Las cifras de un año de la Ley de Protección del Empleo

Un año cumple la Ley de Protección al Empleo (LPE), una de las medidas más relevantes tomadas para hacer frente a la pandemia. La ley, que rige desde abril de 2020, permitió que empresas y trabajadores solicitaran la suspensión temporal de los contratos laborales, posibilitando a los empleados hacer uso del Seguro de Desempleo -al cual se le inyectaron más recursos-, sin perder el vínculo con la empresa, con la idea de que una vez que lo peor de la emergencia sanitaria pasara, volver a sus laborales.

De acuerdo a datos del Ministerio del Trabajo, hasta el 14 de marzo un total de 773.685 contratos de trabajo habían iniciado en algún momento, desde la entrada en vigencia de la ley, una suspensión de la relación laboral. Hasta hace dos semanas, quedaban 78.537 personas bajo suspensión -es decir, un 10,2% del total-, las que están en su mayoría en los sectores alojamiento y comidas (21.822) y comercio (16.781).

Con esto, desde la entrada en vigencia de la ley, alrededor del 15% de los trabajadores cotizantes del seguro de cesantía hicieron uso en algún momento de la ley.

“A la fecha, sobre 800 mil relaciones laborales se han acogido a la LPE, lo que sin duda ha permitido proteger los empleos de un número considerable de trabajadores en esta crisis, observándose un menor impacto de la pandemia en los asalariados del sector privado, los que en el peor trimestre de la pandemia (mayo-julio), cayeron un 14%, respecto a la caída de la ocupación en general, que en este mismo periodo alcanzó un 21%. A la vez, la ley ha facilitado la reincorporación de los trabajadores a sus laborales cuando las condiciones sanitarias lo han permitido”, señala Úrsula Schwarzhaupt, la jefa de Estudios del Ministerio del Trabajo.

El director del Centro de Encuestas UC, David Bravo, coincide e indica que la LPE “representa una de las lecciones positivas de las políticas en pandemia y será el punto más destacado cuando se haga el balance más adelante, en contraste con el punto más bajo, que lo han representado los retiros de los fondos de pensiones”.

El experto destaca la rapidez y transversalidad con la que se aprobó esa ley, lo que permitió contar rápido con la herramienta y los recursos. Además, destaca que “es una muestra de cómo la institucionalidad adecuada ya existente se puede adaptar para enfrentar una coyuntura de la envergadura del impacto del Covid. Fue posible en esta oportunidad usar la Ley de Protección del Empleo porque se tenía un seguro de cesantía con fondos acumulados y con reglas e institucionalidad funcionando”.

Como era de esperarse, el uso más intensivo de la Ley de Protección del Empleo se registró en los primeros meses de la pandemia, en particular en abril de 2020, donde 340.725 contratos fueron suspendidos, equivalentes al 40% del total. Fue seguido por mayo, con un 16% y marzo con un 15,1%.

Luego, las suspensiones que iniciaron su vigencia a partir de junio comenzaron a caer progresivamente hasta diciembre, pasando de representar un 8,2% del inicio de las suspensiones en junio hasta un 1,4% en diciembre de 2020. En enero de 2021 las solicitudes aumentaron, pasando a representar un 3,3% del inicio de las suspensiones totales y, en febrero, vuelven a disminuir representando un 1,4%, registra el informe.

De hecho, el mismo estudio puntualiza que el proceso de reapertura permitió que un número relevante de trabajadores retomara su actividad. Esto está en línea con los datos del mercado laboral de la encuesta de Empleo del INE, que en su más reciente versión mostró que en febrero ya se habían recuperado más de 1 millón de empleos desde el peor momento de la pandemia.

Actualmente, de las 78.537 solicitudes vigentes, 44.488 corresponden a mujeres (el 14,6% del total de mujeres que en algún momento se sumaron a la suspensión) y 34.006 a hombres (7,2%), lo que refleja el mayor rezago del empleo femenino para reincorporarse al mercado del trabajo.

Las suspensiones vigentes se distribuyen principalmente en los deciles de remuneraciones más bajos, entre el primero y el cuarto, según la información de Trabajo. En esos tramos se encuentra el 64,9% de los hombres y el 65,8% de las mujeres con suspensión vigentes. Por otro lado, en las remuneraciones de los deciles 9 y 10 solo están el 7,1% de las suspensiones de hombres y el 5,8% de las mujeres.

En cuanto a la distribución de las suspensiones aprobadas y vigentes por tamaño de empresa, el 75,2% de los trabajadores labora en micro, pequeña o medianas empresas, mientras que el 24,8% de ellos lo hace en empresas grandes. Al compararlo con el total de cotizantes de diciembre de 2020, indica el informe, el 54,3% trabaja en Mipymes y el 45,7% en empresas grandes, “por lo que es posible observar que un mayor porcentaje de trabajadores de las micro, pequeñas y medianas empresas están actualmente con suspensiones vigentes, en relación a las grandes empresas”.

En relación a la cantidad de empresas por tamaño que accedieron a la suspensión de contrato, estas totalizan 120.008 con solicitudes aprobadas, de las cuales el 77,3% son microempresas, el 17,8% pequeñas, el 3,4% medianas y el 1,4% grandes. Sin embargo, al revisarlas respecto al universo total en cada segmento -con información del seguro de cesantía-, lideran las grandes, ya que el 51,5% de este tipo de firmas tuvo solicitudes aprobadas, seguidas por las pequeñas, con un 42,7%, las medianas con el 39,8% y finalmente las micro, con un 22,4% de su universo.

Tras los nuevos confinamientos y el endurecimiento de las medidas sanitarias, los expertos anticipan que puede volver a crecer el número de solicitudes. Juan Bravo, director del Observatorio del Contexto Económico de la UDP, indica que “hemos vuelto a una fase de masificación de las cuarentenas, lo que llevará a que muchas empresas, especialmente las micro y pequeñas, tengan que recurrir a este mecanismo, puesto que no podrán operar y, por ende, no podrán generar ingresos para pagar salarios”.

Schwarzhaupt señala que “la crisis en la que nos encontramos es incierta, observándose en este momento una segunda ola de contagios y endurecimiento de cuarentenas, lo que afectará la posibilidad de trabajo presencial y los resultados económicos de las empresas, e incrementará probablemente el uso de la ley”, y recuerda que la vigencia de la ley se extendió hasta junio de este año. Añade, eso sí, que en el gobierno “seguimos evaluando opciones de mejora que permitan entregar una mejor protección a los trabajadores y sus familias, y moderar el impacto de la crisis en el empleo”.