Las actas reservadas de la Sofofa pos estallido: Cuando los industriales discutieron sobre una nueva Constitución

Fueron 66 los consejeros y representantes gremiales reunidos ese día. Era el 27 de noviembre y habían pasado menos de dos semanas de la firma del pacto por la Paz y una Nueva Constitución. La Sofofa hacía su primer consejo general desde septiembre de 2019, aunque diez días después del estallido de octubre sus consejeros se habían reunido en una jornada de reflexión donde intentaron salir del desconcierto y esbozar explicaciones.

Pero el 27 de noviembre de 2019 ya estaba medianamente claro el itinerario constitucional. Seis meses después se haría un plebiscito para desechar o ratificar la Constitución de 1980 y la discusión ya estaba en marcha. Presidida por Bernardo Larraín Matte, timonel de la Sofofa, la reunión de ese día contó con dos invitados, dos abogados que hablaron sobre los hechos que ocurrieron a partir del 28 de octubre: Jorge Navarrete y Lucas Sierra. Mientras el primero expuso sobre la violencia -se ha generado cierta épica de la violencia que estaba empezando a ser justificada, dijo- y el pacto político institucional en desarrollo, Lucas Sierra, investigador senior del Centro de Estudios Públicos (CEP), concentró su presentación en las constituciones chilenas y su historia.

Tras las exposiciones, Bernardo Larraín cedió la palabra a los consejeros. Dos intervenciones fueron las más extensas, según las actas de la sesión de ese día, un texto de 25 páginas al que accedió Pulso a tres años de ese evento. Otros dos abogados: Fernando Barros y Rodrigo Hinzpeter.

Barros, consejero desde 2005, electo para el período 2019-2023 por la empresa Oxiquim, fue el primero en hablar. “Salvo contadas excepciones, todos los ordenamientos constitucionales nacen ‘después de’ y no ‘durante’ y, actualmente se está viviendo una situación de violencia que hace que la discusión que se está dando no sea libre y espontánea, sino que está a la sombra de la violencia”, dijo Barros, según describe el acta preparada sobre el debate de ese día.

El socio de Barros Errázuriz, también director de empresas como Agrosuper, Socovesa y la administradora de fondos Independencia, dijo que el tema constitucional ocupaba el lugar 56 dentro de las preocupaciones de los ciudadanos y aludiendo a una mención de Sierra sobre la dictadura de Augusto Pinochet, afirmó que el término de ese gobierno, con el Sí y el No, fue ejemplar y terminó con elecciones presidenciales y parlamentarias y una reforma consensuada a la Constitución. “Desde el punto de vista empresarial, esta Constitución ha significado un progreso enorme para Chile”, dijo Barros, quien defendió a Pinochet legalmente cuando fue detenido en Londres, en 1998.

Sierra respondió: concordó con que las discusiones constitucionales deben ser posteriores a las situaciones de violencia y que, aunque la importancia que se le ha dado a la cuestión constitucional en las encuestas del CEP es baja, “si se analizan las campañas presidenciales desde hace 15 años es discusión constante la cuestión constitucional”.

Tras una pregunta del consejero Matías Concha sobre el quórum de los dos tercios y la respuesta de Sierra -esperaba, dijo, que aquello permitiese una Constitución más acotada que la actual- intervino el exministro del Interior de Sebastián Piñera, Rodrigo Hinzpeter, ejecutivo del grupo Luksic, electo en la Sofofa por CCU. Hinzpeter atribuyó la “tensión” que vivía la sociedad chilena a dos déficits fundamentales. “Uno, por el lado de la derecha, que no estuvo dispuesta a flexibilizar ciertos patrones de funcionamiento del modelo económico, aun cuando ello estaba generando un grado de malestar, injusticia y precariedad en la vida de muchos chilenos”, recogió el acta. Por ello, Hinzpeter había postulado que la presencia del Estado donde no debe estar es asfixiante, pero su ausencia donde sí debe estar es desoladora y, por lo mismo, había propuesto en su momento el nacimiento de una nueva derecha, algo que tuvo mucha oposición de parte de algunos sectores. El segundo déficit es de la izquierda, dijo, “que no ha sido capaz de defender el orden público”.

