Era el negocio de la salud más relevante del último año. En abril de 2021, los dueños de Colmena, un fondo de inversión en el que el grupo Bethia tiene el 51%, y el grupo estadounidense Nexus Health, controlador de Masvida, acordaron unir ambas isapres en una sola, reduciendo de cinco a cuatro el número de competidores de la industria y creando el mayor actor de ese mercado. Nexus compraba Colmena y se transformaba así en el controlador de la empresa que surgiría de la unión de ambas entidades. La operación, que asciende a unos US$ 150 millones, estaba condicionada a la venia de la Fiscalía Nacional Económica. Diez meses después, la decisión de la FNE fue la prohibición de la fusión.

La negativa de la fiscalía pareció sepultar un negocio millonario. Los vendedores querían dejar una industria a la que ingresaron en 2013 y los compradores pretendían adquirir una escala mayor para competir mejor. Las señales que dieron tras el fallo de la FNE apuntaron al fin del negocio. “La operación habría significado importantes ventajas para los afiliados de ambas”, lamentó Nexus en su primera reacción. “Seguiremos trabajando incansablemente para adaptarnos de la mejor manera a las reformas y cambios que puedan venir”, prometió Colmena.

Sin embargo, el negocio no está del todo muerto. La operación tiene una última opción de resucitar: un recurso especial mediante el cual ambas partes podrían pedir una revisión al Tribunal de la Defensa de la Libre Competencia (TDLC). Las partes se inclinan a hacerlo, pero para ello deben revalidar en los próximos días un acuerdo de compraventa que está formalmente desahuciado: la compra tenía condición suspensiva la aprobación por parte de la FNE. Las dos partes ya trabajan en la adecuación del acuerdo.

La industria tiene hoy cinco isapres y suma 1,9 millones de cotizantes y 3,3 millones de beneficiarios. Colmena tiene el 21% de los cotizantes y Masvida casi el 10%. La integración superaría a binomio Banmédica-Vida Tres, que son parte del mismo holding y suman el 25% de los cotizantes. Los otros actores tienen pesos similares: Cruz Blanca y Consalud bordean el 20% (ver infografía). Por lo mismo, la existencia de suficientes jugadores, de peso similar, insuflaba optimismo a Nexus y los dueños de Colmena, quienes argumentan que la industria es competitiva y que cerca del 15% de la cartera de cotizantes se cambia de prestador cada año, una cifra que es del 4% en la industria de las AFP. El mismo optimismo existía entre sus abogados: Nexus trabajó con Ferrada Nehme y Colmena, con Barros Errázuriz. Pero la FNE dijo que no.

La fiscalía planteó varios riesgos para la operación. Primero, que la nueva empresa tendría incentivos para aumentar los precios de sus planes de comercialización, así como a disminuir la calidad de sus contratos de salud con sus afiliados, y realizó una simulación que estimó que los precios podrían subir en hasta $ 22.954 para los afiliados de Masvida y $ 12.075 para los de Colmena, según la resolución divulgada esta semana y firmada por el fiscal Ricardo Riesco. Segundo, que la industria bajaría de cinco a cuatro competidores, aumentando la simetría y homogeneidad de los actores, lo que elevaría los riesgos de coordinación.

Las empresas acusaron la semana pasada que la prohibición adolecía de un sinsentido lógico, económico y legal. “A partir de la reforma legal realizada el año 2021 a la llamada ley de isapres, estas instituciones no pueden adecuar libremente el precio de sus planes”, acusó Nexus, negando con ello el riesgo de alzas de precios. La FNE se hizo cargo de aquello en su última resolución. Aunque reconoce que la Superintendencia puede, desde 2021, fijar el máximo de reajusta posible de los planes, la FNE cree que la isapre fusionada “igualmente tendría la habilidad para aumentar precios y/o disminuir la calidad de los servicios”.

Otro argumento ha rondado la discusión: la Clínica Alemana lanzará Esencial, una nueva isapre que rompe con 25 años sin ningún nuevo actor en la industria. Nexus y Colmena lo enarbolan como refuerzo de su posición: habrá más competencia, dicen. La FNE retruca: Esencial será un actor de nicho que, además, no entrará sino hasta “un período razonable de tiempo”.

En el proceso, las dos empresas presentaron cuatro paquetes de medidas de mitigación, el último en enero. Sus contenidos no habían trascendido hasta ahora. El principal es un compromiso indefinido: fijar una banda que obliga a la isapre fusionada a congelar por un año los precios de sus planes si su utilidad anual neta supera el 4% de sus ingresos brutos. A la fiscalía aquello no le pareció suficiente, entre otras cosas porque considera baja la posibilidad de que la nueva firma obtenga ganancias superiores al 4% de los ingresos anuales. Las isapres vivieron un 2021 del terror: la industria perdió más de $ 137 mil millones, el doble de 2020; tiene congelados los planes y el costo de las licencias médicas se disparó. Colmena perdió $ 15.019 millones y Masvida, $ 5.022 millones.

El paquete de mitigaciones incluía otras cosas -precios equivalentes al resto de la industria; compromisos en calidad; una defensoría del afiliado-, pero ninguna como la que quería la FNE. “La medida de mitigación más idónea y proporcional es la desinversión de activos”, insistió Riesco en su informe. Las empresas dicen que aquello es impracticable en su principal activo, su cartera de clientes. Por ley, dicen, no pueden vender a terceros ninguno de los 193 mil clientes de Masvida o los 416 mil clientes de Colmena.

Con la reforma legal de 2016, la FNE adquirió la potestad de autorizar o rechazar operaciones de concentración. A la fecha solo tres operaciones han sido denegadas. La fusión Colmena-Masvida será la cuarta. En 2018, la FNE prohibió la compra de Nutrabien por parte de CCU y el ingreso del banco Santander a Servipag. Un año más tarde, en diciembre de 2019, impidió la fusión de las dos únicas clínicas privadas de Iquique. En esos tres procesos, solo una utilizó un mecanismo especial para intentar revertir esas prohibiciones: un recurso de revisión que debe ser presentado al TDLC. Pero lo consiguió. En julio de 2017, CCU sometió la operación al análisis de la FNE, la que lo rechazó en mayo de 2018. Entonces, la firma acudió al TDLC. Seis meses después, el tribunal, en un fallo dividido, tres a dos, acogió su recurso y autorizó la compra.

El recurso de revisión especial entrega al TDLC la facultad de resolver una operación de concentración que haya sido prohibida por la FNE. El procedimiento establece que el reclamante debe insistir en ese recurso, sin alteraciones, con el último paquete de mitigaciones ofrecido a la FNE, el que podrá ser aprobado o denegado por el TDLC. Su dictamen, en ese caso, es inapelable. Pero si el Tribunal ordena mitigaciones adicionales, las empresas involucradas en la operación o la propia FNE, pueden ir a la Corte Suprema.

Para presentar un recurso de revisión, las partes tienen un plazo de 10 días hábiles, el que se cumple el 17 de febrero. Las empresas creen tener buenas razones jurídicas para pedir revertir la decisión de la FNE, pero también analizan las razones de negocio. La FNE tardó 10 meses en resolver el caso y el TDLC podría agregar otros seis meses. Y si llega a la Suprema, otros seis meses. En total, casi dos años. El jueves dirán qué harán.