Uno de los proyectos emblemáticos aprobados por el Ministerio de Hacienda durante este gobierno ha levantado una serie de dudas entre los expertos. Despachada exitosamente por el Congreso la semana pasada tras ocho meses de trámite parlamentario, la iniciativa antievasión o de cumplimiento tributario promete mayores ingresos por US$4.500 millones en régimen (1,5% del PIB) y unos US$1.200 millones el próximo año, lo que ha despertado las sospechas de muchos especialistas sobre el caudal recaudatorio de uno de los proyectos contenido en el pacto fiscal.

En lo fundamental la nueva ley -solo falta su promulgación oficial- apunta a perfeccionar normas relativas a delitos tributarios y fortalecer los organismos fiscalizadores, y tiene como objetivo, según el gobierno, financiar el alza de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250 mil y el gasto destinado a fortalecer la seguridad pública. Las medidas clave de la iniciativa son el denunciante anónimo tributario con recompensa, la mejora de la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos (SII), la aplicación de la Norma General Antielusiva (NGA) en sede judicial y el levantamiento del secreto bancario, entre otras.

“Los evasores tendrán que prepararse”, dijo un desafiante ministro de Hacienda, Mario Marcel, tras la aprobación del proyecto.

Pero el Congreso también aprobó un sistema de repatriación de capitales con una tasa del 12%, una réplica de la misma medida lanzada en 2014, la cual exigía una tasa del 8% y que finalmente recaudó exitosamente un 0,63% del PIB. Esta vez, sin embargo, el plazo para suscribir la medida es mucho más estrecho que su símil de hace 10 años y tendrá como fecha límite el 30 de noviembre de 2024. “De manera conservadora se proyecta que la repatriación de capitales propuesta en esta oportunidad recaudará un tercio de lo ingresado en esa ocasión (2014). De esta manera, la recaudación sería del 0,21% del PIB durante el año 2024″, describe el informe financiero del proyecto aprobado.

Bajo la mirada inquisidora de muchos expertos tributarios por el efecto recaudador de las medidas contenidas en la iniciativa, esta semana el propio director subrogante del SII, Javier Etcheberry, intentó aplacar las dudas y dijo estar optimista sobre las mejoras en las herramientas que tiene Impuestos Internos para atacar la evasión, el comercio ilícito, el crimen organizado y la informalidad. De hecho, destacó la mayor presencia en terreno para fiscalizar. “Son 700 funcionarios del SII quienes participan al mes en acciones de Cumplimiento Tributario en terreno, cuyo objetivo central es generar un cambio de comportamiento en el contribuyente, y en los de su entorno”, enfatizó Etcheberry.

Sin embargo, Ximena Niño, socia de Tax & Legal en Deloitte, muestra sus dudas acerca del potencial recaudador que tendrá la nueva ley antievasión, especialmente en 2025, cuando esta iniciativa se espera que aporte US$1.200 millones al Presupuesto de la Nación. “Todos quisiéramos que se cumplieran los ingresos proyectados con las modificaciones que introduce el proyecto de cumplimiento tributario, pero tenemos dudas razonables de la potencial recaudación que se podría lograr con los cambios. Aun cuando nos parecen importantes algunas de las medidas, como aquellas que buscan la formalización de los negocios, nos preguntamos si la implementación de tales medidas, en conjunto con otras actividades de combate al comercio ilícito, podrán ser efectivas y, en definitiva, reducir al máximo el comercio y las actividades informales que evaden el cumplimiento tributario”, afirma Niño, quien también cuestiona el logro de las estimaciones de crecimiento económico para el próximo año. Mientras el gobierno ha fijado en un 2,7% la expansión de la actividad para 2025, el mercado sólo espera un 2,2%.

Juan Alberto Pizarro, presidente de la Comisión Tributaria del Colegio de Contadores de Chile, profundiza el análisis: “Es muy difícil recaudar una cifra del 1,5% (del PIB) con medidas administrativas contra la evasión. Estas medidas son, en su mayoría, de lenta implementación. En algunos casos -como las normas antielusivas- requieren una calificación previa y el contribuyente tiene el derecho a defensa en los TTA (Tribunales Tributarios y Aduaneros) e instancias judiciales superiores. De esta manera, la recaudación efectiva de impuesto puede tardar años. Si a esto sumamos que las medidas de cumplimiento tributario deben apuntar a reducir conductas que subyacen a fenómenos como la economía sumergida (informalidad en los negocios), que requieren un esfuerzo conjunto de las políticas públicas y no se trata necesariamente de más o menos fiscalizadores y facultades al SII, el cumplimiento de la meta de recaudación puede ser aún más complejo”, sostiene.

