Desde la modificación legal que permitió a la Fiscalía Nacional Económica realizar estudios de mercado -facultad hermana de las recomendaciones normativas- el organismo antimonopolios ha desarrollado cuatro estudios de esa índole en los segmentos de Rentas Vitalicias, Notarios, Medicamentos y Textos Escolares. Y ahora se sumará un quinto estudio.

En la cuenta pública de la FNE, realizada ayer, el fiscal nacional económico, Ricardo Riesco, anunció el inicio de un estudio de mercado en área de las compras públicas. El interés del organismo en dicho mercado radica en que "el Estado destina cada año más de US$13.000 millones -cerca de 4,6% del PIB- a estas transacciones".

En el proceso de levantamiento de datos preliminares, la FNE detectó cuatro razones que dieron paso al inicio del estudio: la primera de ellas es la falta de estandarización de los manuales de compra, pues hoy cada institución pública puede contar con su propio manual -distinto del resto-, lo que supone altos costos de información para los oferentes del mercado.

También se advirtió la poca variedad en los mecanismos de compra, existiendo actualmente cuatro formas: licitación pública, licitación privada, convenio marco y trato directo. Esto difiere de los países Ocde, en que existe mayor diversidad de mecanismos para que el Estado adquiera bienes y servicios.

La tercera razón que motivó el inicio del estudio es la duración de los convenios marco, que van entre tres y ocho años, no existiendo justificación técnica para ello, además de la falta de criterio sobre la cantidad deseable de oferentes dentro de un convenio marco.

Finalmente, se advirtió que existe un potencial de modificación de los proveedores entrantes al convenio marco, dado el mecanismo de operación de la regla técnica, en que es posible alterar el precio promedio y, por tanto, determinar qué proveedores entran al convenio marco.

El fiscal Riesco señaló que "de comprobarse la hipótesis con la que se está trabajando, esperamos poder contribuir con propuestas para mejorar las compras públicas de nuestro país".

Balance

Durante la cuenta pública del organismo, Riesco informó de la gestión realizada en los últimos 16 meses, plazo en que se iniciaron 125 casos, de los que el 57% surgieron por propia iniciativa de la FNE. Ellos se suman a los que ya se encontraban en tramitación, lo que da un total de 199 casos, 37% más que los de 2017. La mayoría de ellos corresponden a casos de la división antimonopolios.

Los plazos de tramitación, si bien se han ampliado en el último tiempo, desde 2012 acumulan una baja de 42%, pasando de 568 días a 330. En tanto, las aprobaciones "simple y puramente" a consultas de fusión, se realizaron en 25 días.