Pensiones por DDHH y recorte a gastos de Piñera: los temas que quedaron en el Presupuesto a disgusto del gobierno

En general, los proyectos no son despachados a Ley tal como los presenta el Ejecutivo, pero en esta oportunidad los parlamentarios presentaron una serie de ideas que terminaron siendo aprobadas por un amplio sector, transversal, a pesar de las miradas contrarias del ministro de Hacienda, Ignacio Briones y del director de Presupuestos, Matías Acevedo que con diversos argumentos trataban de contrarrestar esas mayorías.

Pese a que el gobierno trató de eliminarla, el Senado apoyó la indicación del diputado Daniel Nüñez (PC) por la cual se establece que el Estado otorgue una pensión para víctimas de violaciones a los DD.HH. que sean acreditadas por el Instituto de Derechos Humanos, “para personas que a causa de sus lesiones sufran un menoscabo permanente, completo o parcial, de su capacidad de trabajo desde el 18 octubre de 2019 en adelante”.

Y se incluyó en el texto despachado. “Valoro enormemente que tanto la Cámara como el Senado, hayan comprendido el drama humano y económico que viven las víctimas de gravísimas violaciones a los DDHH, que están en condición de invalidez. La responsabilidad de entregar estas pensiones es del gobierno, pues ya cuentan con financiamiento”, acotó el autor de la idea.

El senador Juan Castro (RN) incomodó al gobierno con su indicación para reducir a la mitad los gastos reservados por $ 1.810 .834 millones que contemplaba el proyecto de Presupuestos para la Presidencia de la República.

Logró que se aprobara por las dos cámaras, sin que el Ejecutivo tratara de revertirla. “Hoy nadie se da el lujo de tener un gasto normal, entonces cuando vi el presupuesto dije la primera autoridad del país debe dar un ejemplo, si el jefe de hogar no es austero en tiempos de crisis qué esperamos para el resto de la familia. La Presidencia debe poner su cuota” comentó en la oportunidad.

La senadora Yasna Provoste (DC) lideró la propuesta de dejar sin financiamiento a la oficina de Gestión de Proyectos Sustentables conocida como GPS, que depende del Ministerio de Economía. “Preferimos que esos recursos estén financiando profesionales en la DGA, SEA, o Consejo de Monumentos Nacionales y así fortalecer la evaluación ambiental. Esa oficina sólo genera desconfianzas de que haya un equipo presionando para saltarse las normas de evaluación ambiental” acotó.

Fue un golpe tan fuerte para el gobierno que éste fue el único recorte que el ministro destacó en su alocución ante la Cámara: “Lamentamos muy profundamente que se haya rechazado el presupuesto para la oficina GPS que ha cumplido un rol clave. Entre 2020 y 2021 ha realizado seguimiento de 131 grandes proyectos de inversión que entraran en construcción y que totalizan nada menos que US$27.000 millones”.

El presupuesto destinado a esta oficina era de $665 millones.

Los diputados PS, Manuel Monsalve y Jaime Tohá propusieron una norma al articulado para que el ministro de Hacienda no pueda reducir los presupuestos regionales, sino que deba requerir autorización del Consejo Regional, en sesión extraordinaria y aprobada por dos tercios.

El gobierno recalcó que esto choca con la potestad exclusiva del Ejecutivo sobre la administración financiera. “El gobierno podría ir al Tribunal Constitucional, pero le recuerdo que esta norma fue aprobada por una alta mayoría y transversal. El uso de esta facultad unilateral (de hacer recortes) ha acumulado bastante molestia en las regiones y esta idea cuenta con el respaldo transversal porque es la mínima autonomía que se puede pedir”, remarcó Monsalve.