La política nacional del litio cumple ya cuatro meses de su lanzamiento en cadena nacional. Desde un principio, la atención se ha centrado principalmente en su punto más inmediato: la negociación con SQM para el ingreso productivo del Estado al Salar de Atacama, el único depósito desde el cual se extrae el mineral clave para la electromovilidad.

El motivo es evidente. El contrato de arriendo de la compañía controlada por Pampa Calichera vence en 2030, y saber qué pasará con el mayor productor de litio del mundo es clave.

Sin embargo, otro de los puntos cruciales de la estrategia gubernamental pasa por agregar otros salares al proceso extractivo. Chile tiene casi 60 depósitos salinos. La medida fue aplaudida en un comienzo, pero ha ido sumando más dudas que certezas con el paso del tiempo.

El anuncio de abril lo mencionó sólo una vez: “Para el resto de los salares que sean considerados susceptibles de explotación se iniciará un proceso público, transparente e informado de licitación a privados de contratos de exploración, sumado a las prospecciones que realizaremos desde el mismo Estado”, dijo el presidente Gabriel Boric en su cadena nacional, el 20 de abril. El mensaje agregaba que “en caso que los resultados de la exploración muestren potencial, el privado tendrá una opción preferente para solicitar un contrato de explotación en asociación con una empresa del Estado como, por ejemplo, la Empresa Nacional del Litio”.

Desde entonces, la licitación a privados de otros depósitos quedó atada a otra decisión clave: la creación de una red de salares protegidos que salvaguarde ambientalmente al menos el 30% de estos ecosistemas al 2030, dando cumplimiento a compromisos internacionales adquiridos en el marco de la Convención Marco de Biodiversidad. Sin embargo, inicialmente no hubo plazos comprometidos.

Recién el miércoles 14 de junio, casi dos meses más tarde, un documento que detalla la estrategia puso un calendario para ése y otros aspectos de la estrategia.

En concreto, la licitación de Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL) -dice el texto- tendrá dos fases. En primer lugar, a partir de 2023 se otorgarán CEOL de exploración y explotación a las filiales de Codelco y Enami constituidas para estos efectos, particularmente en aquellos salares donde ya tienen proyectos en distintas etapas de desarrollo. En segundo término, la licitación de CEOL de exploración a privados quedó calendarizada para el primer semestre de 2024, para aquellos depósitos catastrados por Sernageomin y que sean considerados susceptibles de explotación.

A comienzos de julio, el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau, dio nuevas luces sobre el proceso licitatorio a privados. En una sesión especial del Senado, el secretario de Est

ado afirmó que “probablemente, dado el tamaño de estos salares, se van a agrupar ciertos salares, y esta agrupación de salares pequeños son las que se van a llamar a estos CEOL de exploración”. A ello sumó un aspecto no contenido en el documento oficial: la posibilidad de transar la opción preferente a explotar. “Probablemente sea transable, porque eso hace que le dé más seguridad al proceso, o lo haga más atractivo”, dijo Grau.

Para los actores que ya cuentan con pertenencias en salares y cuencas salinas, así como quienes buscan ingresar por medio de las exploraciones con derecho preferente a explotar el mineral, desde los primeros anuncios de abril han surgido más dudas que certezas.

“Esto se va a judicializar”, prevé uno de los actores cuyas pertenencias lo ubican en el podio de empresas que dicen estar listos para agregar nueva producción de litio fuera del salar de Atacama.

Una de las razones de esta afirmación pasa por el hecho de que el proceso de licitación de CEOL sea solamente referidos a la etapa de exploración. Uno, porque aquellos permisos constituirán un futuro derecho preferente para explotar, pero no asegura pasar directamente a la fase extractiva. Dos, porque además existe un antecedente que podría complicar el proceso. Se trata del fallido proceso de licitación realizado por el gobierno de Sebastián Piñera, el cual heredó a la actual administración, y que la Corte Superman terminó tumbando. Todo, tras acoger los recursos presentados por la Comunidad Atacameña de Coyo y Camar, argumentando que dicha licitación no respetó el Convenio 169 de OIT, que establece una consulta obligatoria a los pueblos originarios.

En ese sentido, las palabras de la ministra de Minería, Marcela Hernando, en la misma sesión especial del Senado del 3 de julio, son señaladas como un mal precedente. “¿Por qué partimos con los CEOL de exploración? Porque un CEOL de explotación requiere consulta indígena y requiere una serie de procesos administrativos, burocráticos que lo atrasarían más. Partimos con los de exploración porque es más rápido”, dijo la secretaria de Estado ante algunos cuestionamientos de senadores de oposición, como el RN Rodrigo Galilea, los que apuntaban a la existencia de “normas sobre la explotación de propiedad que no están claras” y pedían “simplemente arreglar jurídicamente la posibilidad de que esto sea concesionable”, para así gatillar más rápidamente la participación de privados.

Los temores apuntan al modo en que reaccionarían las comunidades a partir del primer semestre de 2024, cuando se entreguen los CEOL de exploración, sin consulta indígena.

Sin embargo, a todo lo anterior se suma un tercer aspecto: las pertenencias existentes. Un actor lo ejemplifica así: alguien que gane una licitación, la que no exige tener pertenencias mineras, obligará a acercarse a quienes sí las tengan constituidas para poder intervenir en su propiedad. Y el precio será alto. O no habrá autorización para ingresar. “El dueño de las pertenencias no los dejará entrar”, pronostica un minero con derechos constituidos. Precedentes para ello hay varios y varios citan fallos judiciales específicos al respecto.

