La semana pasada el directorio de Arauco finalmente decidió aprobar el proyecto llamado proyecto Mapa, de ampliación de la planta. Se trata de una inversión de US$2.350 millones, la mayor de la historia de la filial del grupo Angelini.
Este proyecto se transformó en una de las emblemáticas judicializaciones de inversiones en los últimos años, tanto que tras años de tramitaciones, la administración debió recalcular los números, para posteriormente el directorio dar el visto bueno.
Es que Mapa después de haber sido aprobado unánimemente por el Servicio de Evaluación Ambiental en febrero 2014, tuvo que pasar por más de tres años de judicialización.
Ahora que Mapa empezará a ver la luz, serán bienvenidos sus impactos positivos. Durante los 30 meses de construcción se estima que se generará un promedio de 5.000 empleos con un máximo de 8.000. Y una vez en funcionamiento implicará 1.000 puestos permanentes. Un aporte en la producción industrial, en el mercado del trabajo, en exportaciones y en impacto de proveedores que debió esperar demasiado.
Este proyecto nos recuerda lo necesario que es cambiar el proceso de evaluación ambiental, con el fin de, al menos, disminuir en algo el exceso de tiempo que tardan en ser aprobados los proyectos de inversión. La agenda de Medio Ambiente pretende abordar esta materia, pero requiere un cambio cultural mayor a nivel nacional, de las otras entidades que juegan un rol clave en los permisos o autorizaciones, así como también de las empresas para realizar un buen trabajo previo. La cultura que busca destrabar las inversiones debe permear a nivel del gobierno central, pero también a nivel país.
