Todos ya hemos hablado de la integración social en las últimas semanas. Pero si no pasamos a la acción, estamos perpetuando el problema. De esta manera, la iniciativa de Lavín no quedaría sólo en un acto simbólico, sino cambiar de una vez por todas, la segregación que nos ha acompañado toda la historia de Chile.
Por este motivo, proponemos la ley de Barrios 20/60. Siguiendo la línea del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, esta ley busca que cada unidad vecinal de las ciudades de Chile acoja entre el 20% y 60% de población vulnerable (catalogada como los dos primeros quintiles de mayor vulnerabilidad social). Si queremos vivir en una ciudad integrada, nuestros barrios deben ser representativos de la composición de la sociedad chilena, y si contamos con un 40% de población vulnerable, lo lógico es que dicha población esté repartida más o menos equitativamente en los distintos barrios. En consecuencia, aceptando un grado de flexibilidad, ningún barrio debiera tener menos del 20% de población vulnerable ni tampoco más del 60%.
Para esto, es necesario complementar dos tipos de estrategias. Por un lado, los barrios bajo el 20% de población vulnerable tienen que recibir una mayor cantidad de viviendas sociales destinadas a esta población. Esto hoy no sucede principalmente porque la alta calidad de vida y la escasez de suelo en estos barrios elevan los precios de los inmuebles a un nivel inalcanzable para este tipo de viviendas. Por otro lado, de forma complementaria, tendremos que lograr que los barrios por sobre el 60% de población vulnerable atraigan viviendas de más altos costos donde habite población de mayores ingresos, lo cual no sucede por la alta correlación entre la concentración de población vulnerable y la baja calidad de los servicios y equipamiento urbano, lo que conlleva a una peor calidad de vida.
Así, nos hemos ido segregando en el territorio de nuestras ciudades fundamentalmente por nuestras diferencias en el poder adquisitivo. El problema es que estas diferencias conllevan a diferencias brutales en la calidad de vida a la que accedemos -incluyendo la esperanza de vida- y erosionan las confianzas sociales aumentando también los niveles de conflictividad. Un país que se aprecie de inclusivo, justo y solidario no debiera permitir esta realidad.
Hay un conjunto de instrumentos que evitarían este espiral de segregación, tales como definir zonas con porcentajes obligatorios de viviendas sociales según el déficit de cada comuna, permitir una mayor densificación en barrios con buen equipamiento urbano para la construcción de viviendas para integración social, potenciar la inversión pública preferencial en comunas altamente segregadas, o crear un banco de suelo público que permita utilizar terrenos fiscales para construir viviendas sociales en sectores con menos incentivos para el sector privado o donde los precios del suelo frenan los proyectos inmobiliarios, por nombrar sólo alguno de estos instrumentos.
A juzgar por los kilómetros de tinta que se han escrito en las últimas semanas avalando la importancia de la integración social desde todos los actores y sectores, podríamos pensar que existe un consenso transversal para avanzar en esta dirección. Una ley que permita alcanzar el estándar 20/60 en nuestros barrios sería una hoja de ruta que nos permita orientarnos a la acción después de tanto análisis. El Chile de la actualidad no está para menos, si las palabras se transforman en voluntades, encontraremos los instrumentos necesarios para sanarnos de, tal vez, la enfermedad más profunda que tenemos: la segregación y el miedo al encuentro que ésta conlleva.