Hinzpeter expuso que Chile estaba frente a una nueva realidad que era un fenómeno global, presente en ciudades como Hong Kong y otras partes del mundo. Lo caracterizó así: no existe respeto por las fuerzas de orden público y los ciudadanos que protestan pacíficamente están incluso dispuestos a hacerlos al lado de gente que ejerce la violencia. Hizo un tercer punto. “Se ha demostrado que la capacidad del ciudadano de mantenerse en la calle ejerciendo la violencia supera las expectativas que tienen los gobiernos y, por eso, la típica teoría que existió en muchos gobiernos de que apostemos al desgaste del movimiento hoy día está resultando en todas partes infructuosa”, dice el acta.

Hinzpeter dio por sentado que habría un proceso constituyente, pero que también existía la probabilidad de que se abortara por quienes, actuando con violencia, jamás habían querido que existiera, lo que era equivalente a la renuncia del Presidente de la República.

El consejo general de la Sofofa tuvo ese día una segunda parte, tras cerrar el debate con los expositores y abrir el debate entre los consejeros electos y gremiales que integran el cuerpo colectivo superior.

Abrió los fuegos Bernardo Larraín, quien contó que el día anterior, el 26 de noviembre, asistió a La Moneda con otros dirigentes empresariales y de trabajadores y relató lo que dijo el Presidente Sebastián Piñera ese día. El Mandatario, según contó Larraín, estaba consciente de la prioridad que tenía el orden público y de la necesidad de inversión social y un déficit fiscal transitorio. “Sería muy preocupante que se cayera el acuerdo constitucional porque se desploma el piso político, que no lo ha tenido el Presidente y que no se lo ha facilitado la oposición”, dijo Larraín, hoy director de CMPC y Colbún, ese día, según las actas de la Sofofa.

A continuación, intervino Andrés Montero, consejero electo por la empresa Maltexco y también director de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), quien dijo que los tres poderes del Estado habían sido ineficaces para manejar la crisis. Según el acta, Montero dijo que “como Sofofa hemos perdido más de un mes en reaccionar” y que le sorprendía la ingenuidad de algunos consejeros: “Hace más de un mes advertimos que la violencia continuaba, se nos trató de que no queríamos colaborar o que no conversábamos dentro de nuestras empresas”. Montero dijo que le gustaría ver a la Sofofa y los otros gremios empresariales en televisión dando un apoyo frontal a Carabineros. “También quisiera que en esa declaración frente a la televisión se quejaran derechamente contra el rol que ha tenido la prensa en esta crisis”, dijo según el acta, antes de pedir no seguir haciendo “cuestiones académicas” que a su juicio eran improcedentes y extemporáneas.

El presidente de la Corporación de la Madera, Corma, Juan José Ugarte, aludió a una declaración de miembros del Partido Socialista de ese día -quienes suscribieron ese día un manifiesto titulado “Nuestra Democracia está en riesgo”- y afirmó que en realidad no estaba en juego un punto más del PIB o cómo quedará la Constitución. “Está en juego la democracia, ya que hay golpistas ejerciendo la violencia”, acusó, según el registro oficial de la Sofofa. Ugarte enumeró tres prioridades: apoyar que las fuerzas armadas pudiesen atender objetivos estratégicos, recuperar las instituciones, “partiendo por el Presidente de la República”; y tener, como gremios, una presencia permanente en el debate político.

“En los círculos de conversación realizados en las empresas y que han sido muy positivos, toda la gente está de acuerdo en apoyar las demandas sociales, pero todos están contra la violencia”, fue parte de la intervención de Raúl Ciudad, presidente de las empresas de la tecnología de la información reunidas en Acti.

Dante Arrigoni, consejero gremial de la Asociación Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas (Asimet), coincidió, dijo, con lo que se había dicho sobre la autocrítica empresarial. “Ya se terminó o deberíamos terminar el tiempo del mea culpa, siendo fundamental hoy en día que los empresarios se unan y tengan una voz única”. Continuó Arrigoni: “Hay que hacer ver que las empresas son la solución de Chile, porque si Chile va a tener que pagar la cuenta, los únicos que podrán materializarlo son los empresarios y eso hay que hacerlo notar”.

