Fue en un seminario de la Sofofa donde el ministro de Hacienda, Mario Marcel, envió una señal al sector privado. Por primera vez se mostró abierto a reducir la tasa de impuesto a las empresas, hoy en 27%, más allá de 25%, e incluso deslizó que se podía pensar en 23%. Pero siempre y cuando estuvieran presentes las compensaciones que permitieran cuadrar la caja fiscal para mantener el principio que tendrá este proyecto de ley de impuesto a la renta: ser recaudatoriamente neutro.

Esta apertura fue bien recibida por el mundo privado, representados por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), quienes desde un comienzo de esta discusión propusieron reducir la tasa corporativa a 23%, cifra que es hoy el promedio de los países Ocde y que, afirman, permitiría reactivar la inversión.

“Valoramos que el gobierno se haya abierto a bajar la tasa de primera categoría a 25%, y ojalá algo menos que eso para que mueva la aguja en materia de crecimiento. Es una buena noticia que haya un diagnóstico consensuado de que el nivel de tasas hoy es muy elevado”, afirma ahora a Pulso la presidenta de la CPC, Susana Jiménez.

La propuesta tributaria del gobierno se puede dividir en dos: una que incluye cambios en la estructura impositiva para las grandes empresas, y la segunda parte, enfocada en las pymes, clase media e impuestos a las personas.

Para el primer eje, en concreto se propone crear un nuevo esquema de tributación. Lo primero que mencionan es que las grandes empresas quedarán, como régimen general, en un sistema desintegrado o dual. Este sistema tendrá una tasa de impuesto de primera categoría que pasará de 27% a 25%, o menos, tal como lo ha dicho Marcel.

Luego, se creará un impuesto a la primera distribución de utilidades, con una tasa de 4%, independiente de quien sea el destinatario de las utilidades retenidas al momento de la distribución. Y otra tasa de 16% para los propietarios contribuyentes de impuestos finales (rentas del capital), que será retenida al momento de realizar la distribución de dividendos. Esta última aplicará solo cuando retiren los accionistas finales y no si el retiro se hace entre empresas socias.

De esta manera, la carga total sobre las utilidades generadas por las empresas en régimen general quedaría en 39,5% en lugar del 44,5% actual, nuevo nivel que, según Hacienda, se ubicaría un poco por debajo de la mediana de la Ocde.

El segundo eje es un sistema simplificado para las pymes, que incluye lo que Hacienda denomina un régimen transparente, donde el dueño de la empresa tributará según sea su global complementario y se dejará como sistema alternativo el que actualmente opera como general: con una tasa menor a 25% pero superior al 12,5% que rige hoy en día. También se perseverará con un alza de impuestos a las personas que tengan ingresos sobre los $ 6 millones mensuales.

Hasta el momento, uno de los principales nudos o tensiones que estaba presente en el debate entre los parlamentarios y el gobierno era este incremento impositivo para las personas. Principalmente de la oposición, quienes han anticipado que rechazarían cualquier tipo de alza. Esta nueva fórmula de Hacienda tiene como un universo solo 153.516 personas, el 1,4% del total de contribuyentes.

Si la apertura de Marcel a bajar más la tasa impositiva a las grandes empresas hacía prever que se acercaba un acuerdo entre el mundo público y el privado, apareció sobre la mesa una nueva última línea roja: la desintegración del sistema, algo que, por ahora, Hacienda no tiene previsto transar.

El primer intento para desintegrar el sistema impositivo ocurrió en la reforma de 2014, bajo el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Sin embargo, esa idea no prosperó y se acordó crear dos regímenes.

El primero, un régimen semiintegrado que entrega al impuesto personal un crédito tributario del 65% del impuesto de primera categoría. Por tanto, para los dueños de las sociedades anónimas, y otras empresas acogidas al sistema semiintegrado, el 35% del impuesto pagado por sus empresas no es imputable como un crédito al pagar sus impuestos personales.

Y el segundo es el sistema de renta atribuida, el cual se aplica una imputación total del ingreso y del crédito del impuesto de primera categoría a los socios. En otras palabras, es un sistema integrado, pero con base devengada, lo que lo diferencia del sistema anterior, que era con base retiro o caja.

