El tercer intento de reforma al sistema de pensiones en la última década entra al salón de las definiciones. Luego de la prolongada inactividad legislativa del proyecto enviado por el Presidente Boric en noviembre de 2022, el mundo político buscará cerrar en los próximos dos meses un acuerdo que haga viable un profundo cambio al sistema de pensiones chileno y así dejar atrás los frustrados intentos de reforma de los gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.

“El diseño político que nos planteamos en el gobierno es sentar las bases de un acuerdo en materia previsional con los empresarios y el mundo político en los próximos dos meses. A medida que nos acerquemos más al plebiscito constitucional de diciembre, el ambiente político se va a polarizar. Si no logramos consensos en este periodo previo, ya no habrá reforma de pensiones durante este gobierno”, admite una autoridad oficialista.

La reforma de pensiones enviada por Boric contempla un cambio radical a la base del actual sistema creado hace más de 40 años. Junto con aumentar en 6 puntos la cotización previsional (hoy en 10%), crear cuentas nocionales e inyectar dosis de reparto y de solidaridad intergeneracional e intrageneracional, el proyecto separa la estructura de funcionamiento del sistema e incorpora al Estado como eje principal: crea un Administrador de Pensiones Autónomo (APA), que gestiona las cuentas de los afiliados, y asigna al Inversor de Pensiones Público y Autónomo (IPPA) la responsabilidad exclusiva de la gestión financiera del 6% del aporte de los empleadores. El actual 10% de cotización mantiene la capitalización individual y la posibilidad de que privados puedan invertir los recursos. “Las AFP, en esta reforma, se terminan”, sentenció Boric al anunciar el proyecto el año pasado.

“Quiero llamar, en particular a la CUT y a la CPC, a que en los próximos días podamos confluir en el acuerdo tripartito que sea el motor sobre el cual nuestro Congreso pueda encontrar una base de apoyo más transversal para sacar adelante una reforma de las pensiones que lleva 10 años pendiente”, afirmó esta semana la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, quien lidera las negociaciones junto al ministro de Hacienda, Mario Marcel.

“La reforma previsional tiene una gran oportunidad. Debemos sacar las lecciones correctas de la negociación del proyecto de 40 horas, royalty e ingreso mínimo. Hay que conversar, dialogar, ponerse de acuerdo, encontrarse a mitad de camino”, afirma el senador PPD y presidente de la Comisión de Hacienda, Ricardo Lagos Weber.

En el gobierno trabajan desde hace varias semanas en un rediseño completo de la actual reforma de pensiones aprobada en general por la Comisión de Trabajo de la Cámara y que ha sido cuestionada duramente por la oposición, cuya mayoría en el Congreso obligará al oficialismo a ceder en temas clave.

En el seno oficialista están conscientes de que los cambios para lograr el consenso deben ser radicales. Tal como lo ha deslizado el propio subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, las llamadas cuentas nocionales (anotación virtual de las cotizaciones de cada trabajador) no están en el rediseño del proyecto y se incorpora capitalización (individual o colectiva) al 6% extra de aporte.

“En ese 6% además se deben incorporar algunos puntos de reparto también, pero no vamos a renunciar a que toda la cotización extra sea en base a una lógica de seguro social. Podemos aceptar la existencia de capitalización individual, pero tiene que haber mecanismos redistributivos”, explica una alta autoridad de gobierno.

La propia ministra Jeannette Jara ha puesto como “línea roja” que una parte del 6% extra permita subir las pensiones inmediatamente para los jubilados con menores ingresos (solidaridad intergeneracional). “Si el proyecto es para subir pensiones, al país no le basta con subirlas en 40 años más”, dijo la semana pasada en entrevista con Pulso.

El superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, fue más allá esta semana. “La alternativa distinta es que un porcentaje de la mayor cotización a cargo de los empleadores vaya a las cuentas individuales con una transferencia intrageneracional y otro porcentaje vaya a financiar los mismos beneficios que se plantean hoy en día”, afirmó a El Mercurio.

Pero el rediseño de gobierno también contempla cambios en la separación de la industria y en el peso del Estado en los distintos niveles que contiene. Si bien el proyecto de gobierno contemplaba que el Administrador de Pensiones Autónomo (APA) debía encargarse de la afiliación y gestión de las cuentas, el oficialismo se abre a que ese trabajo sea licitado a privados, tal como ocurre hoy con la administración del seguro de cesantía, y que ha tenido buenos resultados desde la mirada técnica. “El APA es sólo una cáscara o plataforma informática, una ventana de servicios previsionales que se puede mantener y, a partir de ahí, hacer licitaciones a privados”, asegura un negociador del gobierno.

Pero las concesiones a la oposición para alcanzar un acuerdo también pasan por inyectar más competencia en los gestores de inversión y establecer, por ejemplo, otros criterios de licitación para los nuevos afiliados que en el proyecto original son asignados automáticamente al ente estatal IPPA.