La discusión sobre la presencia pública de la Sofofa sumó varios apoyos. El consejero Heriberto Urzúa, director de la cadena de retail Forus, de la familia Swett, postuló que “debe haber muchos voceros” y que era “fundamental la presencia en la televisión para lograr un real impacto”.

Más adelante otros consejeros volvieron sobre el tema comunicacional. Bernardo Larraín sostuvo que muchas veces centralizar vocerías y acciones es el camino más eficaz, pero como existe una capacidad limitada, “en este momento es mejor las vocerías fragmentadas, múltiples, que haya matices”. Por lo mismo, llamó a las empresas a desplegarse en ese sentido y que, si tenían agencias de comunicación, que hablaran con los medios de comunicación y fueran a programas de radio y televisión.

Heriberto Urzúa dijo que debería haber una instrucción del presidente de la Sofofa, “quizá un discurso” y Andrés Montero propuso elegir un grupo de personas “y copar los medios de prensa”. Montero sugirió otro camino incluso, al constatar, dijo, que la imagen de Chile en el exterior estaba compleja, como se había visto en algunos medios como el New York Times. Y propuso, entonces, crear grupos en la Sofofa destinados a responder a la prensa internacional, a contestar a los organismos de derechos humanos y un tercero para ofrecer ayuda al gobierno en materia de seguridad.

Sobre el tema internacional aparecieron otras opiniones.

El consejero Roberto Maristany, expresidente de la Anac, fallecido este año, indicó que en el comité Chile-Corea había mandado cartas a las contrapartes para “explicar la situación de Chile”, mientras Rosario Navarro, de la empresa Sonda, agregó que Invest Chile estaba organizando reuniones con empresas extranjeras con inversiones en Chile. Arturo Clement, de SalmonChile, contó que la agrupación se estaba juntando con Vinos de Chile y la Asociación de Exportadores de Fruta para generar un relato común. “Chile tiene actualmente una imagen en el exterior caída a su mínimo en muchos años”, sostuvo James Brierly, de Asexma.

Las intervenciones fueron variadas y contingentes y algunos profundizaron en el tema constitucional. Uno de ellos fue el gerente general de CCU, Patricio Jottar, quien afirmó que el problema era multidimensional, pero que, sin afán de ser reduccionista, había dos temas esenciales: orden público y Constitución, con vasos comunicantes entre ambos. Dependiendo de cómo se resuelvan esos dos temas será si Chile se encamina o si hay consecuencias imposibles de imaginar, dijo. Si gana el No, dijo Jottar, nos quedamos con la Constitución que tenemos; si gana el Sí, “tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para que esa Constitución sea buena”. Aún así, al gerente del grupo Luksic le costaba imaginar un futuro razonable: “La agenda de derechos humanos inmoviliza a la policía, a las autoridades, al propio Presidente y es lógico, hay un ejército popular en la calle, hay mucha crispación, está el narcotráfico y hay sectores políticos que son neutrales e incluso simpatizan con la violencia”, indicó, según el registro del gremio.

Quien más se extendió sobre la materia constitucional fue Bernardo Larraín, quien sumaba más de 900 días al mando de la Sofofa: pronosticó dos años de alta intensidad electoral y, por lo mismo, dijo que la planificación de cualquier institución debía ser a dos años plazo. “Respecto del plebiscito de abril, no le corresponde a Sofofa tomar una posición respecto de A o B ni qué mecanismo adoptar, pero sí le corresponde trabajar en cuáles son los contenidos en los cuales se va a pronunciar”, justificó.

