La alianza entre Codelco y SQM es un acuerdo de asociación formal desde ayer viernes 31 de mayo, pero las partes tomaron un resguardo adicional: listaron más de una decena de condiciones suspensivas para su materialización, algunas más críticas que otras.

En un extenso hecho esencial que SQM divulgó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), SQM enumeró 12 condiciones suspensivas, pero una de las más relevantes es una resolución clave: la decisión del organismo regulador sobre el requerimiento enviado por Tianqi para forzar a la minera privada a una votación que dirima el futuro de la alianza. Un punto sobre el cual el regulador ya se había pronunciado en febrero, blindando en esa oportunidad el criterio de SQM, y que aún sostiene: que bastaba la decisión del directorio y no requería el escrutinio de sus accionistas. En el documento, SQM plantea directamente que, para el éxito de la alianza, se requiere “que no se haya acogido el requerimiento realizado por Inversiones TLC SpA de fecha 21 de mayo de 2024 a la Comisión para el Mercado Financiero y que ninguna autoridad haya emitido una orden que impida la materialización de la asociación”.

El punto no es baladí: Tianqi, el accionista chino de SQM, y que cuenta con el 22% de la propiedad de la compañía, intentó ya en dos ocasiones someter a una votación de la junta de accionistas el acuerdo con Codelco. Argumenta que la alianza requerirá enajenar activos estratégicos de SQM, visión que no comparten los asesores legales de la firma ligada al grupo Pampa, puesto que la operación se trata de una fusión en la cual la filial de SQM que se encarga del litio, SQM Salar, absorberá a Minera Tarar, la filial que Codelco constituyó, junto a Salares de Chile, para incursionar en el negocio del litio.

Conocedores de las tratativas enfatizan que la diferencia fundamental en términos legales pasa por distinguir que en este caso no se trata de una enajenación sino de una transferencia a una filial, la que de hecho mantendrá el mismo RUT, pero cambiará de nombre -lo que aún no está decidido- una vez materializado el acuerdo.

En el hecho esencial, SQM lo consignan así: “La materialización de la asociación se encuentra sujeta a una serie de condiciones precedentes, incluyendo entre otras, la obtención de autorizaciones gubernamentales en Chile y el extranjero, el término del proceso de consulta indígena y que no se acoja la solicitud de requerimiento interpuesto por Inversiones TLC SpA ante la Comisión que usted preside”, sostiene la misiva, firmada por el gerente general de SQM, Ricardo Ramos, quien lideró las negociaciones con Codelco.

Otras de las cosas relevantes que tienen que pasar para que el acuerdo se materialice son las consultas indígenas, procedimiento en el cual se requiere la participación de las comunidades originarias del salar de Atacama, para que conozcan y se pronuncien sobre los potenciales efectos de los cambios a los contratos de explotación de litio que Corfo entregó tanto a SQM hasta 2023, como a Codelco, hasta 2060.

Si bien el proyecto contempla mejoras de eficiencia productiva que evitarían aumentar la extracción de las salmueras desde el salar, la incorporación de nuevas tecnologías demandará grandes suministros de energía y agua industrial. Esos aspectos y las modificaciones mismas a los contratos requerirán consultas indígenas por separado. Y la disposición de las comunidades no ha sido del todo positiva.

La suerte de dicho proceso también marca una condición, es decir, que se suscriban los contratos con Corfo, y éstos además incorporen las modificaciones que SQM y Codelco quieren introducir a los contratos celebrados años atrás entre Corfo y SQM, “especialmente con respecto al aumento de la cuota de producción en 300 mil toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE)”, detalla el documento.

Lo mismo ocurre para los contratos de Tarar y Corfo, “regularán la explotación del salar de Atacama desde el año 2031 al año 2060″.

Otras condiciones son la declaraciones y garantías realizadas por las partes hayan sido ciertas, la ausencia de un efecto material adverso y la obtención de las autorizaciones de la Comisión Chilena de Energía Nuclear a las modificaciones de los contratos Corfo-SQM y Corfo-Tarar.

Otra condición relevante para por “la notificación y aprobación sin condiciones, o con medidas de mitigación aceptables para SQM y Codelco, por parte de autoridades de libre competencia en Chile y en el extranjero”.

Aunque no lo revelaron, se trata de un total de 10 jurisdicciones, entre las cuales se encuentran Estados Unidos, Europa, China y hasta Arabia Saudita.

El Consejo de Pueblos Atacameños (CPA) entregó su primera reacción a la alianza entre Codelco y SQM mediante una comunicación interna enviada a las 18 comunidades que conforman la entidad, suscrita por su directiva encabezada por su presidente, Alexis Romero, y la vicepresidenta, Luzvenia Catur, y en la que remarcaron que en la asociación la instancia no tuvo ninguna participación. “En el acuerdo societario, no participa ni suscribe el Consejo de Pueblos Atacameños ni ninguna comunidad, puesto que es un acuerdo exclusivamente entre las empresas”, indicaron en el primero de los puntos de su escrito.

Sin embargo, revelaron que entre el 22 y 27 de mayo se realizó un proceso de apertura confidencial de los contratos por parte de las empresas, donde participó la directiva del CPA, además de los presidentes y representantes de las 18 comunidades, la que valoraron como un “hito que permite iniciar un diálogo real y efectivo con las empresas, para resguardar la salud del salar y los derechos de las comunidades atacameñas, legítimas dueñas ancestrales del territorio”.

Agregan que en el acuerdo se señalan “una serie de expectativas tanto de plazos, formas y montos de la explotación de litio”, pero que “por ahora, estos no dejan de ser solo deseos de las empresas”.

“Por ello ratificamos lo que las propias empresas han señalado: No dimos aprobación a ningún tipo de proyecto, no se incorporaron cláusulas respecto de los actos que deben ser consultados por Corfo, no dimos viabilidad a ningún tipo de distribución de recursos, no dimos la viabilidad a ningún tipo de aprobación o acuerdo de lo que las empresas llaman ‘proyecto Salar Futuro’”, enfatizaron.