El experto concuerda también con el análisis hecho por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a fines del año pasado, cuando proyectó que la iniciativa no recaudará más de un tercio de lo prometido.

En la misma línea, el exdirector de Presupuestos del segundo gobierno de Sebastián Piñera, Matías Acevedo, dice que el informe financiero del proyecto no tenía los supuestos para poder evaluar si las estimaciones que se hacen son factibles o no de cumplir. “Todo esto demuestra la dificultad de medir y lo incierto que será la mayor recaudación, tal como señaló el FMI en enero de 2023, donde a lo sumo ha visto una mayor recaudación de 0,5 puntos del PIB y no de 1,5 puntos del PIB como señala el gobierno”, afirma Acevedo, quien de todas formas destaca la presencia de Javier Etcheberry al mando del SII, en momentos en que se busca generar mayor recaudación tributaria.

Una opinión con más matices tiene el socio Tax & Legal de KPMG y excoordinador de Política Tributaria del segundo gobierno de Michelle Bachelet, Alberto Cuevas, quien cree que el cumplimiento de la meta recaudatoria depende principalmente de la gestión de fiscalización que haga el SII.

“Las modificaciones introducidas, salvo algunas como la nueva ventana de regularización de rentas y bienes del extranjero y la eliminación de la exención del IVA y derechos aduaneros a las importaciones de bajo monto, no producen recaudación en sí mismas. Es verdad que puede haber algún efecto disuasivo por algunas medidas, pero la mayor parte de ellas dependen de lo que haga el SII, Aduanas y la Tesorería. Esta última, respecto de mejorar la cobranza de las deudas tributarias. Sin una fiscalización potente, las estimaciones no se van a cumplir”, asegura el abogado de KPMG.

Cuevas destaca también la “sobrada” experiencia que tiene Etcheberry en la gestión de fiscalización que llevará adelante, especialmente en materia de IVA.

“Si se logra disminuir la evasión en materia de IVA, eso tiene también un impacto en renta y puede ayudar a cumplir las expectativas, pero va a tomar tiempo. También hay brechas importantes generadas por el contrabando y más en general por el crimen organizado, por ejemplo, en el caso de los cigarrillos. Ahí se requiere un trabajo coordinado con Aduanas, las policías y el uso de la tecnología disponible, más una fuerte presencia en terreno”, dice Cuevas.

En todo caso, el abogado repara que en la actualidad el trabajo de fiscalización es mucho más complejo. “Los antiguos evasores han mutado a organizaciones criminales, incluso internacionales, donde la sola presencia de fiscalizadores del SII ya no es suficiente. Se debe además cuidar la seguridad de los funcionarios y desarrollar labores de inteligencia fiscal de la mano de otras entidades como la Fiscalía y la Unidad de Análisis Financiero. Todo esto toma tiempo y los procesos son largos para generar frutos concretos en materia de recaudación”, complementa.

Pero uno de los mayores cuestionamientos a la nueva ley apuntan a la medida que abre una ventana a la repatrición de capitales, cuya recaudación está prevista para este año y bordea los US$ 700 millones. A diferencia de la misma medida lanzada en 2014, esta vez el espacio para acogerse a la ventana será de menos de dos meses. “Este beneficio estará disponible desde el mes siguiente a su publicación y hasta el 30 de noviembre” del año de su aprobación, dice el texto legal.

“El plazo estrecho juega muy en contra para quienes se quieran acoger, por lo que esperamos que por la vía legal se incremente dicho plazo, de lo contrario, podría no cumplirse la meta de recaudación por ese concepto”, manifiesta Ximena Niño, de Deloitte, quien recuerda que la tasa exigida será del 12% (a diferencia del 8% de 2014).

“Para que tal medida sea efectiva y se logren los objetivos, los titulares de tales bienes y rentas no deberían tener desconfianza en nuestro país y sus expectativas sobre el futuro deberían conducirlos a acogerse al sistema de regularización de sus inversiones. Sin embargo, no podemos garantizar que eso vaya a ocurrir”, indica.

Un influyente abogado de la plaza coincide y dice que no hay razones claras para que un contribuyente traiga sus capitales desde el exterior a una tasa mayor que la de hace una década y en un ambiente político y social más convulsionado. “¿Si no traje esos recursos a Chile en 2014, por qué debería traerlos ahora?”, se pregunta la misma fuente.

Alberto Cuevas de KPMG, considera que el corto plazo que hay para inscribirse y repatriar hace muy difícil lograr la recaudación estimada. “Una alternativa podría ser prorrogar el plazo. Preparar este tipo de declaraciones implica solicitar documentos, incluso a veces al extranjero, lo que es muy difícil de lograr en un plazo tan acotado”, concluye.