Este fue el primer gran cambio al sistema tributario desde 1984, cuando se estableció como régimen general el sistema integrado, con el cual el 100% del impuesto pagado por las empresas era imputado como crédito a los dueños de las empresas.

En esta reforma, el gobierno quiere generar una segunda gran modificación y avanzar hacia la desintegración del sistema. Pero el camino para lograrlo se ve bastante complejo: en el sector privado son partidarios de integrar el sistema tributario. Eso se lo han transmitido al ministro Marcel tanto en las reuniones formales como más informales. Un conocedor de estas conversaciones afirma que Hacienda tiene decidido ingresar el proyecto con una baja en el impuesto a las empresas desde el 27% al 25% o 24%, pero con incluyendo la desintegración del sistema, puesto que consideran que las rentas del capital y las del trabajo deben tener tratamientos distintos.

Para quienes han conversado con Marcel, sostienen que esta es una línea roja para el ministro si se quiere tener justicia tributaria. No obstante, donde sí se mostraría más abierto a negociar es en las tasas que se aplicarán al retiro de dividendos.

“El problema de desintegrar el sistema es que hay empresas más pequeñas que quedarían en peor situación que la actual, incluso bajando el impuesto corporativo. En cambio, si se baja el impuesto corporativo y se compensa con un impuesto a la primera distribución, pero manteniendo la integración, se logra una baja mayoritaria de la carga tributaria, situación que permite redinamizar el crecimiento económico”, afirma la presidenta de la CPC, Susana Jiménez.

Lo que plantean en el gran empresariado es que al desintegrar el sistema, un grupo de unas 100 mil empresas aproximadamente, en lugar de beneficiarse con una baja en su carga tributaria, subiría, afectando su desarrollo. Por ello, en su propuesta plantean bajar el impuesto a 23% y aplicar una tasa al retiro de dividendo de entre 6% a 7%. Con ese esquema aseguran que la menor recaudación que se generará por la rebaja al impuesto corporativo se compensará.

En una reciente entrevista en Pulso, el vicepresidente de la Sofofa, Óscar Hasbún, valoró varios aspectos de la propuesta de Hacienda, pero explicó claramente por qué no les gusta la desintegración: “Hay dos cosas perfectibles, una es la idea de tener un sistema totalmente desintegrado. Esto tendría una implicancia muy negativa: generaría que todas las personas que hoy tributan por debajo de la propuesta del ministro, del 39%, terminarían pagando más de lo que pagan hoy y esas son 100.000 pymes que hoy tributan en este régimen, más cientos de miles de otros contribuyentes. En este momento, donde necesitamos generar empleos formales y que cada día más gente quiera animarse a la actividad empresarial, sería una mala noticia”.

Ante este escenario, desde el sector privado manejan como alternativa, en caso de que el gobierno quiera persistir con la desintegración, el plantear que al menos el régimen impositivo se mantenga tal cual está hoy, es decir, un sistema semiintegrado aplicando tasas de retiro de dividendos.

Un conocedor de la interna del Ejecutivo asegura que “el gobierno está abierto a hacer cambios, ser flexible con las tasas, pero siempre y cuando se desintegre el sistema. En eso, por ahora, no lo transa”.

Un experto tributario que conoce bien estos temas técnicos-políticos afirma que la discusión sobre qué sistema impositivo es mejor es netamente ideológica, puesto que ambos funcionan bien y se puede lograr la recaudación esperada, ya que aquello dependerá de las tasas que se apliquen.

“Todos los sistemas tienen virtudes y defectos. No pueden evaluarse abstrayéndose de la arquitectura institucional que los rodea. Hay sistemas integrados eficientes, y sistemas desintegrados eficientes, pero la pregunta correcta es qué sistema es el más adecuado para las necesidades de nuestro país, mirando el largo plazo, considerando sus instituciones y estructura económica”, puntualiza Víctor Fenner, socio adjunto de conocimiento en políticas tributarias de EY.

