Le pusieron un nombre ampuloso que representaba sus ambiciones: Primus, el primero, en latín. La crearon hace casi una década y hoy son el segundo factoring no bancario del mercado. Sus socios eran el inversionista Raimundo Valenzuela Lang, controlador, con el 62% de la propiedad hasta el año pasado; el empresario Fernando Franke, con 12,18%; su ejecutivo de confianza, Eduardo Guerrero, con 9,46%, y un grupo de profesionales con los que se asociaron desde un comienzo.

Ese grupo de tres ejecutivos tenía el 16,79% de la propiedad a través de una sociedad conjunta, Inversiones ACM, que tomó la primera letra de los apellidos del trío: Francisco José Coeymans Ossandón, quien ocupó la gerencia general; Ignacio Amenábar Figueroa, la dirección comercial, y Brian Moore, la gerencia de operaciones y finanzas. Los tres asumieron sus cargos junto con la creación de la empresa, en abril de 2014. Los dos primeros habían trabajado juntos en Contémpora, la empresa financiera que controlan Gonzalo Martino y Jesús Diez. Amenábar fue jefe de Coeymans.

El negocio lo propusieron ellos a Eduardo Guerrero, quien conocía a la familia Coeymans. Guerrero, ingeniero comercial de 40 años, fue alumno y ayudante de Juan Eduardo Coeymans Avaria, quien fue profesor titular del Instituto de Economía de la Universidad Católica por 44 años. Guerrero, quien lo trató siempre de “profe”, era amigo de su hijo, Juan Eduardo Coeymans Ossandón, y así conoció a Francisco Coeymans. Con este último también tuvo relación de negocios: Coeymans había trabajado en Penta y Euroamérica.

El negocio prosperó y las cifras eran jugosas. Consiguieron financiamiento del BID, emitieron bonos en el mercado financiero en 2020 y mostraron cifras impresionantes de un negocio en expansión. La memoria de 2021, la última disponible, mostraba solo cifras ascendentes. Desde su origen, sus colocaciones se multiplicaron por 10, hasta más de US$ 270 millones, sus clientes pasaron de 242 a 1.836 y sus empleados subieron de los 44 a 192. Primus Capital, que llegó a expandirse a Perú, nunca perdió dinero en 10 años: entre 2014 y 2022 sumó ganancias por $ 52 mil millones. Feller Rate, en su último informe, de diciembre de 2022, destacaba su “sostenido avance en sus operaciones”, con un sorprendente crecimiento de 34% anual: su participación de mercado era de 18%, solo superada por Tanner en el factoring no bancario. El factoring aportó siempre más del 90% del negocio, el resto era leasing financiero y financiamiento de capital de trabajo. Las operaciones con facturas representaron el 50% del total de sus ingresos, seguidas por los cheques, con el 22%. En simple, el negocio es así: el financista adelanta a empresas el pago de cuentas por cobrar -facturas o cheques- con un descuento sobre el monto de esos documentos, el que se convierte en el margen de ganancia del prestamista.

Los buenos resultados de la compañía se reflejaban en las también buenas remuneraciones de sus ejecutivos, que compartían así el éxito de sus dueños: Francisco Coeymans Ossandón tenía un sueldo base de $ 38 millones (líquidos, en marzo, recibió $ 25 millones) e Ignacio Amenábar Figueroa, uno de $ 31 millones. Pero ahora la empresa atraviesa una crisis de proporciones. Los dueños acusan a Coeymans y Amenábar de montar un esquema defraudatorio que fue descubierto recién en marzo, que los llevó a apartar a ambos ejecutivos y a poner $ 50 mil millones en capital fresco para pagar las deudas. La guerra comenzó, pero las batallas más cruentas están por venir.

Nadie sabe exactamente cuándo ocurrieron los hechos que originaron las diferencias, pero la primera fractura de las relaciones entre los socios comenzó a mediados de 2022 y el quiebre final se fechó a fines de marzo.

Las versiones, como en todo conflicto, son enfrentadas.

Primero, la de los dueños de Primus. A mediados de 2022, dicen, los ejecutivos retiraron sin autorización del directorio $ 1.300 millones de las cuentas de Primus para saldar deudas que su sociedad común tenía con Tanner. El compromiso era restituir los dineros, pero no lo hicieron a tiempo. Ante el retraso, el gerente de finanzas y socio de ambos, Brian Moore, decidió contar a los dueños sobre el retiro. Y los accionistas principales, perdida la confianza, decidieron intervenir: Eduardo Guerrero asumió entonces como vicepresidente y se involucró más en la operación diaria. Moore hoy está distanciado de sus socios en ACM. Y Coeymans y Amenábar hasta piensan demandarlo.

