El pasado 1 de mayo, el Presidente Gabriel Boric encabezó la ceremonia del Día del Trabajo en las obras de remodelación del Hospital del Trabajador. Pese a las caras de alegría, en la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), dueña del hospital, no atraviesan por momentos felices. Desde enero, está enfrentada con otro actor privado de la industria, en un conflicto donde el Estado está envuelto.

El 30 de diciembre de 2023, Inversiones Renacer SpA, dueña de la red de clínicas Andes Salud, realizó una consulta ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) sobre la legalidad de “las prestaciones de salud por parte de las mutualidades de seguridad fuera del ámbito del seguro laboral obligatorio”. Aunque la consulta era general, en Chile existen sólo tres mutuales -Mutual de Seguridad, Instituto de Seguridad del Trabajo y la Asociación Chilena de Seguridad- y la única que presta tales servicios es esta última, la ACHS. Por lo que el disparo iba contra la mayor mutual del país.

La primera reacción de la ACHS fue justificar su actuar en los permisos que posee, pues desde 1978 puede atender en rehabilitación, traumatología y quemados, y desde febrero de 2023 el Ministerio del Trabajo le permitió que sus centros ambulatorios de todo el país, originalmente sólo para atender el seguro laboral, pudiesen brindar otras prestaciones de salud, fiscalizada por la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), regulador con el que desarrollaron un piloto de dos años para lanzar el programa.

La ACHS reclamó ante el TDLC por el alcance de la consulta. A su juicio, cuestionaba tres aspectos: su participación en licitaciones del Estado; sus precios en estas licitaciones (por sospechas de subsidios cruzados), y el programa autorizado por el ministerio. El TDLC acotó la consulta sólo a este último aspecto, lo que ratificó la Corte Suprema. El 2 de mayo, un día después de la ceremonia con Boric, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) se hizo parte en el caso.

La ACHS no se había referido al caso públicamente. Pero la arremetida comunicacional de Andes Salud colmó el vaso. Su gerente de Servicios de Salud, Ángel Vargas (46, ingeniero de la UC y MBA en el MIT), responde aquí las acusaciones de la red de clínicas de propiedad de las familias Imchenevsky, dueña de los casinos Marina del Sol, y Sáenz.

“Los dueños de Andes Salud entran al negocio de la salud en 2018, comprando las clínicas de Masvida, y al poco tiempo, manifestaron su intención de venderlas”, explica Vargas. “Aquí hay una compañía con fines de lucro que entra a la salud y que busca en poco tiempo vender sus activos y potencialmente eliminar un competidor como ACHS. Todo indica que en la situación que hoy está la industria, parece que sacar a un competidor que está profundizando la competencia es la estrategia que están siguiendo”, acusa.

La suposición del ejecutivo, encargado por la ACHS para conducir este caso junto al equipo legal que asesora el abogado José Miguel Gana, se basa en que los lugares donde la mutual tiene clínicas coinciden con los de Andes Salud.

“Si uno ve dónde están ellos y dónde nosotros, nos superponemos en un 80%, pero con la diferencia de que ellos entraron el 2018 y nuestras clínicas están ahí desde hace más de 20 años. Estamos en Puerto Montt, ellos se compraron la clínica de Masvida de Puerto Montt; también en Concepción, se compraron la clínica de Masvida en Concepción”, ejemplifica.

“Nos acusan de que no pueden competir por la estrategia de la ACHS y sus filiales, pero, además, aparecen abriendo proyectos nuevos en ciudades donde nosotros ya estábamos: en Los Ángeles y en Talca, donde compran una clínica. Es bien raro que, si se nos acusa de tener subsidios cruzados y por eso nuestras clínicas van a precios más competitivos en licitaciones, se instalen donde está el que compite con subsidios cruzados. Pareciera que lo que trataron de hacer con el TDLC es sacarnos del mercado para seguir ampliando sus proyectos en las geografías donde estamos”, dispara.

La consulta de Andes Salud, de la que no se han hecho parte otras clínicas, pone sus ojos sobre lo gigante que es la ACHS.

La ACHS tiene el 40% del mercado de las mutuales, seguida por la Mutual de Seguridad (32%), el estatal Instituto de Seguridad Laboral (21%) y el IST (7%), según las estadísticas a diciembre de 2022 de la Suseso. En enero de 2024, tenía 93.792 empresas afiliadas, con casi 3 millones de trabajadores afiliados.

En su organigrama, la asociación posee tres negocios: 1. La red de ACHS, que atiende el seguro laboral, incluye al Hospital del Trabajador y 84 centros ambulatorios en el país; 2. La filial Clínicas ACHS Salud (que hasta 2021 se llamaba Red de Clínicas Regionales), una sociedad holding que administra siete clínicas en regiones, una en Santiago y el Centro Médico Hospital del Trabajador en la capital; y 3. Una participación minoritaria en la clínica San José de Arica, que está a la venta.

