Las primeras definiciones de Mario Marcel para avanzar en la reforma tributaria

Pese a haber tomado vacaciones en la primera mitad de febrero, Mario Marcel, no ha parado de trabajar desde que fue nominado como futuro ministro de Hacienda, el 21 de enero. Entiende que las tareas de diseñar la reforma tributaria y fijar las nuevas metas fiscales son urgentes, ya que son los cimientos clave para impulsar las ambiciosas transformaciones que busca en sus cuatro años el nuevo gobierno liderado por Gabriel Boric.

Si bien el programa original de la próxima administración pretende un proyecto impositivo que recaude el 5% del PIB en el periodo de gobierno (y del 8% del PIB en 8 años), mediante la eliminación de exenciones, reducción de la evasión, impuestos verdes y al patrimonio, royalty a la gran minería y la desintegración total del sistema, entre otros, la incertidumbre generada por la crisis en Ucrania, las necesidades de financiamiento que surjan de la Convención Constituyente y el equilibrio fuerzas en el Congreso generan nuevos escenarios.

Cercanos a Marcel señalan que el próximo mandamás de Teatinos 120 ha comenzado a ordenar sus prioridades. Los integrantes del equipo tributario que han estado a cargo de diseñar la reforma desde la campaña y que han intensificado su trabajo desde la nominación de Marcel en Hacienda, se instalarán en puestos clave dentro del Ministerio. El abogado Sergio Henríquez asumirá como jefe de gabinete de la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza, mientras que Diego Riquelme será el coordinador tributario de la cartera. A ellos se sumarán como asesores el economista Nicolás Bohme y el abogado José Alvarado.

Un influyente asesor del nuevo gobierno asegura que Marcel ha evaluado la posibilidad de dividir la reforma tributaria en dos fases, dada la naturaleza de los cambios. “La reforma tiene dos proyectos distintos en cuanto a su estructura de tramitación legislativa y los acuerdos a los cuales se puede llegar. Uno, que se refiere, por ejemplo, a la mayor fiscalización y a la disminución de la evasión y elusión; y otro, muy distinto, a los cambios más estructurales al sistema tributario (renta y desintegración)”, reflexiona la misma fuente, quien sostiene que un objetivo urgente del gobierno entrante es aprobar rápidamente una iniciativa que asegure nuevos ingresos fiscales.

Es por ello que la primera reforma consideraría incluir anclas recaudadoras y con mayor posibilidad de consenso a nivel parlamentario, como son la eliminación de exenciones y el royalty a la minería, donde ya se habría determinado aplicarlo bajo un sistema híbrido (impuesto ad valorem a la extracción del mineral y otro en función del resultado de la empresa). En el marco del combate a la evasión y elusión, también contemplaría fortalecer la institucionalidad fiscalizadora y atribuciones del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de Aduanas, junto con perfeccionar la norma antievasión que -a juicio de la futura administración- hoy no está cumpliendo su objetivo a cabalidad. La misma fuente destaca la posibilidad de incluir la figura del denunciante anónimo en materias tributarias, al igual como hoy ocurre con la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

“La idea es armar dos paquetes. La primera parte es la más fácil, mientras que la segunda es la más compleja, donde también están los temas de estructura tributaria y los impuestos verdes”, añade un experto que trabajó en el diseño de la reforma.

“Los tiempos son importantes. En el primer año de gobierno deberíamos avanzar en una reforma recaudatoria de corto plazo y, al mismo tiempo, sentar las bases de una propuesta avanzada de reforma estructural”, también plantea el senador PPD, Ricardo Lagos Weber, quien podría ser un negociador clave del nuevo gobierno con el importante bloque de centroderecha en el Senado.

