Las dudas y tensiones que despierta la licitación del Registro Civil

Nuevos interesados, incertidumbre por el periodo de implementación y búsqueda de director. Esos son algunos de los aspectos que circundan la licitación del nuevo modelo de sistema de identificación, documentos de identidad y de viaje del Registro Civil, cuyo futuro adjudicatario tendrá un flujo de ingresos aproximado de US$ 480 millones en diez años y cuya presentación de ofertas se aplazó recientemente de fines de enero a abril.

Para entender el estado del arte actual de este concurso, vale la pena explicar lo que ha ocurrido en el mismo durante los últimos meses.

En junio de 2020 el servicio de identificación nacional lanzó las bases de la licitación para el nuevo periodo de diseño, desarrollo, fabricación y soporte de los pasaportes y cédulas de identidad del país. Desde ese momento hasta ahora ha corrido mucha agua bajo el puente, como la remoción del director del Registro Civil, Jorge Álvarez, el 16 de octubre, un día antes que se publicara la resolución que extendió por segunda vez el plazo para que el organismo pudiera contestar el torrente de más de tres mil preguntas que hicieron interesados en la licitación, ante las dudas que generaban los plazos y la falta de detalle de distintos aspectos del proceso.

Además, en los últimos meses el Registro Civil contrató a la consultora El Trébol-IT para que hiciera una auditoría a la actual empresa que tiene la licitación que concluye en enero de 2022, tras diez años de servicio, la francesa Idemia (ex Morpho). El informe estableció que la firma europea no ha cumplido algunas de las reglas establecidas en las bases de la anterior licitación, como la verificación biométrica de los solicitantes de renovación de cédula de identidad o de pasaporte, específicamente la comparación facial como elemento de control.

El informe también tuvo reparos en contra del incumbente, respecto a que hay información que no se ha transparentado en relación con las reglas del negocio y solo las manejaría Idemia.

Sin embargo, fuentes del proceso y que han estado relacionadas con el Registro Civil cuestionan a la consultora. Indican que se les obligó a contratarla y que ésta no tenía experiencia. Asimismo, señalan que su contratación fue recomendada por Juan Bennett, exdirector del Registro Civil en el régimen militar, exsocio de Sonda -empresa que tuvo la licitación anterior y que en este concurso está participando junto a la francesa Thales- y actual asesor de la Dirección de Presupuestos en materia tecnológica.

Por lo anterior, Idemia acudió a la Contraloría a denunciar, por un lado, la forma de contratación de El Trébol -un poco antes de que las bases de la nueva licitación del Registro Civil entraran en toma de razón por parte de la Contraloría- y también los informes mismos -resaltando que no habían presentado mayores reparos en las 22 auditorías hechas en ocho años, incluyendo tres auditorías de procesos de trazabilidad y cadenas de custodias por parte del gobierno de EE.UU. por la visa waiver de Chile-. También buscaban impugnar el pago de una multa que le hizo el servicio a la luz de la cuestionada auditoría.

Fuentes internas del Registro Civil indican que se reportaban los avances y novedades de la auditoría al Consejo Asesor del gobierno que vela, entre otras cosas, por la modernización del Registro Civil, donde el ex Sonda es miembro.

Por otro lado, algunas empresas envueltas en el concurso indican que Idemia contaría con ventajas en ciertos módulos, al tener datos como actual concesionario. Ante esto, la francesa se defiende e indica a este medio que “en estas condiciones, Idemia no cuenta con ninguna ventaja por el hecho de ser el proveedor del sistema actual, ya que al igual que los demás participantes, deberá empezar desde cero para ofrecer una solución que responda a las especificaciones establecidas”.

Al ver que era imposible recibir ofertas el 26 de enero pasado, tras responder las más de tres mil preguntas de los solicitantes el 9 de diciembre, el Registro Civil decidió modificar las bases del concurso y su calendario, por lo que la presentación de ofertas de los proponentes quedó fijada para el 5 de abril. En tanto, la fecha máxima de adjudicación será el 10 de septiembre y el contrato mismo se celebraría el 26 de octubre.

A contar de la adjudicación de septiembre, entrará en vigor la fase de 14 meses de implementación, que consta inicialmente de ocho meses de desarrollo y una posterior marcha blanca de los servicios de seis meses. Aquí surgen fuertes dudas por parte de interesados en el proceso.

“¿Qué pasa si hubiese un proceso judicial una vez hecha la adjudicación y antes de que se firme el contrato y quede todo entrampado? Ese es un riesgo fuerte de inversión”, dicen desde una empresa, quienes se autorresponden que desde el gobierno “quieren adjudicar a toda costa el contrato antes de finalizar su periodo, sin que pase antes por toma de razón de Contraloría”. Además, el plazo de implementación no es visto como realista o viable por parte de algunas empresas interesadas. “Es un periodo técnicamente imposible de cumplir”, afirma el máximo ejecutivo local de una de ellas.

La actual concesionaria, Idemia, pidió hace un tiempo un periodo de suspensión del proceso, por poca claridad técnica en las bases. Ante esto, el Registro Civil acusó por escrito en el Tribunal de Compras Públicas que la firma francesa buscaba retrasar el proceso de licitación de manera de poder extender su contrato actual.

Esto último se basa en que si se consideran a contar de la adjudicación de septiembre ocho meses de implementación antes de la marcha blanca de seis meses, habrá un periodo entre enero de 2022 -cuando termina el contrato de Idemia- y mayo, donde no habrá un operador que provea a la población de cédulas y pasaportes.

Ante este posible panorama, el Registro Civil se limitó a responder a Pulso Domingo que “los plazos de la licitación se encuentran publicados en www.mercadopublico.cl y es a ellos a los que se atendrá el Servicio, asegurando la continuidad operacional del sistema de identificación”.

