iniciativas conjuntas”, dice la minuta. Esto permitirá, por ejemplo, “mayor producción sostenible en el salar de Atacama y nuevos proyectos en otros salares del país”, indica la minuta.

Se destaca que la colaboración público-privada es la forma de aprovechar “esta oportunidad histórica”. En concreto, “el Estado pondrá visión estratégica de largo plazo en todo el ciclo productivo, desde la exploración hasta la agregación de valor, además de regulaciones claras para asegurar la sostenibilidad y la reinversión en el desarrollo del país. Por su parte, los privados aportarán capital, innovación tecnológica y redes en el mercado”.

El documento menciona que “el Estado tiene un rol relevante cuando se trata de recursos estratégicos. por ello, la participación del Estado permite promover de mejor manera los objetivos fiscales, productivos, medioambientales, tecnológicos y productivos en esta industria”. Por ello, se destaca que “esta participación es una forma de lograr que en el desarrollo del litio primen los intereses y el bienestar de toda nuestra sociedad”.

El gobierno espera que “los privados pueden aportar con conocimiento, capital y el desarrollo de nuevas tecnologías que son indispensables para que podamos producir más litio y agregar más valor”.

Asimismo, se menciona que “el objetivo de esta Estrategia Nacional es aumentar las riquezas para el país, desarrollando una industria clave como paso fundamental para vincular el desarrollo económico de Chile con el cambio hacia una economía verde a nivel global”.

Se menciona que “la búsqueda de socios estratégicos para el desarrollo de nuevos proyectos de litio se realizará mediante un proceso público y transparente, con reglas claras que entreguen la certeza jurídica que este tipo de iniciativas requiere. Apuntamos a ser protagonistas a nivel internacional, consolidando a Chile como un socio estratégico para el desarrollo de proyectos de producción y agregación de valor de litio”.

El mensaje que se envía a los parlamentarios es que “el corazón de la estrategia es la articulación público-privada”. Por ello, se debe “sacar el máximo provecho a esta oportunidad que tenemos como país requiere de un rol más protagónico del Estado y también de la participación de privados”.

Se buscará una mayor competencia y diversificación de actores. “Hoy sólo dos empresas producen en un solo salar (aalar de Atacama), apostamos por aumentar la cantidad de actores en ese salar, e incentivar el catastro de recursos en los demás salares para, posteriormente, fomentar la explotación mixta (público-privada) de los mismos”.

El documento agrega que “esta estrategia es una buena noticia para el país”. Sin embargo, es necesario ser responsables con las finanzas públicas. Por ello, se puntualiza que “siguiendo las recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo, se generará una regla que defina un umbral de gasto para los ingresos del litio. De este modo, la parte transitoria de los ingresos por litio se ahorrarán para asegurar el financiamiento de largo plazo de inversiones sociales, tecnológicas y productivas, promoviendo el desarrollo sostenible e inclusivo del país en el tiempo”.

Con esta política, el gobierno espera “enfrentar el desafío de esta manera nos presenta la oportunidad de superar un modelo que solo se basa en el aprovechamiento de rentas de extracción y comercialización del litio. Queremos avanzar hacia la instalación de una economía del conocimiento, con innovación permanente, que aproveche el boom del litio para instalar capacidades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica que generen nuevos negocios en torno a este recurso”.