La versión oficial de Coeymans y Amenábar es muy distinta. Guerrero, dicen en una demanda laboral presentada en tribunales laborales, fue designado vicepresidente ante la creciente situación de riesgo de la cartera de colocaciones de Primus, algo que había sido discutido periódicamente en sesiones de un comité de créditos que integraban directores y gerentes, quitando atribuciones a los dos ejecutivos. La demanda laboral que presentaron luego lo asegura: “El deterioro de una parte de la cartera de colocaciones era de conocimiento de los directores de Primus Capital, y de las áreas legal, de operaciones y de riesgo”. Internamente, a esa cartera mala ellos le denominaban “el globito”. En Primus lo niegan: si hubiese sido así, los exejecutivos suman otro delito, al no haberlo comunicado al mercado.

Siete meses después, en marzo de 2023, vendría la sorpresa mayor.

La sospecha inicial saltó con una factura emitida por un prestador de servicios a la minera Gaby, de Codelco. Vencido el plazo, Primus ordenó protestar la factura y cobrar el dinero. Pero había un problema: el RUT era incorrecto. Y la factura era falsa. El contralor, entonces, realizó una investigación interna. Sus resultados fueron comunicados a Raimundo Valenzuela el miércoles 28 de marzo. Al día siguiente se reunió el directorio y fueron convocados Coeymans y Amenábar. Ese día los apartaron de sus cargos y en los días siguientes dejaron sus oficinas. Guerrero fue nombrado vicepresidente ejecutivo y comenzó a ir diariamente a la oficina que ocupaba Coeymans, en el piso 10 de Apoquindo 3000. Amenábar debió retirar sus cosas acompañado de un funcionario. El viernes santo, el 7 de abril, sus correos institucionales fueron bloqueados.

El primer anuncio al mercado se fechó el 30 de marzo: Primus habló de operaciones de factoring respaldadas con cheques bancarios que “podrían no ser genuinos”, por $ 5.600 millones, y estimó que la cartera con inviabilidad de cobro equivalía al 11% de las colocaciones: otros $ 25 mil millones. Los dueños comprometieron por primera vez capital fresco.

En esa reunión, solo un director se abstuvo de la decisión de apartar a los ejecutivos: el profesor Coeymans Avaria, padre del entonces gerente general y director de Primus. Coeymans, quien también hizo clases a Valenzuela, se sumó a Primus tras dejar, en marzo de 2014, la dirección del Instituto Nacional de Estadísticas, INE.

La investigación fue intensa en esos días y los dueños acumularon sorpresas y concluyeron que no había negligencia, sino dolo. Guerrero se reunió entonces, fuera de la empresa, con Coeymans y Amenábar. “¿Qué hicieron?”, les preguntó. Los exejecutivos negaron todo, pero propusieron una salida: ceder gratis su participación en Primus a cambio de una renuncia a acciones legales. Guerrero accedió, pero con una prevención: si acreditaban delitos, irían a la justicia. Los exejecutivos quedaron de pensarlo. El 17 de abril respondieron de otra manera: Coeymans y Amenábar se autodespidieron. Y a fines de junio, presentaron una demanda de tutela laboral en los tribunales: Coeymans reclama $ 617 millones y Amenábar, $ 841 millones.

A fines de abril, el monto de los cheques falsos creció en $ 3.600 millones y Primus anunció la contratación de una auditoría forense a KPMG, y a Pedro Pablo Gutiérrez, en materia corporativa, y Francisco Velozo, en lo penal. Coeymans padre renunció al directorio antes de la reunión extraordinaria que adoptó esas decisiones. Era razonable: los dueños, que no dudan del padre, apuntaban a su hijo. Ese día ya se habló de “la existencia efectiva de un esquema destinado a defraudar a la compañía”, que involucraba a Coeymans y Amenábar. El directorio anunció que tomaría “las acciones legales que resulten procedentes”.

