Más de cinco años han transcurrido desde que Corfo firmó las renegociaciones de los contrato de arrendamiento con SQM y Albemarle, en el que las únicas compañías que producen litio en Chile se comprometieron a entregar un porcentaje de las ventas del denominado oro blanco a las comunidades atacameñas. De hecho, una de las cláusulas de dicho acuerdo establece que para el caso de la minera chilena, se deben destinar anualmente entre US$10 millones y US$15 millones para proyectos de inversión y fomento que promuevan el desarrollo sustentable de las comunidades que habitan la cuenca del Salar de Atacama.

Desde entonces, y según revela un documento remitido por Corfo a la Cámara de Diputados, en respuesta a un oficio de fiscalización del diputado PC Boris Barrera, la minera en cuya propiedad participan Pampa Calichera y la china Tianqi, ha destinado un total de US$63,5 millones para ser distribuidos como aportes a las comunidades indígenas, pero desde 2021 a la fecha sólo se han repartido US$14,2 millones.

Ello se explica por dos motivos. El primero, porque los aportes con cargo a los resultados de 2018, 2019 y 2020 fueron agrupados en un fondo denominado Aporte Inicial Acumulado (AIA), del cual se entregaría primero un anticipo del 30% a las comunidades que firmaran un acuerdo con Corfo. Luego, el 70% se iría entregando de acuerdo a los avances de las iniciativas. A lo anterior se sumó un fallo de la Corte Suprema que obligó a Corfo a realizar un proceso de consulta indígena para los aportes con cargo a los resultados desde 2021 en adelante, y que mantienen bloqueados US$28,9 millones del total de aportes de la minera para las comunidades.

Pese a que el oficio solicita mantener la información “en completa reserva y confidencialidad”, el documento disponible en el portal web de la Cámara revela detalles desconocidos de cómo se ha realizado la distribución de los aportes entregados hasta este año. De hecho, especifica los montos y fechas de los giros realizados a 19 de las 21 comunidades que aceptaron la fórmula de distribución aprobada por el Consejo de Corfo (ver tabla).

Aportes de SQM Salar a comunidades indígenas del Salar de Atacama, en virtud del contrato con Corfo (correspondientes a resultados 2018, 2019 y 2020)

Así, de los US$63,5 millones que SQM ha destinado de sus ventas de litio entre 2018 y 2022 a este objetivo, solamente US$35,6 millones están en proceso de ser entregados a las 19 comunidades que concurrieron al acuerdo con Corfo. Y de ello, US$990 mil fueron destinados a financiar al organismo colaborador designado por SQM para entregar el apoyo necesario para la generación y organización de los proyectos de inversión de las comunidades. Dicho organismo corresponde al Centro de Excelencia Internacional del Sustainable Minerals Institute (SMI) de la Universidad de Queensland. Así, a las comunidades les quedó US$34,6 millones a repartir.

El detalle de la distribución da cuenta de que sólo dos de las 19 comunidades han completado la entrega de los aportes disponibles para ellas. Se trata de Río Grande y Talabare, que concluyeron la recepción de los dineros en noviembre de 2022 y energo de 2023, respectivamente.

Sin embargo, también destaca que del total de comunidades, dos aparecen con fondos asignados por sobre los US$3 millones. Se trata de las comunidades de Toconao y San Pedro de Atacama. Las cifras responden a que son las comuidades más numerosas de todas, de acuerdo con fuentes del Consejo de Pueblos Atacameños.

Los aportes desde 2021 en adelante “solamente podrán ser entregados una vez que Corfo realice el proceso de consulta indígena ordenado por la Excelentísima Corte Suprema”, recuerda el oficio de la entidad estatal enviado a la Cámara de Diputados.

Lo anterior responde a un fallo del 26 de agosto de 2022, en el que el máximo tribunal acogió la reclamación de la Comunidad Indígena Atacameña de Camar presentada en contra del proceso. El reclamo de Camar cuestionaba las fórmulas establecidas por Corfo para la asignación de los aportes.

Consultada, Corfo declinó dar detalles sobre el avance de la consulta indígena que definirá la distribución de esos aportes.

La fórmula aprobada por Corfo contempla distintas ponderaciones y criterios. El 50% de los aportes se reparten en forma igualitaria entre las 21 comunidades consideradas susceptibles de recibir aportes. De allí que el oficio detalle los montos asignados a Camar y Machuca, pese a no haber suscritos los acuerdos con Corfo.

La otra mitad de los fondos se reparten así: el 40% en proporción al número de socios de cada comunidad y el 10% restante según la distancia de cada comunidad con la faena de SQM en el Salar de Atacama.