“Hay un imperativo ético y político en llegar a un acuerdo. La pregunta es si existirá el suficiente liderazgo por parte del gobierno y la oposición para poder calmar a sus barras bravas. A medida que se van acumulando fracasos -ya llevamos dos sobre la mesa- cada vez es más caro otro intento fallido. Nadie va a querer acarrear con ser responsable de un tercer fracaso”, afirma el académico de la Universidad de Chile y exsuperintendente de Pensiones, Guillermo Larraín, quien cree que el 6% de cotización extra debe incorporar en su mayor parte capitalización individual y, en menor grado, una cuota de reparto. “Debe contener también criterios de seguridad social y solidaridad”, añade.

Mientras la propuesta de Bachelet de 2017 consideraba un alza de cinco puntos de cotización -y destinaba tres puntos a cuentas individuales y dos a ahorro colectivo-, la reforma de Piñera de 2020 proponía un alza de seis puntos: la mitad a cuentas personales y la otra mitad a un fondo de ahorro solidario.

Si bien el escenario para lograr un acuerdo esta vez es incierto, muchos ven entre líneas algunas señales que despiertan un moderado optimismo. Fuentes oficialistas confidencian que el gobierno ha estado negociando la reforma previsional con empresarios y con los dueños extranjeros de algunas AFP presentes en Chile desde antes de las elecciones de consejeros constituyentes.

Claves en estas conversaciones han sido el presidente y la vicepresidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes y Susana Jiménez, respectivamente. Juan Sutil, extimonel de la CPC, también se ha sumado a las conversaciones.

“Los acuerdos que llevamos con los empresarios van a ser la base para el consenso con los parlamentarios”, añade una fuente de gobierno. La estrategia del oficialismo apunta a iniciar conversaciones formales con los partidos de Chile Vamos tras la semana distrital que comienza este lunes.

Sin embargo, la negociación con la oposición camina sobre camino pedregoso, especialmente luego de la fuerte derrota del gobierno y el triunfo de Republicanos en las elecciones de consejeros constituyentes.

Para el diputado UDI Guillermo Ramírez, el Presidente Boric tiene una oportunidad histórica para avanzar en un acuerdo si se abre a hacer cambios fuertes al proyecto original.

“El proyecto es maximalista y va en contra de lo que la gente quiere. Si el gobierno no rehace esta iniciativa, las posibilidades de llegar a un acuerdo son iguales a cero. El Presidente Boric tiene una oportunidad allí donde Piñera y Bachelet fracasaron, porque esta oposición sí quiere llegar a un acuerdo. Entendemos que el tema de las pensiones es algo urgente”, afirma.

El parlamentario UDI sostiene que hay señales contradictorias por parte del oficialismo debido a la falta de consenso entre las distintas “almas” del gobierno sobre cómo avanzar en materia previsional.

“Al interior del gobierno el gallito es feroz. La verdadera oposición la tienen dentro del propio gobierno. Ellos no están disponibles a votar un sistema de pensiones teniendo su coalición dividida”, complementa Ramírez, quien coincide en el valor de licitar a privados la administración de cuentas y integrar mayor competencia y libertad de elección en los gestores de inversión.

Incluso, se desmarca sobre el formato en que se materialice la presencia de las AFP en este proyecto. “No tenemos ningún apego especial por las AFP. Lo que nos interesa es la capitalización individual. Vamos a tener propuestas para aumentar hasta el infinito la competencia y las AFP no sé si van a estar tan contentas”, añade.

Sin embargo, en Republicanos las posibilidades de consenso se alejan. El diputado Benjamín Moreno dice que el gobierno no se ha sentado a conversar con el partido y que la actual reforma tiene una fuerte base ideológica. “Soy partidario de no abrirle la puerta a un reparto encubierto. La cotización (del 6% extra) tiene que ir 100% a la cuenta de los trabajadores, la ciudadanía se dio cuenta que es su plata”, sostiene Moreno.

Con todo, el senador de Renovación Nacional (RN) Rodrigo Galilea dice que el gobierno ha dado señales de buscar un acuerdo con la oposición y reconoce que los nudos apuntan a cómo se va a materializar la separación de las funciones de la industria y el financiamiento de la solidaridad intergeneracional.

“Abandonando las cuentas nocionales, el sistema debiera en lo básico ser de capitalización, con ciertos grados de solidaridad dentro del marco de lo razonable y conveniente para los cotizantes y el mercado laboral. Las dificultades mayores para negociación están en la eventual división de la industria y de cómo financiar esta solidaridad intergeneracional durante 40 años. Este debiese ser financiado con rentas generales”, admite el parlamentario RN.

De todas formas, el senador cree que es posible que el mundo político se allane a un acuerdo esta vez. “Al tema previsional hay que encontrarle una solución, un diseño y un mecanismo. Junto con ser eficiente, beneficioso y sustentable para los cotizantes, debe tener validación política y social. Ese es un desafío ineludible y espero que en plazo no tan largo podamos llegar a algún tipo de acuerdo”, concluye Galilea.