Más detallado aún fue Larraín en el siguiente consejo general de la Sofofa, el último de ese 2019. El 18 de diciembre se volvieron a reunir los integrantes del gremio y Larraín comentó que se había juntado con destacados constitucionalistas que sostenían, sin excepción, que instituciones como Sofofa debían participar activamente en la generación de contenidos, debates, difusión, conversatorios y no solo esperar el plebiscito de abril. Hasta entonces, según la agenda de Larraín de esos meses que se entregó a los consejeros, el timonel de Sofofa se había reunido con José Francisco García, Javier Couso, Jorge Correa Sutil, Jaime Bassa y Arturo Fermandois.

A continuación, resumió algunas de las conclusiones de esas conversaciones.

Por ejemplo, sobre catálogo de derechos garantizados, todas las Constituciones lo tienen, pero “lo relevante es cómo se garantiza judicialmente”.

O el debate entre el principio de subsidiariedad -que en rigor no está establecido en la Constitución, recordó Larraín- y el principio de no discriminación, que solo otorgue al Estado roles en los que actúe en igualdad de condiciones con los privados.

O sobre el derecho de propiedad, donde no visualizaba el riesgo de que no se respetara, “lo relevante es cómo se respetará”, dijo.

Larraín comentó que en el último comité ejecutivo de la Sofofa se acordó la posición oficial del gremio. “En primer lugar, no habrá pronunciamiento institucional acerca de la alternativa de optar o no por una nueva Constitución, más allá de lo que cada uno exprese en el ámbito personal”, indicó. Él lo hizo a favor del Apruebo y recibió críticas internas.

En segundo lugar, Larraín manifestó que, por un sentido de realismo, el escenario más probable era que hubiese un proceso para una nueva Constitución. “Por lo tanto, se trabajarán desde ya los contenidos para ser debatidos, socializados y difundidos, más allá del resultado del plebiscito”.

Claudio Seebach, presidente de Generadores de Chile, pidió desde la Sofofa reforzar la Constitución vigente. “Pareciera que la Constitución actual ya no existe”, reclamó. Andrés Montero dijo en diciembre algo similar: “Sofofa debe declarar firmemente que se tiene que cumplir el Estado de derecho y que existe una Constitución”.

“Como personas involucradas en el ejercicio de la iniciativa privada hay que hacer todos los esfuerzos para ir educando a la gente, proceso que puede durar varios años”, indicó Felipe Joannon, un ejecutivo entonces ligado al grupo Matte que antes trabajó casi dos décadas con los Luksic. Ello, agregó Joannon, no significaba que el mercado funcionara a la perfección y que, en el pasado, ha habido varias equivocaciones, como, por ejemplo, con las AFP, que eran un buen sistema de inversión financiera, pero un mal sistema de previsión.

La consejera Janet Awad dijo ese día que le preocupaba marzo de 2020, porque el desempleo previsiblemente iría en aumento.

El director ejecutivo de Aprimin, Sergio Hernández, también intervino en diciembre y pronosticó, igual que Larraín, un triunfo mayoritario por una nueva Constitución. “El mensaje de una mayoría de un 80% o un 85% por el SI obviamente es muy relevante respecto a lo que esas mayorías pueden pensar después en el contenido mismo de la Constitución”, indicó. Por ello opinó que era importante estructurar los temas esenciales que debía contener una Constitución: tipo de régimen de gobierno, autonomía del Banco Central, régimen de propiedad de recursos naturales, minerales y agua, entre ellos. Hernández fue a los ejemplos y recordó como el concepto de la economía social de mercado hizo grande a Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. En el directorio de su asociación, que reúne a los proveedores industriales de la minería, proponían un nuevo concepto: economía social y ambiental de mercado.

El consejo general número 2.905, el último de 2019, terminó con comentarios sobre la situación de seguridad -lo que seguía siendo la principal inquietud-, y medidas para apoyar la labor del Ministerio Público.

Meses después vino la pandemia y el plebiscito previsto para abril se trasladó a octubre de 2020. En mayo, cumpliendo el propósito expreso manifestado en esas reuniones, la Sofofa presentó un decálogo constitucional con principios a defender.

El 25 de octubre de 2020, los chilenos debieron responder a la pregunta ¿quiere usted una nueva Constitución? El 78,27% prefirió el Apruebo. El resto es historia.