Fuentes técnicas que han hecho seguimiento a esta licitación relevan otras preocupaciones. Remarcan que en 2012 el concurso fue con el modelo llave en mano, donde la empresa ganadora tenía que invertir e instalar una solución, darle soporte y recibir ingresos en base a la venta de los documentos que emiten: cédulas de identidad, pasaportes y salvoconductos, por lo que el Estado actualmente no gasta dinero en las emisiones ni en los procesos, todo corre por cuenta de Idemia, incluso los riesgos, como el menor flujo de documentos emitidos durante la pandemia -donde se pasó de un ritmo de impresión de 1.500 pasaportes diarios a cinco en su momento más bajo-.

Lo anterior supone para estas fuentes una fortaleza para el Estado, donde se puso un foco fuerte en el aspecto técnico de la adjudicataria, ítem que pesó un 50% en la oferta, mientras que el otro 50% fue la parte económica.

En cambio, en el actual concurso se plantea una ponderación 40% técnica y 60% de precio, con un modelo de licitación mixto, en el cual se dividen 12 módulos a trabajar, siete a cargo de la empresa que se la adjudique y cinco a cuenta del Estado, por ejemplo, la compra de mobiliario y hardware.

Hay quienes en la industria lo ven como “débil en sus exigencias técnicas, pues se piden muchos papeles y poca verificación de fábricas y laboratorios en terreno”. El Registro Civil retruca que “la calidad y seguridad (de los documentos) están totalmente cubiertos y en ningún caso se verán disminuidos a razón de los precios resultantes”.

Pese a todos los reparos que pueda haber entre las partes en torno al concurso de licitación, este es apetecido por actores locales e internacionales.

Fuentes de la industria de la identificación de documentos indican que este es un negocio con un margen en torno al 10%. En Chile, los ingresos que se han calculado para Idemia entre 2012-2022 son cercanos a US$ 300 millones. Para esta nueva licitación esto aumentó a un estimado de US$ 480 millones.

El Registro Civil detalla que para el nuevo contrato la proyección prevista respecto al crecimiento anual de cédulas de identidad es de un 1,48% y un 4,69% para los pasaportes, con una base referencial para el primer año de 3,2 millones y 310.000 unidades, respectivamente. Por otra parte, el servicio estatal estima que durante la vigencia del nuevo contrato emitirán 34,2 millones de cédulas de identidad y 3,8 millones de pasaportes.

Así, al interés que se sabe que tienen el consorcio chileno-francés Sonda/Thales, la francesa Idemia, las españolas Indra y Everis, la china Aisino, la chilena Sentra y las alemanas Veridos y Muehlbauer, se sumarían otros actores, según ha podido averiguar Pulso Domingo.

Uno de ellos es la japonesa NTT Data, que incluye dentro de su participación a Everis. El responsable global de Sector Público de Everis, Álex Morán, explica a este medio que “la principal ventaja competitiva es que Everis y NTT Data, el quinto integrador tecnológico del mundo presente en más de cincuenta países, cuentan con una amplia gama de servicios de consultoría y tecnología que nos permiten plantear soluciones de alto valor para nuestros clientes, desde la solvencia que nos da contar con más de 20 años de operación en Chile y un equipo local de más de 1.700 personas”.

Morán valora el nuevo plazo de la licitación y dice que “permitirá que ajustemos la propuesta que venimos trabajando hace más de seis meses”. Sin embargo, resalta que “identificamos que algunas dudas presentadas al Servicio y cuya respuesta hacían referencia a las ‘Modificaciones y/o Aclaraciones de las Bases’ no fueron cubiertas en este documento, y contar con ellas sería positivo para que el proceso sea más claro”.

Al mismo tiempo, asevera que “es fundamental que el calendario del proceso de contratación no se demore todavía más, dado que ello podría redundar en la necesidad -por falta de tiempo por parte del nuevo adjudicatario para implementar los requerimientos establecidos para el inicio de la operación- de tener que ampliar el actual contrato, con el correspondiente perjuicio para el interés público”.

Conocedores del proceso aseguran que la holandesa Smartmatic (que ha estado a cargo de las votaciones en Venezuela), la española El Corté Inglés (empresa integradora de tecnologías), la tecnológica japonesa NEC y la alemana Dermalog también han estado haciendo seguimiento a la actual licitación chilena.

Desde la alemana Veridos -una empresa conjunta alemana entre el proveedor de tecnología de seguridad Giesecke + Devrient y la estatal Bundesdruckerei-, confirman a Pulso Domingo que “estamos observando de cerca las licitaciones para proyectos de identidad en todo el mundo, también en Chile”.

El Estado ha reiterado su intención de modernizar el Registro Civil y de digitalizarlo aún más. Pero lo cierto es que la intermitencia del responsable del servicio no ha contribuido a lo anterior. Seis son los directores que ha tenido el Registro Civil en los últimos nueve años que ha durado la actual concesión. Y van por el séptimo.

El 3 de enero recién pasado el Servicio Civil convocó a un concurso por Alta Dirección Pública para un nuevo director del Registro Civil, convocatoria que estaba planteada hasta el 18 de enero, pero que decidieron extenderla hasta el 25 del mismo mes. En total hubo 222 postulaciones y 210 fueron considerados admisibles para análisis curricular, lo que es realizado por la empresa externa Target Training Ltda. - Infante. El lunes de esta semana, 30 candidatos avanzaron a la etapa de evaluación directivo y/o psicolaboral. Será este nuevo timonel, entonces, el encargado de llevar adelante la licitación de documentos que se adjudicará en septiembre. P