Si bien el futuro ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, dijo esta semana que la reforma tributaria será prioritaria en el inicio de gobierno, desde “La Moneda chica” explican que la necesidad de hacer un trabajo prelegislativo con la iniciativa hace casi imposible enviar el proyecto en marzo próximo. Fundamental para esta labor será la subsecretaria de la Segpres, Macarena Lobos, quien manejará los tiempos legislativos, dada su experiencia con la reforma tributaria de la segunda administración de Michelle Bachelet.

“Marcel no va a improvisar ni arriesgarse con un proyecto que vaya mal estibado. Es bien perfeccionista y no se va a atolondrar en mandarlo en marzo inmediatamente”, complementa un cercano al próximo ministro de Hacienda.

Al interior del comité político del nuevo gobierno creen que están las condiciones para avanzar paralelamente en un pacto fiscal y tributario que marque una ruta de convergencia y equilibrio fiscal, y donde se pueda acordar la nueva estructura tributaria que requiere el país. “El pacto fiscal debiera considerar el nivel de la tributación necesaria, composición y la regla estructural que necesitamos”, afirma un experto que participó en el diseño de la reforma.

Pero el senador Ricardo Lagos Weber va más allá y asegura que este pacto fiscal y una eventual segunda fase en materia de reforma tributaria hay que compatibilizarla con las necesidades de financiamiento que surjan de la Convención Constituyente.

“Sería coherente un proyecto tributario de corto plazo y, paralelamente, generar un pacto amplio tributario de largo plazo que permita que los impuestos directos recauden lo que corresponde, y no seguir descansando en los impuestos indirectos, y abordar las inequidades tributarias que tenemos. También este entendimiento tributario hay que hacerlo compatible con la propuesta de descentralización que pueda surgir de la Convención Constituyente y que puede requerir tributos”, sostiene el senador PPD.

En las filas del gobierno entrante esta visión gana terreno y coinciden en que la posible nueva Constitución requerirá recursos adicionales. “Por eso es coherente esperar a definir los cambios más estructurales al sistema tributario una vez que sepamos y definamos los resultados de la Constituyente”, manifiesta un influyente economista de centroizquierda, quien también cree que será la oportunidad para revisar la regla de balance estructural y determinar las holguras fiscales de que dispone el nuevo gobierno en los próximos años.

El senador de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre, evita entrar en detalles, pero afirma que una reforma tributaria y un pacto fiscal son necesarios para construir un Estado de Bienestar en Chile. “Es un proyecto (la reforma tributaria) que requiere mayorías simples y hay que buscar esas mayorías, pero al mismo tiempo abrirse a un acuerdo que les dé estabilidad en el mediano plazo a las arcas fiscales de nuestro país”, sostiene el senador Latorre.

En las filas de la centroderecha ya comienzan a diseñar su estrategia frente a la arremetida de la administración Boric en materia de impuestos. No sólo harán ver al nuevo gobierno el “estrecho” espacio que existe para una reforma que atente contra el crecimiento de la economía, sino que también evidenciarán las holguras fiscales de mayor gasto que existirían para los próximos años.

“Yo soy de los que creen que el espacio para una reforma tributaria es bastante estrecho (...) El foco tenemos que ponerlo en el aumento de la productividad, del crecimiento de la economía. Esa es finalmente la fuente más importante, más significativa, para aumentar los recursos fiscales”, asegura el senador RN, José García Ruminot, quien destaca la existencia de US$ 30 mil millones en holguras fiscales entre el 2023y 2026, como lo estimó el actual equipo de Hacienda. El legislador hace hincapié en la necesidad de que cualquier cambio tributario se haga con gradualidad y que entregue certidumbres para la inversión.

Coincide el clave senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, quien dice que es necesario definir cuántas son las holguras fiscales que tendrá el nuevo gobierno.

Coloma cree necesario saber cómo se pretenden gastar los recursos que genere una reforma tributaria y si hay espacios para reasignaciones al interior del aparato público.

“El tema es cómo hacer otro cambio tributario sin que afecte el elemento fundamental de recaudación para cualquier gobierno, que es el crecimiento”, concluye el parlamentario.