Este miércoles el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) entregó sus recomendaciones al Ministerio de Hacienda para fortalecer la regla fiscal, en respuesta a una solicitud de la cartera formulada en septiembre de 2020.
En ese marco el CFA advirtió que “Chile ha enfrentado la crisis de la pandemia del Covid-19 con una política fiscal expansiva en 2020 y 2021. Ello, sumado a una tendencia de años previos, ha hecho aumentar de manera importante el nivel de la deuda pública, la cual se proyecta que seguirá creciendo, de no adoptarse medidas de consolidación fiscal”.
En esta línea, el Consejo señaló que “avanzar en el fortalecimiento de la institucionalidad fiscal permitirá contribuir, una vez concluida la crisis y mitigados sus impactos, a la necesaria convergencia de las finanzas públicas y al reforzamiento del compromiso del país con la sostenibilidad fiscal”.
Además, el CFA destacó que el informe fue desarrollado “para complementar la regla fiscal de forma permanente y, en este sentido, no pretende ser una guía de conducción de la política fiscal para la coyuntura de corto plazo derivada de la crisis del Covid-19″.
En el informe, la entidad analizó las experiencias internacionales sobre anclas de mediano o largo plazo para la deuda pública, sus implicancias para la determinación de metas de balance estructural y el diseño e implementación de cláusulas de escape para la ejecución de políticas fiscales contracíclicas, a las que se añadieron mecanismos para corregir las desviaciones de los objetivos fiscales.
Por último, el CFA resaltó la importancia de que el fortalecimiento del marco metodológico e institucional de la política fiscal logre un consenso transversal, de forma que los cambios normativos logren estabilidad en el tiempo y se configure un amplio apoyo en torno a la relevancia de tener cuentas fiscales saludables.
Durante la elaboración de las propuestas, el Consejo contó con el aporte de nueve expertos de distintos sectores entre los que se contaron el actual ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, mientras era director de Presupuestos; el expresidente del Banco Central, Vittorio Corbo; la economista de la Universidad Adolfo Ibañez, Andrea Repetto; el exmisnitro de Hacienda, Rodrigo Valdés; el economista de la Universidad del Desarrollo, Klaus Schmidt-Hebbel; y el exministro de Hacienda, Alberto Arenas.
Las propuestas
1. Establecer una regla dual de deuda neta y balance estructural para asegurar que las finanzas públicas operen en un marco que resguarde su sostenibilidad.
2. Mantener el balance estructural como regla operacional para dotar a la política fiscal de un carácter acíclico, restándole volatilidad e incertidumbre.
3. Definir la Posición Financiera Neta como el concepto relevante para el nivel prudente de deuda, porque es el concepto adecuado para analizar la restricción presupuestaria del sector público y permite internalizar la relevancia de los activos del Tesoro Público como fuente de financiamiento.
4. Establecer normas que consideren tanto el nivel prudente de deuda, como un objetivo referencial de deuda fijado al momento de establecer las bases de la política fiscal de cada gobierno.
5. Estimar el nivel prudente de deuda neta de forma robusta por parte del Ministerio de Hacienda, con posibilidades de requerir la asesoría del CFA.
6. Incorporar advertencias y planes de corrección para evitar el incumplimiento del ancla fiscal de deuda.
7. Mejorar los estándares de información y de proyección de los llamados “otros requerimientos de capital” (como, por ejemplo, de capitalización de empresas públicas), pues ellos también inciden en el nivel de deuda.
8. Establecer explícitamente que las metas de balance estructural deben ser cumplidas ex-post, recomendándose el uso de una cuenta de control en que los desvíos se acumulen, desacumulen y compensen en el tiempo.
9. Incorporar cláusulas de escape que permitan salidas ordenadas de las metas en circunstancias extraordinarias, junto con mecanismos de corrección posterior que provean una senda de convergencia fiscalmente sostenible.
10. Definir con claridad las características de las causas que pueden gatillar las cláusulas de escape, debiendo éstas ser exógenas al gobierno, graves y transitorias.
11. Establecer los organismos responsables en la decisión sobre activación de las cláusulas de escape y la definición de los mecanismos de corrección aparejados.
12. Incorporar obligaciones o consecuencias para casos de incumplimiento del mecanismo de corrección posterior a una desviación de las metas.
