La tasa de pobreza que mostró la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) 2022 sorprendió a todos y generó debate entre los académicos y expertos que siguen los temas relacionados con pobreza.

Es que, según esta medición, la pobreza en Chile pasó de 10,7% en 2020 a 6,5% en 2022, en lo que constituye la menor tasa histórica desde que hay datos comparables, en 1990, y también el menor número de población en situación de pobreza, con 1.292.521 personas. Así, los datos fueron aún mejores que los registrados en 2017, previo a la crisis social y a la pandemia, cuando la pobreza llegó a 8,5%.

Una de las razones detrás de esta baja fue el aumento de las transferencias del Estado a los sectores de menores recursos, es decir, subsidios que ayudaron a complementar los ingresos laborales o autónomo de las familias. Esa fue la primera lectura que se dio para explicar el porqué, cuando todos los análisis previos esperaban alzas, el registro bajó.

Pero luego poco a poco fue apareciendo en el debate un concepto poco conocido a nivel general: el alquiler imputado. Este concepto, que es parte de la metodología vigente, se aplica a los hogares propietarios de su vivienda, quienes, al no pagar un arriendo, disponen de esos recursos adicionales para cubrir otras necesidades. Para comparar su bienestar con el de los arrendatarios, los encuestadores preguntan cuánto se paga por alquiler en el barrio que visitan, información que luego es comparada con precios de mercado: el resultado es suma como una fuente de ingresos equivalente.

Precisamente en un reciente informe del CEP, “Medición de la pobreza en Chile: el rol del alquiler imputado”, se ahondó en la problemática de ese concepto en la metodología de la Casen. En ese análisis argumentan que existe un problema de actualización de la canasta no alimentaria (específicamente en el ‘IPC resto’), porque no incorpora el alquiler imputado. “Esto ha derivado en una subestimación significativa de su valor y, con ello, en una subestimación de la pobreza”, detalla el informe realizado por el coordinador académico del CEP, Sebastián Izquierdo, y por Gabriel Ugarte, investigador de ese centro de estudios.

Otro dato que entregan es que entre 2017 y 2022, este componente aumentó en un 29% en los hogares del primer quintil, los de menores recursos. Este aspecto ha sido mayormente ignorado, a pesar de que el alquiler ahora representa el 45% de sus ingresos, frente al 30% de hace solo unos años.

Desde el Instituto Libertad y Desarrollo (LyD) explican así el problema que genera el alquiler imputado: “Dada la masividad de la política habitacional en Chile, gran parte de la población de menos recursos es propietaria de su vivienda y, por ende, incorpora el alquiler imputado a sus ingresos totales, lo que puede distorsionar la medición de pobreza. Esta asimetría es particularmente preocupante en el caso de la pobreza extrema, ya que este ‘ingreso’ no puede ser utilizado para adquirir alimentos”.

Un ejemplo de aquello se encuentra al analizar los datos de la última Casen 2022: en el primer decil, el 58% de las viviendas son “propias pagadas” y otro 17% son “cedidas por un familiar”. Solo un 3% dice que es “propia pagándose”, donde no se imputa el alquiler. Mientras, en el décimo decil, el de mayores ingresos, el 21% de los hogares dice que su sitio es “propio pagado”, 3% que es “cedido por un familiar” y otro 31,3% señala que la situación de su vivienda es “propia pagándose”, lo que se explica por un mayor acceso a créditos hipotecarios por parte de ese segmento socioeconómico.

De esta forma, la imputación de alquiler tiene más relevancia en el primer decil, un gasto que, además, tiene un peso mayor en el presupuesto de esas familias, lo que se incrementó en la última Casen por el alza de los precios de las viviendas.

Según los datos de Casen, en el primer decil el monto promedio de alquiler imputado alcanzó a casi $241 mil, es decir, 48,6% del ingreso total de ese grupo de hogares, y muy por sobre la media del país. Este porcentaje es un salto respecto a 2017, cuando esa variable correspondía al 41% del ingreso total de dicho grupo.

En el otro extremo, en el décimo decil, esa variable corresponde en promedio a solo 8,9% de los ingresos totales.

Considerando entonces ingresos autónomos, subsidios e imputación de alquiler, en el decil de menores recursos solo 19,1% de sus ingresos corresponde al primer tipo, 32,3% a subsidios y el resto a la imputación de alquiler. En el décimo decil el 90,9% del total son ingresos autónomos y prácticamente no hay subsidios.

Dada esta “distorsión”, como la califica LyD, la pobreza estaría subestimada en su medición. De hecho, según cálculos de LyD, al eliminar el componente de alquiler imputado, la tasa de pobreza aumentaría de 6,5% a 16,5% en 2022. Según se desprende de su análisis, este incremento es mayor entre los adultos mayores, “posiblemente porque son propietarios de sus viviendas en mayor proporción que el resto de la población. Por ejemplo, para 2022, al no considerar el alquiler imputado en el total de ingresos, la pobreza en mayores de 60 años sería cinco veces mayor, aumentando del 3,1% al 15,3%”, indican.

