La última milla de la reforma previsional se correrá fundamentalmente en la arena política. En las filas del oficialismo confiesan que ya existe un acuerdo técnico y político marco entre el gobierno y algunos líderes de Chile Vamos sobre los pilares de la reforma, tanto en la distribución del 6% extra de cotización como en la reorganización de la industria, y reconocen que el gran nudo que enfrentará el pacto en adelante será sortear las resistencias políticas e ideológicas de diversos sectores ad portas de un año de elecciones.

“Nunca hemos estado tan cerca de llegar a un acuerdo”, reconoció esta semana el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en un intento por minimizar la posibilidad de discolaje en los sectores más rebeldes de su coalición y presionar también a la oposición en un momento clave para llegar a un pacto.

La seguidilla de reacciones, especialmente desde Republicanos, tras la declaración del presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, sobre entregar un 0,5% para igualar las pensiones de hombres y mujeres y el enredo semántico tras el uso de la palabra “reparto”, también viene a confirmar la tensión subterránea que existe hoy en muchos líderes políticos. “En la puerta del horno se quema el pan”, es la frase más repetida entre quienes están involucrados en las tratativas ante el temor de que todo el esfuerzo técnico de meses se vaya al “tacho de la basura” y se frustre otra vez la idea de aumentar el ahorro previsional y reformar la industria previsional.

La carta publicada en El Mercurio por las representantes técnicas de oposición Soledad Hormazábal, Cecilia Cifuentes y María José Zaldívar también fue una señal de que el acuerdo estaría zanjado. Las expertas reconocieron en la misiva de esta semana que era factible lograr un “buen acuerdo”, incluso cediendo “en algún grado a la postura contraria”. “La señal que da Cecilia Cifuentes, quien no es exactamente una bolchevique en materia económica, es una señal muy potente”, sostiene en forma lúdica un clave actor político de la oposición. A esto se suma la carta en el mismo medio de los ex ministros de Sebastián Piñera, Ignacio Briones, Harald Beyer y Juan Carlos Jobet, además del exdirector de Presupuestos, Matías Acevedo, quienes alertaron sobre el alto costo que tiene para el país no avanzar hoy en una reforma de pensiones.

Ajenos al ruido político, los técnicos de gobierno y oposición y los miembros de la Comisión de Trabajo del Senado ya han logrado construir las bases de un acuerdo en materias aledañas a los puntos clave. Entre estos puntos están la ampliación del seguro de lagunas previsionales de fondo de cesantía, el incremento del tope imponible, un sistema centralizado de cobranza previsional, un reemplazo de los multifondos por fondos generacionales, entre otros.

Pero estas últimas semanas el acuerdo ha ido más allá. Altas fuentes de gobierno confirman que el acuerdo logrado incluye un mecanismo de “préstamo” de los actuales trabajadores para financiar parte de las pensiones de los actuales jubilados, especialmente aquellos que no tienen PGU y también un seguro para igualar las pensiones de hombres y mujeres, donde parte de la cotización de los hombres iría al de las mujeres, bajo un esquema intrageneracional y de costo descendente a través del tiempo, en una propuesta que podría sumar entre el 1,5% y el 2% de solidaridad como un todo de la cotización extra del 6%. “La propuesta se dará a conocer con algunos escenarios alternativos para la solidaridad dentro del 6%. Pero ese cálculo no va a ser un problema. No echaremos por la borda el acuerdo por un porcentaje más o un porcentaje menos”, reconoce una fuente de gobierno.

“El bono tabla podría verse como un reparto, pero no lo es porque actúa como un seguro cuyo financiamiento va decayendo a través del tiempo”, reconoce, a su vez, un técnico de oposición, quien recuerda que las compensaciones de riesgo entre hombre y mujer son comunes en otros países.

Este bono tabla, que para el gobierno equivale a un 1% de la cotización y para la oposición un 0,5%, sería un componente de solidaridad permanente. El mecanismo funcionaría bajo una lógica similar al actual seguro de cesantía y se entregaría en su totalidad a las mujeres que jubilen a los 65 años de edad.