Tres meses después del escándalo y dos meses después de haber anunciado acciones legales, Primus aún no actúa directamente contra Coeymans y Amenábar. Pero está a punto de hacerlo. La compañía espera para ello el informe forense final de KPMG, pero la conclusión interna de los accionistas es una sola: los dos gerentes montaron un esquema defraudatorio que será denunciado en tribunales. En las pesquisas internas han conseguido correos internos y evidencia de contactos con imprentas que elaboraban cheques ficticios y hasta depósitos a plazos falsos. Por un talonario de cheques falsos el precio era de $ 15 millones, dice una persona al tanto de las indagaciones. También los dueños de Primus han conseguido testimonios de más de una decena de ejecutivos que permiten reconstruir el que, consideran, es uno de los mayores fraudes en el sistema financiero local. La contraparte ha acusado que están presionando a sus ejecutivos para inculparlos.

Valenzuela y sus socios han prometido que Primus pagará sus deudas. La firma tiene entre sus grandes acreedores a la Corporación Interamericana de Inversiones, dependiente del BID, y a un grupo de tenedores de bonos por una emisión de 830.000 UF (unos US$ 37 millones actuales) de mediados de 2020, la que vence en septiembre de 2024. A fines de junio se reunieron con los bonistas -el mayor inversor es Consorcio- y prometieron pagar todos sus compromisos.

Valenzuela, Franke y Guerrero han puesto ya $ 50 mil millones. Primero, compraron la cartera potencialmente contaminada por $ 25 mil millones y aumentaron el capital en $ 5.600 millones. A fines de mayo, sumaron otros $ 20 mil millones. Coeymans y Amenábar no suscribieron y se diluyeron: la sociedad de los exgerentes tiene ahora solo un 2,73%, mientras Valenzuela subió al 68%. Guerrero aumentó a 10,8% y en los sucesivos aumentos de capital ha aportado parte importante del patrimonio que había construido al alero de Valenzuela, casi $ 6.000 millones.

Guerrero suma 14 años trabajando con Valenzuela, quien lo reclutó del departamento de estudios de Copec cuando tenía 26 años, y lo puso a cargo de su familly office, Estrella del Sur. A Guerrero, quien fuera jefe programático de José Antonio Kast en las elecciones de 2021 e integra el directorio de Ideas Republicanas, Coeymans y Amenábar han intentado ligarlo al caso, por su responsabilidad como vicepresidente de Primus desde agosto de 2022. En su demanda laboral sostienen que “una parte importante de las operaciones respaldadas por los cheques que se reputan como falsos fueron directamente autorizadas por él”. Y aluden al sistema de aprobación: todas las operaciones debían ser autorizadas por Eduardo Guerrero a través de su usuario en la aplicación informática Workflow. Para eso ya hay respuesta en la contraparte. La auditoría forense detectó que en varias aprobaciones hubo suplantación de identidad de Guerrero y que las IP de esos registros no corresponden a sus oficinas habituales, sino a las de Primus.

Primus debería comenzar a soltar su artillería en los próximos días. Responder la demanda laboral -para ello fichó al abogado Domingo Eyzaguirre- y presentar querellas.

Primus y sus abogados se niegan a develar los pasos que seguirán y tampoco quisieron ratificar una información que ya llegó a oídos de los exgerentes: que hay una denuncia contra quienes resulten responsables ante el Ministerio Público.

Además, Primus está a la espera de los nuevos estados financieros del año 2022, tampoco tiene balances a marzo de 2023, los que están siendo rehechos por Deloitte. La auditora ha tardado más de lo esperado en ello y podría exponerse también a responsabilidades en este caso: nunca descubrió lo que ahora denuncia Primus, pese a haber realizado arqueos documentales.

Francisco Coeymans estuvo nueve años en la empresa y antes trabajó en Contémpora Servicios Financieros, Penta Financiero, Banco Penta y EuroAmérica. En esta última fue gerente comercial. Amenábar dejó otra gerencia comercial, la de Contémpora, donde trabajó 14 años, para sumarse a Primus.

Coeymans tiene 45 años y egresó de Ingeniería Comercial en la Universidad Católica. Amenábar tiene 48 años y egresó de la Universidad de los Andes. El primero estudió en el Saint George’s y y le decían Coco. Así bautizó una de sus sociedades de inversión: Asesorías e Inversiones Coco Limitada.

