Dos días después de asumir su segundo mandato, Michelle Bachelet nombró a su nuevo vicepresidente ejecutivo de Corfo. Para ello eligió a su exministro de Obras Públicas. Eduardo Bitran fue designado en ese cargo el 13 de marzo de 2014, y estuvo hasta el 9 de marzo de 2018, dos días antes de asumir Sebastián Piñera. Completó cuatro años que estuvieron marcados por el litio. Y por la renegociación con Albemarle y SQM.

Bitran cuenta que el inicio de todo estuvo en el análisis del mercado y la revisión de los contratos de SQM. En lo primero, cita cifras de 2016: las dos empresas extrajeron 766 mil toneladas de litio equivalente, pero ese año produjeron solo 84 mil. Y no era un asunto de ineficiencia. “Se produjo un 11% de lo que se sacó. El problema es que las empresas no tenían la capacidad de procesamiento porque había una cuota que había sido establecida por la Comisión Chile de Energía Nuclear y esto venía de los tiempos de la dictadura, cuando se pensaba que el principal uso del litio era nuclear”, explica. “El problema es que la cuota no generaba los incentivos para invertir. Era un absurdo, era la irracionalidad total: el mercado mundial pidiendo más litio para enfrentar el cambio climático y Chile desperdiciándolo”, resume. “Y ahí hicimos una estrategia: la hicimos en realidad el 2014, cuando ingresamos a Corfo”.

La revisión de los contratos provino de un litigio heredado de 2012. La Contraloría señaló que SQM no estaba cumpliendo el contrato con Corfo y en una renegociación en 2013, SQM no estuvo dispuesto a pagar lo que debía, apunta Bitran. “Cometieron un grave error, para ellos: para el país fue bendición”, analiza a la distancia. La nueva administración de Corfo llegó a la conclusión de que SQM había incurrido en incumplimientos gravísimos, como la inscripción a su nombre de derechos de agua y mineros y algunos incumplimientos ambientales. La señal de Corfo fue radical: avalado por lo establecido en el Código Civil, argumenta Bitran, pidió el término anticipado del contrato.

Entre medio, a comienzos de 2015, estalló el caso de los pagos irregulares a la clase política por parte de SQM. “Cuando hicimos esa negociación la pasamos muy mal”, recuerda. Por su experiencia en el MOP, cargo que dejó a comienzos de 2008 tras impulsar cambios al sistema de concesiones que incomodaron en el sector privado y a actores políticos del oficialismo, Bitran buscó una manera de arroparse. “Yo busqué muy tempranamente asesoría especializada. Me asesoró, pro bono, una persona que sabe mucho de la política”, cuenta. ¿Quién? El abogado Jorge Navarrete, responde. “Él me recomendó que había que blindarse. ¿Y cómo se blinda uno cuando el sistema político está, en una parte importante, cooptado? La forma de blindarse con la opinión pública era construir un récord de ser implacable contra la impunidad, y no tener miedo de señalarlo públicamente y no sólo señalarlo públicamente, sino que tomar las acciones administrativas que corresponden para enfrentarlo”.

¿El caso de las platas políticas no le facilitó la negociación?

No, me la enredó. Me la enredó porque la justicia chilena no hizo nada, o hizo muy poco. El Departamento de Justicia norteamericano sanciona a esta empresa que tiene ADR en Estados Unidos con una multa de más de US$ 30 millones. Se sanciona severamente en Estados Unidos de acuerdo a las leyes anticorrupción y en Chile no pasa nada. ¿Tú crees que eso me facilitó la tarea? No, me lo enredó.

¿Pero la Presidenta Bachelet lo respaldó?

Sin duda, mantuve una relación estrecha con la Presidenta. No tengo nada que quejarme, siempre me apoyó, siempre. En los momentos más álgidos fui con la Presidenta, le expliqué la situación y me dijo: ‘sigue adelante’. Y (Mahmud) Aleuy, que era el subsecretario, fue mi principal apoyo en La Moneda, pero lejos. Pero yo sabía que en los partidos políticos Soquimich podía tener mucha influencia y consideré que eso no bastaba. Por eso había que blindarse con la opinión pública.

