Leonardo Suárez: “Mi proyección para 2024 es que, en algún momento, pasaremos a tener una inflación de 1%”

Fiel a su estilo disruptivo y a diferencia de muchos economistas, el director de Estudios LarrainVial, Leonardo Suárez, no rehúye entrar en los temas más candentes del debate económico ni en la arena política. En entrevista con Pulso, Suárez analiza el escenario económico mundial, los efectos para Chile de la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, el escenario económico y político posplebiscito y lo que viene para la economía chilena en 2024.

¿Cómo evalúa el momento que vive el escenario económico internacional?

Hasta fines de octubre había mucha incertidumbre y las tasas del bono del Tesoro de 10 años estaban en 5%. Desde entonces hay nuevas señales y cambió la disposición de la Reserva Federal, que ahora dio la señal de que reduciría su tasa de interés. La percepción de riesgo en todo el mundo cambió. Se espera ahora un soft landing (aterrizaje suave), que condicionaría bajas de tasa de interés durante el primer semestre del próximo año en Estados Unidos. Todo esto ha generado bajas de las tasas largas en Chile.

Durante varios meses se creyó que el gran riesgo de la economía mundial era el aumento de las tasas largas. ¿Ese riesgo se aplacó completamente?

Se podría decir que ahora el temor sería que este soft landing se transforme en hard landing (duro aterrizaje), pero hoy el mercado no está viendo eso.

¿Qué le parecen las duras medidas que está implementando Javier Milei y el complejo escenario que se le viene para 2024 en Argentina?

Javier Milei anunció un ajuste fiscal y dice que ese ajuste lo va a sufrir la “casta” y los políticos, pero este diagnóstico es falaz. El dinero se gasta en Argentina en beneficios sociales y en subsidios a las tarifas. Entonces, la pregunta es cómo será la reacción de los políticos, de la sociedad argentina y de “Doña Juanita Giannini”.

¿Cuál es el efecto para Chile?

Argentina ya no disemina un contagio financiero a Chile, como lo hacía hasta 2002; ellos están muy al margen del mundo. Puede haber, de todas formas, un impacto político. Si a Javier Milei le va bien en los próximos dos años, existe un escenario en que podría aumentar la opción presidencial de José Antonio Kast, aunque eso no garantiza que el candidato republicano triunfe en 2025.

El Banco Central acaba de tomarle el “pulso” a la economía chilena a través del Ipom. ¿Cómo está viendo el panorama de Chile para 2024?

Hasta ahora, Chile ha sorprendido por su resiliencia. La contracción monetaria que hemos tenido ameritaba un ajuste mayor de la economía. Todo el ajuste que hemos tenido se ha concentrado en la demanda interna y no en el PIB (Producto Interno Bruto). Lo que está ocurriendo ahora es un ajuste fuerte, pero no dramático. Quienes querían más crecimiento en 2023 estaban pidiendo que la inflación no caiga.

Bajo este escenario planteado por el Banco Central, ¿cómo está viendo el 2024?

El hecho de que hayamos tenido un año 2023 mejor del esperado implica que el 2024 podría ser menos bueno de lo esperado. Estimo un crecimiento del 1,5% en 2024.

Un 2024 bastante frío…

Sí, pero al menos dejaríamos de caer. Esperamos que la demanda interna suba un 3% el próximo año, aunque después de una caída de casi el 5% de este año. Ni siquiera recuperaríamos el nivel de 2022, entre otras cosas, gracias a una tasa de interés del 6%. La economía podría crecer un 1% el primer semestre y un 3% en la segunda mitad. La sorpresa es que podamos tener un segundo semestre aún mejor, lo que dependería del Banco Central.

¿Cómo cree que el Banco Central seguirá la ruta de bajas de tasas en 2024?

El BC está disponible para seguir bajando las tasas de interés, pero ante cualquier suceso internacional que le afecte al tipo de cambio, frenaría esa disposición. La señal que está dando el Banco Central es que si empeora el escenario internacional, no va a estar tan disponible para seguir bajando la tasa de interés con la fuerza que lo hizo esta semana.

¿Es posible que la inflación se caiga más rápido de lo que se pensaba?

Mi proyección para 2024 es que, en algún momento, pasaremos a tener una inflación del 1% en 12 meses, gracias a la contracción de la demanda interna inducida por el Banco Central. El problema de fondo es que el Banco Central no cree en el impacto significativamente desinflacionario de su política monetaria contractiva. Puede haber rebotes puntuales como el que hubo en noviembre, pero la tendencia a la baja va a seguir porque la cantidad de dinero y la demanda interna siguen cayendo.

Si la inflación llega a un 1% en 2024, eso quiere decir que al Banco Central “se le pasó la mano” con la política contractiva…

Tú lo has dicho, no yo. Al Banco Central no hay que pasarle la cuenta por el bajo crecimiento o el desempleo. Habría que pasarle la cuenta si el IPC en 12 meses cae hasta el 1%, a causa de la eficiencia de la contracción monetaria, que podría impulsar a la inflación muy por debajo de su meta del 3%. Se está contrayendo la cantidad de dinero gracias a la política monetaria del Banco Central y eso va a significar que la inflación va a caer más de lo esperado en 2024. Dicho esto, estimamos que el BC reduciría la TPM (Tasa de Política Monetaria) hasta el 5%, pero no proyectaría la TPM por debajo del nivel de la tasa de la Fed.