Pero ambos tienen ahora nuevas sociedades, las que constituyeron tras salir de Primus. Coeymans creó Inversiones El Pastizal, en la que tiene el 99%, y su hermano Juan Eduardo, el 1%. Su capital es de $ 1.734 millones. Amenábar creó Inversiones El Roquerío, con un capital similar: $ 1.790 millones. Las dos sociedades fueron creadas el mismo día, el 28 de abril, 10 días después de su autodespido. En la misma notaría. Y cada una de las sociedades las denominaron con el nombre de las calles donde están sus domicilios, ambos en la comuna de Lo Barnechea.

Ambos están hoy fuera del sistema financiero y aducen en su demanda que el daño reputacional y moral exige la millonaria indemnización que reclaman. Ignacio Amenábar acompañó un certificado sicológico, emitido en mayo, que habla de un trastorno adaptativo, con síntomas ansiosos y depresión con alteración de los ritmos de sueño originados por la crisis laboral. “El paciente refiere estar siendo objeto de gravísimas acusaciones de conductas ilícitas e inadecuadas”, dice el certificado de la sicóloga que lo atiende desde marzo, cuando estalló todo.

Ambos tienen abogados laborales y penales. El estudio Clyde & Co., que nació de una fusión con Grasty Quintana & Majlis, los asesora en lo civil y laboral, mientras Juan Domingo Acosta trabaja la arista penal. Sus representantes han mantenido contacto con los de Primus y han ofrecido lo mismo que al principio: ceder sus acciones y ayudar a la recuperación de los impagos. La semana pasada se encontraron por última vez los abogados de Primus, Pedro Pablo Gutiérrez y Juan Francisco Asenjo, por Primus, con Juan Domingo Acosta y Darío Calderón. Este último intentó interceder para un arreglo y fue varias veces a Primus, pero se habría retirado del caso. En las conversaciones no ha habido avances, dice alguien que conoció esos encuentros. Y mientras los exgerentes creen que hay espacio aún para lograr un acuerdo, en Primus no hay ánimo de nada: quieren ir hasta el final. La compensación de las acciones es insuficiente: Coeymans y Amenábar tienen ahora menos del 3%.

En la historia que ha contado la dupla hoy amenazada por Raimundo Valenzuela, el conflicto fue gatillado también por diferencias en torno a la venta de la empresa. Hace un año, en la primera mitad de 2022, Latam Trade hizo una oferta por Primus, por entre US$ 80 millones y US$ 100 millones. Pero los ejecutivos no querían vender y propusieron buscar otros interesados. Los mayoritarios aceptaron. Consiguieron otro interesado, un fondo de inversores mexicanos, pero esta vez a los mayoritarios no les convenció del todo la seriedad del ofrecimiento. Hubo prórrogas y análisis. Y una condición: vencido el plazo, ellos debían renunciar a un first refusal que permitía igualar ofertas de terceros. Pero estalló el caso y todo se diluyó.

Los exgerentes pedirán otra cosa: acceso al informe de KPMG. Como aún son accionistas de Primus, dicen tener derecho a estar informados. Y siguen negando cualquier vínculo con un esquema fraudulento. No tenía sentido, acusan, afectar de esa manera su propio patrimonio, su propio negocio.

Las acciones futuras amenazan con abrir un abanico de nombres. Primus acusa que las operaciones con cheques falsos por $ 9.200 millones estaban asociadas a “empresas ligadas a personas naturales que actuaron de manera coordinada” con Coeymans y Amenábar. “Las operaciones asociadas a estas empresas se presentaban engañosamente con un supuesto deudor con buen historial de pago en Primus, con un cheque falso que no correspondía al deudor indicado. La mayoría de esas transacciones tuvo como destinatario la cuenta corriente de un tercero partícipe del esquema, pero diferente a la empresa que originó la operación”, describieron al DF. Han detectado otras cosas, además: por ejemplo, operaciones autorizadas a empresas creadas tan solo un día antes. O a otras empresas sin historial suficiente.

Primus no ha querido identificar públicamente a los integrantes de la red que participaba del esquema que denuncian, pero sí ha dejado huellas.