Eduardo Bitran también acusó públicamente a Rafael Guilisasti, expresidente de la CPC que era consejero de Corfo, nombrado por la Presidenta Bachelet. Dice Bitran que en un Consejo con su presencia expuso la estrategia de negociación con SQM: “Yo tenía una relación cercana con él. A la salida del directorio él me dice: ‘Eduardo, yo no creo que Soquimich acepte estas condiciones’. Y al poco tiempo, semanas, él aparece como presidente de la Cascadas”, afirma Bitran. El expresidente de la CPC dejó la Corfo y asumió en septiembre de 2015 como presidente de las sociedades de inversión de Julio Ponce que participaban en SQM. “Ese fue un golpe fuerte”.

¿Qué fue lo más difícil?

Hay dos temas que fueron lo más difícil de la negociación. Uno, tratar de establecer condiciones que hagan factible la relicitación a un tercero de la concesión minera antes de 2030. Eso costó mucho. La recuperación de todos los activos, el agua, etc., incluso infraestructura.

Pero quedaron fuera las plantas de SQM…

La planta estaba lejos de la concesión, en salar del Carmen, pero yo le pregunto a usted: ¿sin la concesión: cuánto valen esas plantas? Nada. Por lo tanto, si entra un actor fuerte, va a comprar o contratar esa planta: van a llegar a un acuerdo. El tema clave es poder explotar el salar.

¿Y el segundo factor?

Ellos insistieron en expandir al plazo que habíamos establecido con Albemarle, que era el 2043. Pero hay evidencia de que ellos trataron de cooptar al Estado chileno en los años 90 para expandir ese plazo y no lo lograron. Entonces, a mí me pareció que en ese tema no podíamos ceder.

Bitran exigió otra cosa, que fue la traba final. Fue otra sugerencia pro bono, hecha por Evan Epstein, exdirector del Centro de Gobierno Corporativo de la Universidad de Stanford, quien le recomendó mirar el caso de Uber. “El CEO y principal accionista de Uber había cometido faltas gravísimas. ¿Y qué es lo que hacen los acreedores y los otros accionistas? Establecen lo que ellos llaman un sunset clause, es una cláusula que expira cuando se pone el sol. ¿Qué es ponerse el sol? Cuando ese accionista vende. ¿Cuál es la cláusula? Sacarlo de la administración mientras él fuera accionista y cuando él venda, el nuevo accionista recupera esos derechos políticos. Eso es lo que hicimos”.

Según los acuerdos, ni Julio Ponce ni sus hermanos ni sus hijos pueden ser directores de SQM hasta 2030. Pero a eso no estuvieron de acuerdo sino hasta diciembre de 2017, cuando a Bitran le quedaban cuatro meses en el cargo. Sorpresivamente, el lunes 18 de diciembre de 2017, un día después del triunfo de Sebastián Piñera frente a Alejandro Guillier, las sociedades de Ponce anunciaron que habían acordado con Corfo los cambios que el organismo había exigido en el gobierno corporativo.

¿Por qué ese acuerdo se selló el día después de las elecciones? ¿Fue coincidencia?

No, no fue coincidencia. Al parecer Julio Ponce Lerou se convenció de que Piñera no iba a poder tocar el contrato y, por lo tanto, el año 2023 se iba a quedar sin cuota de producción de litio. Y él, esta es mi hipótesis, debe haber recibido señales de la futura administración. Yo había dado por desahuciadas las negociaciones, porque ellos no accedieron a la cláusula de exclusión de la administración. Y curiosamente llegaron a firmar. Gente, supe por ahí, de algunos partidos derecha, la decían: ‘no negocien con Bitran, es un yogur, tiene fecha de vencimiento’. Pero al parecer recibieron la señal de que negocian con Bitran o no hay cuota, lo cual habría precipitado la firma del nuevo contrato.

¿Usted habló con Julio Ponce?

No, nunca, nunca lo vi. Y no estuve dispuesto a juntarme con él, aunque tampoco me lo ofrecieron. No obstante, tenía la convicción de que por el interés del país había que negociar con la contraparte.