El denominado “autopréstamo”, a su vez, es destacado por la oposición como una buena “solución de mercado”. Bajo esquema de costo de entre el 1% y el 1,5% de la cotización extra, el “seguro social” incorpora la garantía de 0,1 UF por año cotizado para los actuales pensionados, con tope hasta 3 UF. Si bien el gobierno ha planteado que el beneficio de carácter transitorio le llegará a quien haya cotizado al menos 10 años, la oposición ha estado presionando para que este guarismo suba a los 20 años y para que el foco sean los grupos con menores tasas de reemplazo y no cubiertos por la PGU.

“Está pensado como un préstamo de propiedad de la persona, heredable, que se registra en su cuenta individual... además, se invierte a tasas de mercado y con garantía estatal, lo que lo hace equivalente a un bono de Tesorería... es como si se metiera la plata en el fondo E”, ejemplifica un economista de oposición.

En cuanto a la reorganización de la industria, la gran batalla que están dando las AFP, el acuerdo ya estaría zanjado. “En el debate público las AFP han lanzado sus dardos en contra de incorporar solidaridad o reparto en el 6% de cotización extra, pero en el fondo lo que quieren es que no le cambien la estructura de comisiones”, comenta un líder de oposición.

Pese a que en las últimas semanas ha estado en la mesa de negociaciones la alternativa de una comisión mixta, donde exista un cobro fijo sobre ingreso imponible y uno en función de la rentabilidad, una alta fuente de gobierno reconoce que la llamada licitación de stock es la que más convence a expertos de distintos sectores.

“La idea es implementar una licitación de stock moderada. Se trata de una solución de mercado que baja las comisiones. Además, la fijación de precios, como se plantea con la comisión mixta, es algo que no gusta a la derecha”, explica la misma fuente.

Tanto en el gobierno como en la oposición también concuerdan en que habrá novedades en la actual estructura de la industria de las AFP. “Habrá una separación en la gestión de las cuentas de capitalización y en la de las inversiones. Sería algo así como una separación de RUT, pero se les sigue permitiendo integrarse verticalmente... nadie las obliga a separarse”, explica una exautoridad del gobierno de Sebastián Piñera.

“Las AFP van a quedar divididas en forma más moderada. Pero lo importante es que se introduce competencia y eso redunda en una baja de las comisiones”, complementa una fuente de gobierno.

Desde el mundo político coinciden en que el resultado de las elecciones municipales, que favoreció a Chile Vamos (especialmente RN) y dañó las opciones de Republicanos, ha sido uno de los factores de peso para avanzar en un acuerdo por pensiones.

Fortalecido por los resultados de noviembre, el senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, ha liderado las negociaciones con los equipos de gobierno y con el ministro Marcel y la ministra del Trabajo, Jeannette Jara. Sin embargo, los otros senadores de Chile Vamos y miembros de la Comisión de Trabajo, Juan Antonio Coloma (UDI), y Luciano Cruz-Coke (Evópoli), también han sido claves en las tratativas.

Sin embargo, en el mundo político concuerdan en que el riesgo de fracaso está presente y está dado por la presión que pueda ejercer Republicanos en las filas de Chile Vamos para no apoyar la reforma.

“El gran riesgo es que se caiga el acuerdo por Republicanos. Aquí lo que puede contaminar el éxito de un acuerdo en la reforma es la política. En lo demás, en la industria y en los números, vamos a llegar a un acuerdo. Hay ductibilidad suficiente en ambos sectores”, reconoce una alta fuente de gobierno, quien también admite que puede haber díscolos oficialistas que podrían “poner piedras en el camino”.

“Lo que está en juego acá es la capacidad que pueda tener la derecha más dura de permear a Chile Vamos. Podrían aparecen en algún momento díscolos en Chile Vamos, ya que esto es muy parecido al proceso que se dio con los retiros (del 10% de las AFP). Hay parlamentarios que podrían sacrificar lo que es bueno para el país pensando en cómo les afectaría eventualmente a ellos (apoyar la reforma)… es parte de la política y se hará más complicado mientras más nos acerquemos a las elecciones”, complementa una fuente de oposición, quien espera que la reforma pase del Senado a la Cámara en la tercera semana de enero.

Si bien aún hay dudas, en el gobierno esperan sellar públicamente un acuerdo técnico y político esta semana. “La performance comunicacional que acompañará este anunció aún está en diseño”, confiesa una autoridad.