Las consultas que hacen los inversionistas extranjeros sobre el proceso constituyente

Las miradas de los inversionistas extranjeros con presencia en el país están puestas en el desarrollo del proceso constituyente. Incluso, desde antes del plebiscito, en el cual se aprobó por amplia mayoría tener una nueva Constitución.

Pulso contactó a varios estudios de abogados que asesoran a inversionistas extranjeros, para conocer sus consultas e inquietudes sobre el proceso constituyente. A modo general, hay interés por parte de ellos en la evolución del mismo, pero confían en que las instituciones públicas podrán contribuir para que el país continúe su recuperación económica, simultáneamente con el avance del proceso constitucional.

Juan Enrique Allard, socio de Guerrero Olivos comenta que más que preocupación, ven interés en entender el proceso y que no se ha alterado su interés en invertir en Chile. En ese sentido, dice, “da la impresión de que los inversionistas extranjeros tienen una visión menos ideologizada de lo que pasa en el país, por tanto lo ven a largo plazo, incluso como una oportunidad”.

Ana María Yuri, socia de Bofill Mir & Alvarez Jana, también señala que “no veo una especial preocupación, el inversionista extranjero que está disponible a invertir en Latinoamérica considera el factor político en su mérito. De hecho hace unos días y previo al plebiscito, asesoramos una relevante transacción de inversión extranjera en el sector de construcción y la situación que se vive en Chile no inhibió el cierre exitoso del negocio”.

Manola Quiroz, counsel de DLA Piper Chile, añade que “desde la perspectiva del inversionista extranjero, muchas veces a diferencia de los clientes locales, se concibe el futuro tomando en cuenta no sólo la contingencia, sino que la historia de nuestro país, que ha sido -en general- bastante amable con la inversión extranjera. Nuestro país hasta ahora mantiene su consideración como una democracia relativamente ejemplar en el concierto de naciones latinoamericanas”.

Hay coincidencia en que los inversionistas extranjeros están con buena disposición para entender la evolución del proceso constitucional. Y en ese sentido, son varios los focos en que centran su mirada.

Francisco Javier Illanes, socio principal Cariola Díez Pérez-Cotapos, comenta que “todos están muy atentos a la dirección que puedan tomar los cambios constitucionales en las materias que son más relevantes para sus actividades en Chile, como por ejemplo sobre varias de las garantías constitucionales que hoy están vigentes. Y también respecto a los derechos y los compromisos adquiridos por el Estado de Chile, los que esperan se respeten”, menciona.

Cristián Edwards, socio de Puga Ortiz, dice que las preguntas -que empezaron el año pasado- apuntan hacia “los efectos que podría tener un cambio constitucional en el orden público y económico, y en el derecho de propiedad básicamente”. Ahora bien, tras el plebiscito -dice- nota menos inquietud.

Yuri cuenta que entender los plazos involucrados en el proceso y los efectos sobre sus inversiones actuales, son consultas habituales. “En ese sentido, la determinación de límites de la Convención para la redacción de la nueva Constitución en materia de régimen político democrático, y los tratados internacionales ratificados por Chile vigentes, son consideraciones que valoran positivamente”, añade.

Quiroz señala que “en nuestro rol consultivo, hemos manifestado que -de conformidad a la actual Constitución y a la reforma de diciembre de 2019- la nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá respetar el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Por otra parte, la exigencia de un quórum de dos tercios para redactar la nueva Constitución podría limitar mayores impactos en el actual orden público económico”.

Allard comenta que “más que resguardos, es probable que existan consideraciones que antes no se hacían, pero esto dependerá también de la industria de que se trate y de cuán expuesta esta esté a eventuales cambios que puedan derivar del proceso constituyente”.

Por su parte, Illanes cree que “sin duda, habrá muchas decisiones de inversión sujetas a la rigurosidad con la que se desarrolle el proceso constitucional, en especial respecto a las materias que son más atinentes a sus actividades”. Añade que a los inversionistas “les preocupa que nuestro proceso pueda entramparse o distorsionarse en el camino. En especial, por algunas experiencias de otros países de nuestra región”.