La red de ACHS lleva adelante el plan autorizado por Trabajo en febrero, especialmente en salud mental, kinesiología y atenciones traumatológicas de médicos generales supervisados por traumatólogos. Este opera con precios Fonasa Nivel 1, es decir, un copago de $5 mil. “El 90% de las prestaciones son Fonasa, el otro 10% es particular con reembolso”, detalla Vargas.

La filial de clínicas atiende bajo la modalidad de Fonasa Nivel 3 e isapres. “Esta tiene fines de lucro y sus dividendos pasan a su dueña, la ACHS, que las reinvierte”, dice el ejecutivo.

En 2023, la ACHS recibió ingresos por $590 mil millones (US$673 millones), de los cuales $504.255 millones (US$575 millones) provinieron de las cotizaciones del seguro laboral. Y tuvo un excedente (no es utilidad, porque es una corporación sin fines de lucro) de $49.728 millones (US$57 millones), según su memoria.

“El 100% de los recursos que recibimos por la prima del seguro laboral, que pagan los empleadores para cubrir los riesgos del trabajo a sus trabajadores, se emplea en ese objetivo”, asegura Vargas.

Por eso, cuenta que todos los excedentes se reinvierten en infraestructura o en fondos líquidos de inversión. “Por normativa, tenemos que constituir una serie de reservas, por ejemplo, para responder a la pensión de los trabajadores, para atenciones de salud de largo plazo, por lo que debemos tener el 75% de nuestra reserva en activos líquidos”, sostiene.

Según Vargas, la tasa de reinversión de la firma es del 80% de sus excedentes anuales y el 20% restante va a inversión financiera. “Lo tenemos en activos líquidos y no en infraestructura, porque no tenemos proyectos que justifiquen la necesidad para los afiliados, por lo que esa plata se cuida, se maneja financieramente, hasta que exista la necesidad”, dice Vargas.

Actualmente, sus mayores planes de inversión son: la remodelación del Hospital del Trabajador de Santiago, que ha requerido US$140 millones en cinco años con el objetivo de modernizarlo más que ampliarlo, ya que se mantendrá con 11 pabellones y casi 200 camas; un plan de US$200 millones a cinco años para remodelar el 70% de sus centros ambulatorios, y el cambio de su plataforma de servicios preventivos, por cerca de US$12 millones.

“En el caso de las clínicas, ellas son 100% autofinanciadas. Y les va bien. En 2023 aportaron casi US$3 millones en dividendos a la ACHS”, señala. “Las atenciones laborales que tenemos que pagarles no son más del 6% o 7% de sus ingresos”, agrega.

Entre las recriminaciones de Andes Salud, apunta también a la baja de la tasa de accidentabilidad, que permitiría a la ACHS contar con capacidad ociosa para usarla en otras prestaciones. Según estadísticas de la mutual, esta tasa ha bajado desde 2,85 accidentes laborales por cada 100 trabajadores en enero de 2018, a 2,46 en enero de 2024. “La tasa de accidentabilidad baja, pero el número de afiliados va al alza, y el número de atenciones no disminuye, sino que ha crecido 3% promedio por año”, afirma Vargas.

Otro cuestionamiento es cómo la ACHS presenta precios tan bajos en las licitaciones de Fonasa. “Nos presentamos con los precios más competitivos, que es distinto a que sean bajo los costos o con subsidios cruzados”, asevera. Y se explaya en su estrategia para las licitaciones: “Las bases fijan precios mínimos y máximos a los que los prestadores pueden postular y nos movemos en esos rangos. Cómo lo hacemos: por geografía, cada clínica y el hospital postulan; con la estructura de costos que tiene cada una de ellas, vemos la capacidad de protocolización de los diagnósticos para reducir al máximo la variabilidad de costos; y con la información pública de las listas de espera, diseñamos nuestra postulación”. Y así han ido a licitaciones presentando precios hasta en 30% por debajo del tope máximo.

Por último, en artículos de prensa se ha deslizado que la ACHS tendría ciertos “contactos” con el ministerio, que habrían colaborado en su autorización. “Eso es mala intención”, reclama Vargas. “Nuestra hipótesis es que, o están tratando de litigar comunicacionalmente para presionar al TDLC, o derechamente quieren dañar nuestra reputación. Nosotros hemos seguido todos los conductos regulatorios para obtener la autorización, tras dos años de piloto. Si hubiéramos tenido contactos, sacamos la autorización bastante antes”, concluye.