La ley corta de isapres que propuso el gobierno y que se está tramitando en el Parlamento se pone en el caso de que pueda existir la insolvencia de una o más isapres, por lo que autoriza a Fonasa a mantener la atención por cobertura GES en el caso de personas que lo han activado y no se les va a obligar a ingresar a través del sistema institucional nuevamente, sino que van a continuar con sus prestaciones. Lo mismo con aquellas personas que hayan activado la Cobertura Adicional para Enfermedades Catastróficas (CAEC) con anterioridad a la eventual insolvencia de una isapre.

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Sin embargo, el proyecto de ley no proyecta cuál sería el costo fiscal en caso de ocurrir algo así. Eso es lo que calculó un reciente estudio realizado por el Instituto de Salud Pública UNAB, que analiza la ley corta de isapres y las últimas indicaciones ingresadas por el Ejecutivo para aplicar el fallo de la Corte Suprema y que también diseña la la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) que se crea en Fonasa.

El informe realizado por los exsuperintendentes de Salud, Héctor Sánchez y Manuel Inostroza, estima que, en caso de que todos los afiliados de isapres se traspasen a Fonasa, el “costo fiscal de la cobertura GES, CAEC y GES-CAEC, a partir de los montos bonificados totales del trimestre julio-septiembre 2023 del sistema isapres, proyectados para seis meses de continuidad por parte del Fonasa, según la indicación legislativa comprometida por el gobierno, resultan equivalentes a $332.741 millones”.

De ese total, el documento proyecta que “el 46,1% corresponde a la cobertura GES, el 40,7% corresponde a la cobertura CAEC y el 13,3% restante corresponde a la cobertura GES-CAEC. Esto contrasta, como ya hemos señalado previamente, con la nula información que aparece en el informe financiero de este proyecto de ley y sus indicaciones y de la pretensión de que estas medidas tendrán un impacto fiscal cero en el presupuesto de la nación”.

Inostroza critica “la falta de transparencia con la que el gobierno ha discutido este proyecto de ley, la falta de números en muchos temas, por ejemplo, el cálculo actualizado que se hizo recientemente de las deuda, o si esto tiene impacto fiscal o no, porque el informe financiero dice que no hay impacto fiscal, pero nosotros hicimos este cálculo de $332 mil millones, que equivale a 6,4 veces el presupuesto de listas de espera de 2024″, que son $50 mil millones.

Por otro lado, el estudio también calculó cuál sería el valor de la prima que tendrían que pagar los afiliados que accedan a la nueva modalidad de Fonasa que crea el proyecto. Ahí los autores recuerdan que en su informe anterior, habían estimado que el valor de la prima por beneficiario de la nueva MCC sería de entre $45.545 por persona para la estimación del mayor número de beneficiarios de la MCC, hasta los $47.691 por persona para la estimación del menor número de beneficiarios. Pero ahora incluyeron en el cálculo cuál sería la prima al incluir una cobertura catastrófica dentro de la prima, como propuso el gobierno.

“En esta ocasión, para estimar el impacto en la prima de la MCC de las coberturas CAEC y GES-CAEC, para beneficiarios de Fonasa e isapres que se trasladan, es decir, por incluir el seguro catastrófico en la estimación de ingreso inferior, el total de la prima MCC sería de $3.602 por beneficiario. Para la estimación de ingresos superior, la prima total mensual por beneficiario ascendería a $3.523. Por consiguiente, considerando las primas directas para la nueva MCC de Fonasa, incluido ahora un seguro catastrófico, es posible proyectar una tarificación que se da en un rango que va desde los $49.147 por persona para la estimación del mayor número de beneficiarios de la MCC, hasta los $51.214 por persona para la estimación del menor número de beneficiarios”, concluye el documento.

“Nos sigue asistiendo la convicción que para aplicar el fallo de la Corte Suprema de manera irrestricta y dejar caer los planes de los afiliados de isapres, la Superintendencia tiene facultades y no necesita de ley; no obstante, el proyecto presentado y sus indicaciones no se ha diseñado para solucionar y/o evitar la crisis, sino que más bien para administrar sus consecuencias y compartir el riesgo y responsabilidad política de esta decisión con el Parlamento”.

Así de categórico es el informe elaborado por el Instituto de Salud Pública de la UNAB. Sánchez explica que “este proyecto no resuelve el problema de la crisis a través del equilibrio financiero, sino que en definitiva, se prepara para ejecutar los fallos y hacerse cargo de las consecuencias. Y las consecuencias que prevé, a partir del amplio capítulo que le dedica a Fonasa y la modalidad complementaria, es que varias isapres van a quebrar y, por lo tanto, los planes de salud se van a terminar y la gente, principalmente, la gente de mayor edad, los enfermos catastróficos, las personas que están con enfermedades en tratamiento y enfermedades crónicas, van a tener que migrar a Fonasa”.

Por su parte, Inostroza agrega que la ley corta “no resuelven o evitan las crisis y caída de los planes de los afiliados de isapres”. En ese sentido, agrega que “los datos de la SIS del 8 de enero de 2024 así lo ratifican, por los fallos de tablas y GES la deuda retrospectiva sube de US$1.000 a US$1.209 millones (20%) y el desequilibrio financiero prospectivo permanente sube de US$480 a US$598 millones (24,5%) con lo cual las isapres se cierran o quiebran”.

Al respecto, Inostroza cree que “la solución solo es posible si: a) Se acota la deuda retrospectiva por mutualización o aplicación de tabla con pivotes promedios. b) Se compensa el desequilibrio prospectivo con ajustes de precios bases solo de los planes afectados y no con ajustes de precio base de efecto general a todos los planes. c) Con reformas legales acotadas de las isapres para llevarlas a la seguridad social”.

Sánchez añade que “la forma de compensar que se está estableciendo, que es un incremento de precios, por lo pronto el incremento de precios en los montos que deberían subir los planes es prácticamente imposible que se puedan aplicar. Y, en segundo lugar, el que va a decidir cuánto va a ser los aumentos de precios, será el superintendente de Salud. Y no cabe duda, debido a la forma en que ha actuado la Superintendencia en el último tiempo, va a hacer una evaluación no solo técnica, sino que también de carácter político. Y como estamos en un año de elecciones, el futuro es bastante complejo”.