El primero en plantear esta opción fue el CEP en su informe donde proponen estudiar dos líneas de la pobreza: una para propietarios y otra para arrendatarios, y así evitar tener que medir el alquiler imputado, que bajo su óptica implica muchos desafíos.

Precisamente este es uno de los temas que la Comisión Experta Asesora Presidencial para la Actualización de la Medición de la Pobreza en Chile está analizando. Esta instancia fue creada en diciembre del año pasado con el objetivo de revisar los distintos aspectos de la actual metodología de medición de la pobreza por ingresos y multidimensional, y junto a ello realizar propuestas para evaluar el instrumento de medición actualmente utilizado, incluida su frecuencia, formato de levantamiento y sistema de gobernanza institucional.

La comisión está integrada por 10 expertos y expertas y es presidida por el economista y académico de la Universidad Católica, Osvaldo Larrañaga. Si bien deben entregar su trabajo con las recomendaciones en enero del 2025, ya hay algunas conclusiones.

En el acta número 5 y 6 del 3 y 17 de abril de este año, la comisión analizó el tema del alquiler imputado. “La propuesta del grupo es eliminar esta imputación de los ingresos y definir líneas de pobreza diferentes entre quienes pagan arriendo y quien no, tal como hace Estados Unidos y otros países. La recomendación del grupo de trabajo se basa en la importancia cuantitativa que ha adquirido el alquiler imputado en el ingreso de los hogares de estrato bajo y la no fungibilidad de este flujo de recursos, que impide pueda ser gastado en bienes y servicios que se adquieren con ingresos”. dice el acta número 5. En esa oportunidad se definió que se adoptaría una decisión en la sesión siguiente.

Y así ocurrió: en el acta 6, la comisión explicita que hay consenso en avanzar hacia tener dos líneas de la pobreza. “Hay acuerdo en el diagnóstico presentado en la sesión pasada por el grupo de trabajo que analizó en mayor profundidad esta materia. Esto es, sobre el efecto que ha tenido el alza en los precios de la vivienda sobre el reporte del alquiler imputado en la encuesta Casen, en la creciente incidencia de este ítem en el ingreso de los hogares de los deciles de menor ingreso, en la no fungibilidad de este tipo de ingreso (no financia la adquisición de otros bienes y servicios), en las insuficiencias en el tratamiento del alquiler imputado en la línea de pobreza, y en la consiguiente subestimación de la medida de pobreza”, expresa el acta de la comisión.

Y se explicita que también hay acuerdo en excluir de los ingresos el alquiler imputado y definir dos líneas de pobreza, para hogares que pagan o no pagan arriendo por la vivienda en que residen.

“Es aplicar el criterio que se usa en Estados Unidos y otros países, pero sin definir una tercera línea para hogares que pagan dividendos por la adquisición de la vivienda. Esto considerando el bajo porcentaje de pagadores de dividendos entre los hogares de bajos ingresos, que es de alrededor del 5% de los hogares de los dos primeros deciles de ingresos, que es la población de interés en la medición de la pobreza por ingresos”, dice el documento de la comisión.

De acuerdo al propio análisis que hace la comisión, la exclusión del alquiler imputado “implicará un aumento de la estimación de pobreza, especialmente en la población mayor a 60 años, que son quienes tienen mayor proporción de vivienda en propiedad”.

Osvaldo Larrañaga explica por qué existe la necesidad de avanzar en tener dos líneas de la pobreza. “Hay un problema con el tratamiento del alquiler imputado, que tiene dos aspectos. Uno es que es una renta que no es líquida en dinero, sino una imputación de lo que las personas que tienen una vivienda propia pagarían en arriendo, se contabiliza como ingreso, pero no es dinero efectivo”.

Y lo segundo es que “lo complicado es agregarlos a los ingresos monetarios para el cálculo de la pobreza cuando son recursos que no se pueden pasar a otros bienes y servicios”. Larrañaga precisó que esta es “es una recomendación en curso que podría tener algunas modificaciones”.

Desde el gobierno, la subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete, no entró en detalle sobre la propuesta de contar con dos líneas de la pobreza, puesto que, afirma, es necesario esperar a que el trabajo de la comisión finalice y el informe sea entregado al Presidente Gabriel Boric en enero.

“Cualquier evaluación técnica sobre si es necesario incorporar las modificaciones que se propondrán se realizará una vez que se haga entrega de dicho informe al Presidente Gabriel Boric. Este es un proceso que respetamos muy seriamente, así que prefiero seguir garantizando que el análisis, reflexión y debate que están realizando los comisionados y comisionadas se mantengan con total independencia”, puntualizó.

La subsecretaria explicó el rol que juega el gobierno con esta comisión: “Más que monitorear, hemos estado al servicio de la comisión para proporcionarle el apoyo que nos ha solicitado, procurando así que las y los comisionados cuenten con los recursos necesarios para llevar a cabo su labor de la manera más efectiva posible”.

Actualmente, está en proceso de preparación para el trabajo en terreno de la Casen 2024, que se realizará entre el 1 de noviembre de 2024 y el 31 de enero de 2025, siendo nuevamente el encargado el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile.

Por esta razón, todos estos cambios que serán propuestos por la comisión serán analizados para ser incorporados en la versión 2026 de la Casen.