“El disociar la tributación de los socios de las sociedades y el de las compañías mismas, más aún si existen altas tasas de impuesto corporativo y personal, lleva a una carga que termina siendo desproporcionada e injusta”, dice Luis Felipe Ocampo, abogado socio de Recabarren y Asociados.

Javier Jaque, socio líder de CCL Auditores Consultores, complementa esa visión: “A nivel de las empresas no representa un mayor costo en términos simples, no obstante, al nivel de los impuestos finales integrados por las empresas, cuando yo soy un inversionista, por cierto, que lo hace más gravoso el desintegrado”.

Loreto Pelegrí, socia de asesoría legal y tributaria de PwC, alerta que la aplicación de una tasa de 4% al primer retiro de dividendos, “al no distinguirse a quién se le aplica como impuesto a la primera distribución, podría afectar gravemente a los fondos de pensiones”. Esto, porque sostiene que “hoy el impuesto de primera categoría, por las inversiones que tienen la AFP en el mercado de capitales se pierde, ya que no es imputado como crédito ni es devuelto a los pensionados”.

Una exautoridad ligada al oficialismo, y que sigue de cerca este tema, suma otro ingrediente que poco a poco podría comenzar a tener una mayor presencia en el debate: “Si la diferencia es entre integrar o desintegrar, pero al final se terminará quedando tal como está hoy, es preferible que el gobierno cuente bien los votos porque si no, no vale la pena hacer todo este desgaste de negociaciones y discusiones en el Congreso para quedar igual”.

Lo último que dijo el ministro Marcel sobre el plazo de presentación de este proyecto es que sería en enero. Y si la discusión y los acuerdos con el sector privado han sido complejos, el escenario con los parlamentarios no se ve mucho mejor. Por lo mismo, para comenzar a socializar la propuesta es que el ministro Marcel ya se ha reunido con las bancadas del bloque oficialismo, a quienes les presentó las ideas matrices y recibió propuestas y opiniones de los legisladores.

Si bien a Chile Vamos ya se le cursó la invitación, no está claro si concretará algún encuentro la próxima semana, cuando se retome el trabajo legislativo.

De momento, el alza de impuesto a las personas de mayores ingresos no cuenta con el apoyo de la oposición e incluso está puesto en duda por el propio oficialismo. Si bien todavía no lo dicen en público, sí consideran que sería inadecuado subir tasas con la coyuntura actual de bajo crecimiento económico y un empleo que se ha venido desacelerando.

Sobre la desintegración del sistema, en caso de que Hacienda la llegara a botar y no perseverar, algunos legisladores del oficialismo creen que podrían generar molestia en sectores del Partido Comunista y del Frente Amplio. Para estos últimos, el desintegrar es un aspecto “muy importante” de la propuesta, por lo que esperan que sí esté dentro del contenido del proyecto.

Jaime Naranjo, diputado oficialista ex-PS, dice que “la desintegración del sistema es un avance en materia tributaria que permite establecer una mayor justicia tributaria”. Por ello comenta que “espero que no se transforme en obstáculo para avanzar en lo que el gobierno ha considerado como pacto social para alcanzar mayor justicia tributaria”. Así, el legislador enfatizó que “para mí la desintegración es un pilar fundamental en esa dirección”.

Desde la oposición, la mirada es mucho más crítica y se oponen tanto a la desintegración como al alza de los tributos de las personas de mayores ingresos. Uno de ellos es el senador Juan Antonio Coloma (UDI). Si bien aclara que todavía no se conoce el detalle, “me parece que desintegrar el sistema es un error, ya que va en el sentido inverso a lo que tiene que ser un sistema simple”. Sobre el impuesto a las personas, planteó tajante: “No hay espacio para subirlo”.

Para el presidente del Senado, José García Ruminot, “la desintegración es un freno al crecimiento de las pymes. No lo considero oportuno ni conveniente”. Mientras que tampoco ve conveniente el aumento de impuesto a la renta para las rentas mayores a $ 6 millones: “Mayoritariamente el alza de impuestos sería a profesionales, a personas que han dedicado muchos años a estudiar y obtener especialización en diferentes áreas. Son, además, personas que pagan cifras importantes de contribuciones de bienes raíces”, dice García Ruminot.