Las medidas que propone el Frente Amplio para bajar el precio de las viviendas y arriendos

Amplio debate ha generado en las últimas horas las cifras de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) sobre el mercado inmobiliario, calificando el costo de las viviendas como "severamente inalcanzable".

El gremio atribuyó el fuerte aumento que han mostrado las propiedades a la escasez de suelo, especialmente en la Región Metropolitana, y también al efecto que tuvo la reforma tributaria de 2016, en particular el IVA a la construcción.

En ese contexto, el Frente Amplio liberó un documento con una serie de medidas tendientes a morigerar el valor de las propiedades que se han disparado 67% desde 2011, con el consiguiente impacto en los arriendos.

Las medidas son:

1. Impuesto de recuperación de plusvalía, para que los proyectos inmobiliarios retribuyan a la sociedad el aumento de valor que tienen sus propiedades gracias a la inversión pública. Que sea difícil de recaudar no quiere decir que no sea necesario.

1. Sistema de vivienda pública con inmuebles de propiedad de los Municipios, involucrando en su diseño a cooperativas de vivienda, y que se arriendan con un tope de precio proporcional a los sueldos de las y los beneficiarios.

1. Reserva de suelos públicos destinados a vivienda, para limitar su valor de suelo y así promover allí la construcción de proyectos habitacionales accesibles para todas y todos.

1. Regulación de las tasas de rentabilidad de los proyectos de vivienda, para compatibilizar la inversión con precios accesibles para las familias chilenas, con sistema público y con metodología clara. A escala local, observatorio municipal de precios que regule a escala de barrios.

1. Reformar el sistema de pago de contribuciones para que sea más progresivo, considerando un principio de agregación de propiedades que sume los avalúos para quienes concentran muchos inmuebles y el acercamiento al avalúo comercial.

1. Reformar la institucionalidad estatal, para crear organismos como una Superintendencia de Vivienda que transparenten y fiscalicen las condiciones de competencia, eventual colusión y concentración de la propiedad en el mercado inmobiliario.

1. Impulsar una política descentralizada y real de integración social y urbana, que considere porcentajes mínimos de vivienda pública, pero no con beneficio normativo hacia las inmobiliarias, sino que como condición mínima para obtener el permiso de construcción.

Uno de los que está liderando esta cruzada por intervenir este negocio es el diputado Gonzalo Winter (CS), presidente de la Comisión de Viviendas de la Cámara Baja.  Esta mañana, el parlamentario criticó lo que a su juicio han sido las nulas políticas públicas en la materia y también las ganancias que han registrados constructoras e inmobiliarias.

En esa línea, Winter advirtió que en el mundo "hay cientos de formas de que el Estado intervenga para bajar los precios" de la vivienda.

"Nosotros estamos proponiendo que hagamos políticas públicas para bajar el precio de la vivienda para ponernos del lado de la gente que está de allegada y que se está yendo a campamentos", sentenció.