La primera es una querella que interpuso contra el médico cirujano y director médico de la Clínica Las Condes, Rodrigo Mardones Petermann, por giro doloso de cheques: uno por $ 100 millones y otro por $ 62 millones, ambos en el Bci. Presentados a cobro, el Banco de Chile los protestó por falta de fondos. Mardones, un especialista en operaciones de cadera que cumple 50 años en diciembre, acumula muchos malos negocios y varias sociedades en las que se asoció a otros dos doctores a los que conoció hace más de una década: Andrés Chahin y Mauricio Wainer. Con ellos formó numerosas sociedades y las deudas de una de ellas llevaron a acreedores a pedir la liquidación forzosa de Mardones. La causa se ventiló y llegó al 15 Juzgado Civil el año pasado. El veedor de la situación patrimonial del médico, Ramón Rojas, lo visitó en la CLC. “Señaló que la totalidad de sus bienes raíces y vehículos se encuentran embargados y que su situación económica se debe a que participó como socio en la compañía Marina Rapel, la que dejó cerca de $ 9.000 millones en pérdidas, las que asumió personalmente”, relató en un informe al juez.

Esta semana, el 11 de julio, debía presentarse a una audiencia por la querella, pero se ausentó: su defensa presentó un certificado médico por gastroenteritis viral emitido por un doctor de CLC que recomendó reposo por dos días. Por la tarde, un notario contratado por Primus asistió a CLC y fue informado por una secretaria que estaba atendiendo en su consulta. El día antes, había llegado al Cuarto Juzgado de Garantía un informe de la Fiscalía Nacional que listó 20 causas de 2014 a la fecha en las que aparece involucrado Mardones: en cinco de ellas tuvo la condición de imputado, y en otras fue denunciante o víctima. No registra formalizaciones ni sentencias.

Mardones, oriundo de Concepción y quien se ufanaba en redes hace unos años de ser concuñado de Mauricio Pinilla, llegó a Primus en 2018 y parte de las propiedades que tenía en Rapel quedaron en garantía en el factoring.

El otro protagonista de los casos que involucran a Primus es Marcelo Rivadeneira Rivadeneira y su socio Hugo Villagrán Sepúlveda. Una querella presentada este año por el presidente de Fernández Vial, Angelo Castiglione -cuyas empresas Ecoimport, Cinque y Servicios LMA operan desde el segundo trimestre de 2022 con Primus- lo acusa de actuar coordinadamente con Francisco Coeymans para defraudarlo. Dice una ampliación de la querella firmada por su abogado, Rodrigo Rettig, que dirigió contra Primus: “Marcelo Rivadeneira y Francisco Coeymans (…) se concertaban para, aprovechando el flujo habitual de operaciones de las empresas de Castiglione, aprovecharse de ellas y generar desvíos de dinero hacia empresas relacionadas a Marcelo Rivadeneira”.

De 45 años, Marcelo Rivadeneira figura en los registros mercantiles como un prolífico emprendedor que entre 2010 y el 8 de junio pasado ha creado 36 sociedades. En la mayoría es accionista minoritario a través de Inversiones Marcelo Rivadeneira Rivadeneira E. I.R.L, usando una figura que le permite representar a la firma ante distintas entidades públicas y privadas. Por ello, algunos agentes financieros lo consideran un administrador de empresas con amplios poderes, como tomar créditos y otros instrumentos, liderar negocios y hasta autocontratarse.

Nacido en Antofagasta, en Linkedin se define como un empresario que acompaña a empresas a internacionalizarse. “Ayudo a pymes y grandes empresas a mejorar su patrimonio mediante la obtención de fondos para la inversión, en los sectores finanzas, bienes raíces, servicios de alimentación, facility services y construcción, generando en todas ellas modelos de negocios únicos en Chile”, pone. También se ha presentado como ingeniero comercial y técnico superior en cocina internacional y trabajó en las operaciones mineras de la firma de casinos Mr. Food. Después creó su propio negocio de alimentación, a la par que entraba a otros negocios.

En 2020, una de las empresas en que participa, Need Solutions, fue cuestionada en Antofagasta por haber ampliado su giro un día antes para poder participar en la licitación por las cajas de alimentos que entregó ese municipio en los primeros meses de la pandemia.

A Rivadeneira lo unen negocios con Rodrigo Mardones Petterman: en 2019 se asociaron en la sociedad Rhino, donde fueron socios hasta 2022 con el constructor civil argentino Hernán Maceiras. Mardones y Rivadeneira, además, han sido socios en las sociedades inmobiliaria e inversiones San Angol y en Eagle Cooper Mineral Corp Spa. Los dos eran conocidos clientes en Primus. Rivadeneira era definido como un asesor financiero que refería clientes a la empresa.

La supuesta red tiene otros nombres en los que trabajan los abogados de Primus y que seguirá alimentando un caso que suma actores. Un fraude que ni los experimentados socios mayoritarios de Primus ni sus auditores detectaron a tiempo.