El acuerdo entre el gobierno y la oposición por la reforma tributaria está pronto a concretarse y, con ello, se destrabaría la discusión que ya cumple más de seis meses en el Congreso.

De manera paralela a esta propuesta, Evópoli le entregó un documento al ministro de Hacienda, Felipe Larraín, denominada "Reforma Tributaria Verde", la cual busca duplicar el impuesto a las emisoras de carbono y llevar a Chile al estándar internacional de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).

De acuerdo al documento, según datos internacionales de la Ocde se advierte que Chile tiene uno de los más bajos ingresos por impuestos pertenecientes al cobro del sector medioambiental, pues representó en el 2014 el 1,2% del PIB. A su vez, el promedio de la Ocde es de 2,2%. Esto lo explicaría un bajo gravamen -en comparación con los países miembros de esta organización- aplicados a los combustibles fósiles. Por lo cual, puede concluirse que también hay espacios para incrementar dicho aporte por medio de los "impuestos verdes".

En el ámbito internacional, los países que presentan mayor tasa impositiva son Suecia (US$ 139), Suiza (US$ 101) y Finlandia (US$ 77), lo que convierte al impuesto establecido en Chile en uno de los más bajos del mundo, junto a Japón y México.

De acuerdo a la propuesta y citando estudios recientes, concluyen que si se mantiene el cargo de cinco dólares por tonelada, solo se reducirían las emisiones de CO2 en 1,32% y, por lo tanto, es inminente aumentar el valor del impuesto, ya que de mantener los cinco dólares no se logrará el objetivo internacional pactado.

Con estos antecedentes la iniciativa de Evópoli comprobó que gravámenes específicos al carbono logran reducciones importantes de las emisiones de CO2 y, con ello, defender el principio "quien contamina paga". En otras palabras, aseguran, no es un castigo a quienes más generan ingresos, sino que es un cobro justo a quienes más contaminan.

La principal medida propone aumentar gradualmente el impuesto al CO2 a todos los establecimientos industriales productores de emisiones de dióxido de carbono desde fuentes fijas, sin importar la potencia de megavatios que generen, hasta converger a la media de la práctica internacional. Esto se realizaría incrementando cinco dólares anuales por tonelada de CO2 hasta alcanzar un cargo de 30 dólares, que sería la media de los impuestos aplicados en el mundo.

¿Cuánto se recaudaría?

Según la estimación realizada por Evópoli, se obtuvo que la recaudación fiscal proveniente por concepto del cobro de cinco dólares por tonelada de este componente a las emisiones de fuentes fijas estaría en torno a los US$ 250 millones. Sin embargo, estableciendo el aumento de US$ 10 para el siguiente año -suponiendo una variación lineal-, los ingresos recaudados serían US$ 500 millones aproximadamente. Y si se logra cumplir con el régimen tributario propuesto, que implica llegar al cobro de los US$ 30 por tonelada de CO2, la cifra total recaudada estaría cercana a los US$ 1.500 millones.

"Es necesario resaltar que, a pesar de que la presente propuesta no considera ampliar el gravamen evaluado hacia los actores generadores de emisiones de carbono provenientes de fuentes móviles, se deja precisado que -eventualmente- una discusión sobre la posible extensión de dicho gravamen debe valorarse para robustecer los principios tributarios y los propósitos que acompañan las ideas rectoras proambientales contenidas en la iniciativa", apunta el documento.

El senador de Evópoli Felipe Kast sostuvo que "esta idea puede ser una buena opción para compensar la menor recaudación que tendrá el gobierno por la integración del sistema impositivo". Asimismo, el legislador acotó que "con la propuesta no solo recaudamos, sino que incentivamos a una generación eléctrica más limpia, para que vayamos dejando atrás el carbón en nuestra matriz energética".

Impuestos a la emisión de carbono en Chile y en el mundo

En septiembre del año 2015, nuestro país se comprometió en disminuir en un 30% las emisiones de carbono para el año 2030, y fue ratificado en el marco del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. Para este propósito se han diseñado medidas, en las cuales destaca el "Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2017-2022", "Plan de Mitigación del Cambio Climático", "Plan Nacional de Política Energética 2050", "Planes de Descontaminación Atmosférica. Estrategia 2014-2018" y la "Estrategia Nacional de Crecimiento Verde".

Como resultado de distintas acciones, se decidió incorporar un impuesto al carbono a partir del año 2017. El nuevo impuesto que grava las emisiones de CO2 fue establecido con la finalidad de encarecer su uso y reducir las emisiones del mismo. Para ello, se decretó un cargo de cinco dólares por cada tonelada de CO2 hacia aquellos establecimientos industriales generadores de emisiones desde fuentes fijas y que sumen -individual o en conjunto- una potencia de 50 megavatios térmicos o más.