La Sofofa delinea su propuesta tributaria para un plan de recuperación económica

La Sociedad de Fomento Fabril elaboró a fines del año pasado decálogos que ahora tradujo a medidas y propuestas específicas. Son dos programas para un año como este, en el que Chile intenta salir de una pandemia y una crisis económica de proporciones y en el que se decide el futuro de una nueva Constitución. Y en ambas cosas, la Sofofa que dirige Bernardo Larraín hasta el 26 de mayo -cuando se elige su sucesor- tiene opiniones.

El documento de la Sofofa condensa el trabajo que ha realizado su comité de políticas públicas en una lista de 61 propuestas de recuperación económicas y 37 contenidos constitucionales. En esta última, además de las libertades de emprendimiento y el derecho de propiedad que listaban en los primeros lugares de su decálogo, han incorporado cuestiones menos tradicionales en una agenda empresarial: el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y la protección del medio ambiente.

Bernardo Larraín cree que esta agenda probablemente traspase su mandato, en cuyo mando será reemplazado casi con seguridad por Richard Von Appen, presidente de Ultramar, a fin de mes. “La acción de Sofofa en el debate de políticas públicas debe ser permanente y sistemática. Este documento no es una palabra final. Seguirá evolucionando y cada directiva, tomando la posta de la anterior, podrá imprimirle su sello y prioridades”.

La lista de 61 propuestas sobre recuperación económica incluye un capítulo sobre, según define el gremio, un sistema tributario que equilibre progresividad, recaudación e incentivos a la inversión.

Entre esas propuestas, la_Sofofa propone eliminar exenciones “que responden a privilegios tributarios para algunos, que son regresivas e injustas” y que perdieron su sentido o justificación original, dice el documento gremial, que además propugna una mejora sustancial en la eficiencia del gasto público. El secretario general de la Sofofa, Rafael Palacios, dice que en esa categoría entran la renta presunta; la asimetría en el impuesto específico a los combustibles o la exención de IVA a ciertos servicios. Sin embargo, propone una transición con apoyo a aquellas pymes transportistas que se verían afectadas.

Otro punto es revisar al alza la tasa de impuestos personales de los tramos medianos y altos. “Es necesario profundizar el criterio de justicia que establece que quienes tengan más ingresos tributen más”, dice el documento. Hoy, la tasa marginal máxima es del 40% para rentas sobre $ 16 millones líquidos mensuales; seguida por una tasa del 35% para rentas de $ 6 millones a $ 16 millones, con una tasa efectiva del 27%, según Impuestos Internos (SII). “Lo que proponemos es poner en el debate no sólo la tasa marginal de impuesto a las personas (que en su actual nivel es similar a la tasa de los países de la OCDE), sino que las tasas de los tramos medios y altos del décimo decil de ingresos más altos. Y en los tramos bajos, un impuesto negativo o devolución que es un ingreso para quienes más lo requieren”, detalla Larraín.

La Sofofa cree además que hay que ampliar la base de contribuyentes para acercarse a la de la OCDE cuando tenía un nivel de desarrollo similar al de Chile. Hoy más del 80% de los contribuyentes están exentos, tramo que está bajo los $ 700 mil mensuales líquidos.

Sobre el impuesto de primera categoría, que pagan las empresas, los industriales proponen hacer converger esa tasa al promedio de los países de la OCDE. Hoy en Chile está en el 27%; el promedio de la OCDE llega al 23%, dicen en la Sofofa. “Chile puede financiar hoy el mayor gasto fiscal en apoyo a las personas y a las pymes que surja de un eventual acuerdo gobierno–Congreso. Es malo que una vez más nos apuremos con una reforma tributaria. Lo que sí le aseguro es que la mejor política recaudadora es el crecimiento”, opina el actual presidente de la Sofofa.

El plan tributario del gremio no se quedará solo en su decálogo. Su comité tributario prepara una propuesta detallada que fue solicitada por el propio ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, en una reunión realizada el 6 de abril pasado con representantes del gremio y que está detallada en la Ley de Lobby.

Cambian los dirigentes, pero no todas las banderas. El pliego de la Sofofa incluye viejas demandas gremiales en materia laboral, como el cambio en el régimen de indemnizaciones o la flexibilidad de jornadas. Y otras más nuevas. Entre ellas, un plan de subsidios que incentive el empleo local “para que la recuperación del empleo se dé en todo el territorio nacional y permita reducir el tiempo de desplazamiento de los trabajadores, lo que mejora su calidad de vida”, profundiza Susana Jiménez, vicepresidenta de Sofofa.