En el Salar de Maricunga, desde al menos 2018, existen cuatro pronunciamientos que han declarado la inoponibilidad del CEOL entregado a Codelco en ese Salar frente a las pertenencias mineras con que cuentan tanto Cominor, del grupo Errázuriz, como el fondo extranjero Simbalik.

“La actual inconcesibilidad del litio no priva a los titulares de concesiones constituidas al amparo del Código de Minería de 1932 del derecho a explotar aquellas, por cuanto ellas se encuentran sujetas al mismo estatuto normativo que aquellas constituidas al amparo del Código de Minería de 1983″, dijo en su sentencia de 2019 la jueza titular del Tercer Juzgado Letras Copiapó, Milena Aedo, que acogió la demanda de Cominor en contra del Fisco. Dicha sentencia fue confirmada luego por la Corte de Apelaciones de Copiapó, en octubre de 2020.

“El Contrato Especial en estudio abarca un perímetro que cubre la totalidad del Salar de Maricunga, según aparece del plano acompañado por la propia defensa fiscal, y de aceptar la tesis de esa parte y de un tercero independiente, resulta que se estaría generando una especie de expropiación sin ley que así lo disponga ni indemnización en favor de las concesiones mineras otorgadas con anterioridad al Código de Minería en actual vigor”, razonó el juez Gabriel Aguilera del Primer Juzgado de Letras de Copiapó, en su resolución dictada el 7 de octubre de 2021, acogió la demanda de Simbalik en contra del Fisco. Esta luego fue ratificada Corte de Apelaciones, el 12 de abril de 2022.

Ambos fallos están aún a la espera de que la Corte Suprema permita zanjar esta situación. Un pronunciamiento que también mira de cerca del Ejecutivo. “Esto se llenará de juicios”, dice un actor. “Antes de tres años, no vamos a tener a nadie listo con la exploración finalizada para poder empezar recién a explotar”, agrega otro ejecutivo de una empresa interesada en el litio.

Para Aldo Boitano, director general y socio de CleanTech Lithium -con proyectos y pertenencias en Laguna Verde, Cuenca Francisco y el salar de Llamara- también resulta crucial resolver este conjunto de temas. “Hay que resolver el tema de la propiedad minera, hay que resolver qué se entiende por derecho preferente, y no se necesita un CEOL para explorar, la ley faculta exploración sin tener uno. Entonces, está poco claro todavía”, comenta Boitano sobre las dudas que persisten en el proceso de licitación.

El ejecutivo coincide en el diagnóstico de sus competidores. “Todos los salares están con propiedad minera de privados, de empresas como SQM, el propio Codelco y Enami. ¿Cómo van a llamar a una licitación y sólo sacar una sustancia no concesible como el litio, cuando en todos esos lugares hay otras sustancias minerales: oro, cobre, potasio, sodio, etc? Cómo van a resolver eso es una segunda pregunta”, enfatiza.

Sobre el derecho preferente a explotar, plantea dudas sobre el sentido económico de no entrelazar la fase exploratoria con la extractiva. “Si una empresa mete, al igual que nosotros, US$30 millones en exploración, ¿después hay un derecho preferente? ¿No tengo el derecho a que yo, por haber invertido, pueda seguir explotando en un lugar? ¿Tengo que postular de nuevo? Quién va a hacer una inversión bajo esas condiciones”, cuestiona.

Con todo, llama a las autoridades a explicar mejor este conjunto de dudas y se muestra alineado con los objetivos de abrir la industria.

“Entendemos el buen propósito de la política nacional del litio, pero la bajada para un instrumento que se pueda usar todavía no llega. Se están armando estas comisiones, se están desarrollando estos diálogos comunitarios, pero nosotros estamos esperando todavía esas definiciones”, sostiene.

Eso sí, también advierte que el fallido proceso de licitación del gobierno de Sebastián Piñera demostró “que no se puede llamar a licitación sobre propiedad de otras personas y sin consulta, es medio complicado y espero que estén trabajando en eso”.

Rodrigo Dupouy, country manager de Sorcia Minerals -filial en Latinoamérica de la firma estadounidense Ensorcia Metals- también ve problemas en el diseño de la licitación.

“Un derecho preferente, el problema que tiene es que es solamente preferente. Es decir, no te garantiza nada”, lanza, y enfatiza en la necesidad de contar con “la seguridad jurídica de que yo voy a gastar una cierta cantidad de millones de dólares para poder explorar el salar.

A su juicio, no hay duda de que “los CEOL de exploración tienen que ir con el CEOL de explotación”.

Por eso, reconoce su preocupación en torno a posibles trancas en el proceso. “Nos preocupa que se pueda entrampar el proceso de licitación de los CEOL, porque si uno no tiene seguridad jurídica, que eso para nosotros no es transable, el único que pierde aquí es el país, porque se va a atrasar todo dos o tres años más”.

Uno de los puntos clave, comparte, es resolver el aspecto en torno a la propiedad minera.

“Eso es un punto muy relevante, no se ha hablado nada hasta el momento de los dueños de las pertenencias. Se ha dicho que el Estado es el único dueño del litio, que está efectivamente establecido en la ley, pero el gobierno pretende hacer una licitación sobre concesiones mineras que no les pertenecen, que han estado pagando año patentes. Creo yo que, para evitar problemas, ellos (dueños de pertenencias) tienen que ser una parte importante de las licitaciones de CEOL, sino puede llegar a haber problemas”, sostiene.

“Será un proceso bastante más lento de lo que cualquiera puede pensar”, agrega otro interesado en el negocio.

Consultado, el Ministerio de Minería declinó responder sobre el futuro de las licitaciones mineras que están programadas para 2024.