Las propuestas del gran empresariado, las AFP y el gremio de emprendedores para reducir la informalidad laboral

Argumentando que la informalidad laboral es un tema que en Chile “no se aborda de manera urgente”, diversos gremios empresariales establecieron 15 medidas para promover el empleo informal. La hoja de ruta implica una serie de iniciativas que nacieron de una mesa de trabajo, que reunió a diversos expertos y que implica distintas gestiones por parte del Estado.

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La instancia convocada por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (AAFP) y la Asociación de Emprendedores de Chile (ASECH) estimó que, el trabajo relacionado con el sistema de pensiones, mejoras en la fiscalización, revisión de los subsidios, fortalecimiento de la educación técnica, disminución de burocracia, y temas de inmigración, entre otras, son parte de las gestiones, que identificó la mesa, como pasos para reducir la informalidad laboral.

En detalle, el informe de “Informalidad Laboral: Propuestas para un Futuro Mejor” plantea medidas como fortalecer el subsidio al empleo joven, ligar la Pensión Garantizada Universal (PGU) a incentivos a la cotización y condicionar la entrega de permisos a que independientes o emprendedores realicen un mínimo de cotizaciones, entre otras. Sin embargo, el documento detalla que estas tres medidas son las más urgentes que se deben abordar.

“Al incentivar la inserción temprana de los jóvenes en el mercado laboral formal, se espera que la propuesta contribuya a un ciclo virtuoso de mayor productividad, crecimiento económico y estabilidad de las contribuciones al sistema de seguridad social de un grupo amplio de jóvenes que se encuentran en la informalidad”, explicó el informe para destacar la medida.

El informe final propone 15 medidas de corto, mediano y largo plazo, que apuntan a generar o agilizar cambios de conducta en
las personas en Chile, que vayan en pos de incentivar la cotización en seguridad social y la formalidad laboral, según detallaron los gremios por medio de un comunicado.

Las 15 medidas se dividen por grupos en función del área de la informalidad que abordan: Facilitar la contratación y fomentar el trabajo formal entre los jóvenes, hacer obligatoria la cotización entre los trabajadores independientes y emprendedores e impulsar su cumplimiento, compatibilizar la PGU y los subsidios sociales con la formalidad laboral y fortalecer la fiscalización fueron parte de los grupos con que el informe agrupó parte de las 15 medidas planteadas para reducir la informalidad laboral.

“Ellas apuntan a grupos específicos, si bien hay algunas que son transversales. Todas tienen importantes desafíos tanto en su diseño como en su implementación, con distintos horizontes potenciales de ejecución y de logros, potenciales costos y beneficios y viabilidad política”, detalla el informe con las propuestas.

El documento también habla de “otras propuestas”, donde se desprenden las iniciativas de “realizar un alza de cotizaciones por nivel de ingresos o por edad”, “garantizar el acceso a sala cuna universal” y “efectuar una integración laboral formal de los inmigrantes”.

Mientras que, las medidas que se pueden implementar en un plazo breve, el informe reitera la urgencia que ven en reducir la informalidad entre los más jóvenes. La instancia destaca este punto con base en que este grupo presenta un 37% de informalidad, una cifra por sobre la tasa de informalidad laboral en Chile hoy se sitúa en torno al 27%.

Además, respecto a las alertas contra la PGU, los gremios resaltaron la conclusión acerca que la PGU no generaría incentivos para reducir las lagunas previsionales y con ello elevar la formalidad laboral. El documento también destaca que generar nuevos incentivos de cotización para acceder a la PGU ayudaría a las finanzas públicas. “El incremento en el gasto fiscal derivado de la discusión sobre el aumento de la PGU, sin vincularlo a mecanismos de contribución o a otros criterios, plantea una preocupación significativa sobre la sostenibilidad financiera”, alerta el documento.

En tanto, la mesa que elaboró el informe estuvo compuesta por Fernando Arab, socio principal de Arab Abogados; Fernando Barraza, consultor internacional del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Centro Interamericano de Administraciones Tributarias y miembro del Comité de Expertos del Fondo Monetario Internacional; Carlos Boada, director del departamento de estudios de la Multigremial Nacional; David Bravo, director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales; Cecilia Cifuentes, directora del Centro de Estudios Financieros (CEF) del ESE Business School de la Universidad de los Andes; Hugo Cifuentes, delegado en Chile de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social y presidente de la Comisión de Usuarios del Seguro de Cesantía; Manuel García Huitrón, socio-fundador de Nuovalo Ltd., un startup global en tecnología para administrar el riesgo de longevidad, y asesor de la Asociación de AFP de Chile; Susana Jiménez, vicepresidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC); Lucas Palacios, rector de INACAP y presidente del Consejo Más Pyme; Joseph Ramos, Profesor Emérito de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile; Bernardita Silva, gerenta de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile y miembro del Comité de Expertos de Estadísticas Laborales del INE; Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial Nacional; Paulina Yazigi, presidenta de la Asociación de AFP; María Teresa Vial, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago; y Jorge Welch, presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile (ASECH).