También establecer “un sistema alternativo de indemnización legal por término de contrato”, independientemente de la causal de término -ya sea renuncia, mutuo acuerdo o término unilateral de la empresa- y a un costo que facilite la movilidad. Desde hace años el sector privado ha pedido reformar la indemnización por despido de un sueldo por año de servicio, con tope en 11 años. Susana Jiménez responde sobre aquello: “Más que una aspiración del mundo empresarial, es un diagnóstico que han levantado muchos expertos laborales, ya que introduce rigideces que no son deseables para el trabajador. En todo caso, lo que acá se plantea es un mecanismo temporal, que impulse la contratación en este período donde aun falta recuperar casi un millón de empleos respecto del período prepandemia”.

También el gremio incluye en sus demandas ampliar la adaptabilidad para permitir jornadas mensuales de 180 horas y límites máximos diarios de 12 horas. Según la exministra de Energía, hoy directora de Soprole y Nuevo Pudahuel, la pandemia hizo patente la necesidad de una mayor flexibilidad laboral. “Un buen ejemplo es el teletrabajo, que surgió como una necesidad y que posiblemente llegó para quedarse. Eso requiere de un marco regulatorio menos rígido”, sostiene.

El plan, que propone además medidas para facilitar la aprobación de proyectos de inversión, medidas en concesiones y licitación de obras públicas e incentivos adicionales a la inversión en activos e Innovación y Desarrollo, también incorpora temas centrales en la discusión actual: las pensiones.

El gremio se muestra partidario de reforzar el pilar de capitalización individual con un aumento gradual de la cotización desde el 10% al 16%. La discusión política, sin embargo, ha dejado sin mucho piso aquella propuesta: la oposición pide que toda esa cotización adicional vaya a un fondo colectivo y el oficialismo ha propuesto destinar la mitad a solidaridad. Seis puntos a ahorro individual aparecen hoy con escasa viabilidad política.

Responde Rafael Palacios: “No dejaremos de decir los que estimamos son los componentes de una buena reforma de pensiones por su eventual inviabilidad política. La evidencia y la gran mayoría de los expertos han dicho en los últimos 15 años que se requiere aumentar la contribución al ahorro individual y, respecto del aporte solidario (o pensión universal), que es mejor financiarla con impuestos generales que con un impuesto al trabajo”.

El decálogo constitucional de la Sofofa se extendió a un conjunto de 37 propuestas de contenido. Entre ellas se consideran materias que tradicionalmente ha defendido el sector empresarial: la libertad de asociación y emprendimiento y “mantener el núcleo normativo relacionado con la propiedad privada”. A aquellos principios el gremio adosó propuestas específicas de refuerzo: por ejemplo, establecer el “principio accionable de no discriminación contra los privados, que impida al Estado valerse de sus privilegios regulatorios”. También consagrar que el agua es un bien nacional de uso público, pero preservar la opción de constituir derechos de aprovechamiento que entreguen seguridad jurídica a las actividades económicas. Y, además, mantener y fortalecer la autonomía del Banco Central, una demanda transversal entre los empresarios.

Pero también agregaron cuestiones que el decálogo lanzado el año pasado no incluía, como el “reconocimiento constitucional a los pueblos originarios, su cultura y su historia” y la incorporación del “deber del Estado de proteger el medio ambiente”.

¿Por qué incluir estos temas en una propuesta constitucional empresarial? Reponde Catalina Mertz, directora de empresas, presidenta de la Asociación de Supermercados y consejera gremial de Sofofa: “Porque las empresas no están ajenas a lo que está pasando en Chile o en el resto del mundo, en que los cambios se están acelerando y las miradas ampliando y complejizando. Son temas que muchas empresas ya vienen trabajando hace algún tiempo y Sofofa está visibilizando estas tendencias, en un contexto que además es único: hoy hay una oportunidad de proponer contenidos para una nueva Constitución”.

La Sofofa en sus propuestas ha puesto énfasis en la provisión mixta de los bienes públicos y en consagrar la libertad de elección de las personas entre prestadores, ya sean públicos o privados, de esos bienes públicos. Mertz niega que aquello sea un intento por preservar el carácter subsidiario del Estado chileno en la Constitución. “El tipo de proveedor no garantiza resultados”, dice Mertz.

El gremio también pide mantener una tradición constitucional que data de 1925: la iniciativa exclusiva legislativa en materia de gasto público, que ha sido radicada en el Presidente de la República. Aquello, complementa el abogado y consejero de Sofofa hasta abril pasado, Julio Pellegrini, no significa una adhesión a un sistema presidencialista. “Reafirmar la tradición constitucional de radicar la iniciativa del gasto público en el Presidente es esencial para asegurar la responsabilidad fiscal del presupuesto de la nación, tal como lo han concluido muchos países. Ello no es incompatible con optar por regímenes distintos del actual régimen presidencial, sin perjuicio de lo cual pensamos que tanto o más relevante que el sistema de gobierno es cómo éste dialoga con el sistema electoral. Hoy no lo está haciendo”, opina Pellegrini, quien participó en la discusión de estos contenidos en la Sofofa.

Revisa el documento completo aquí.