¿A su juicio, entonces, el accionar del Central en materia monetaria ha estado al debe?

Mejor dicho, va a generar consecuencias. Eso es porque no se está fijando en la contracción de la cantidad de dinero ni en la caída de la demanda interna. En el último tiempo, el Banco Central está mucho más focalizado en lo que hace la Reserva Federal y en el tipo de cambio. Esa es la señal que percibe el mercado.

¿Eso se debe al estilo del actual consejo del BC y su presidenta?

Sí, este consejo en general es más conservador y menos dispuesto a tomar riesgos que el que dirigían Vittorio Corbo, José De Gregorio o Mario Marcel. Es su legítima opción.

¿Cuál es su análisis de lo que pasó el domingo en el plebiscito desde el punto de vista de los inversionistas?

Al mercado lo que le interesa es la estabilidad de largo plazo. A corto plazo no había riesgos en ninguna de las dos opciones, pero hacia mediano y largo plazo sí existían consecuencias. La aprobación de la propuesta habría permitido un mejor sistema político, el refuerzo de la libertad de elección y de la autonomía del Banco Central. Sin embargo, era políticamente perturbadora la norma que ponía obstáculos a la seguridad social del 6% extra cubierta con cotizaciones previsionales, para tener un complemento solidario a la capitalización individual. Lo más complejo era la norma sin bordes que habría permitido deducir los gastos de las familias de la carga tributaria de las personas, lo que habría inducido la reducción del tamaño del Estado, con consecuente riesgo de desestabilización social si es que se reducía significativamente el gasto público, el objetivo de la norma. También con consecuente riesgo de la desestabilización financiera que se habría desencadenado si el gasto público no se reducía, lo que nos habría convertido en un país con la dinámica fiscal de Argentina y Grecia, con tasas de interés en dos dígitos.

Al final, antes que tomar en cuenta estas consideraciones, la mayoría de los chilenos votó contra los políticos y el proceso constituyente, antes que contra la propuesta. Se demuestra que nuestros políticos “peronistas” de lado y lado son incapaces de diseñar y proponer una Carta Magna que sea aprobada por la mayoría de los chilenos.

El rechazo a la propuesta implica que la autonomía del Banco Central queda vulnerable, porque queda sujeta a quórum calificado en vez de 3/5. La Constitución actual hoy es más democrática que antes, porque necesita menos quórum. Pero recordemos que el atributo de una buena Constitución no es ser democrática. De hecho, una buena Constitución se distingue por ponerle cortapisas a la mayoría en temas clave para que no “se pase máquina”.

¿El gran riesgo de aquí a dos años es esta probabilidad que se saque el 100% del fondo de pensiones?

La mayoría de nuestros parlamentarios no están disponibles para aprobar una reforma previsional consensuada y, en cambio, la gran mayoría de ellos sí estuvieron disponibles para aprobar los retiros de fondos de pensiones, que jibarizaron el ahorro y erosionaron la confianza. En 2025, si no hay reforma previsional consensuada, la mayoría de los parlamentarios -sean del color que sean- sí estarían disponibles para acordar la devolución del 100% de los fondos de pensiones, en aras de su gula de votos para las elecciones parlamentarias. A modo de ejemplo, durante la administración de Sebastián Piñera, 143 de los 155 diputados votaron por al menos uno de los cuatro retiros. Eso revela que ese 92% de los diputados era “peronista”. Ahí hay políticos de izquierda y de derecha. ¿Qué incentivo tienen para hacer una política más responsable?

¿Qué implica el resultado del domingo para las reformas?

La reforma tributaria o pacto fiscal no tiene norte. No tiene ninguna posibilidad de pasar. A lo más podría haber algún alza tributos para financiar un potencial aumento de la PGU, que incluso hoy, no está financiada en régimen. Si es nuevo impuesto a las personas, menor elusión u otro mecanismo, eso lo decidirán los políticos.

Hoy, el costo anual de la PGU es de US$ 6.700 millones. Incluso sin aumento de la PGU, gracias al envejecimiento de la población, su costo subiría a US$ 20.000 millones en moneda de hoy en 2050. La PGU es un mecanismo de reparto debilitante del crecimiento y fabricante de la desestabilización fiscal a largo plazo.

¿En la reforma previsional ve más espacio para un acuerdo?

Si bien las declaraciones anti-reforma de los parlamentarios de derecha y las nuevas propuestas de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara -que propone un punto del 6% extra para gasto público focalizado en género, lo que no son pensiones- son desalentadoras, al final estimo que van a prevalecer posturas más dialogantes.

La señal del gobierno es que ya no habría cuentas nocionales. Lo único que mantiene el gobierno es la separación de la industria y, además, tener algo de seguridad social en el 6% extra. Mientras, la mayoría de los políticos de derecha apuntan a que la PGU ya es suficiente como mecanismo solidario y que, por lo tanto, si hay un 6% extra debería destinarse íntegramente a capitalización individual, por lo que no se toleraría la capitalización colectiva.

Por supuesto, para que haya consenso, ambos sectores deben ceder aún más y estar disponibles para renunciar a parte de lo que defienden, aunque les duela. Son los parámetros de la política.