Lleva más de dos meses de trabajo la Comisión Técnica Asesora para la Comisión de Salud del Senado que se creó en el marco de la ley corta de isapres que se tramita en el Congreso, sin embargo, los expertos aún no han logrado terminar un documento de consenso respecto de cómo implementar el fallo que dictó la Corte Suprema en noviembre de 2022 sobre la tabla de factores, sin dejar caer al sistema.

El ente técnico está compuesto por 16 profesionales y representan al Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud, el Ministerio de Hacienda, la Asociación de Isapres, el Centro de Estudios Espacio Público y la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.

En este contexto, los coordinadores de la Comisión Técnica, Emilio Santelices, exministro de Salud durante el gobierno de Sebastián Piñera y asesor del senador Chahuán, y el exsubsecretario de Salud Pública del actual gobierno y asesor del senador Juan Ignacio Latorre, Cristóbal Cuadrado, enviaron una carta este jueves al presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro, señalando que necesitan un plazo adicional de unas dos semanas para poder entregar su informe final.

Pero no solo eso, porque ahí también hicieron una alerta. “Nos parece indispensable que exista una prórroga en la implementación del fallo de noviembre de 2022 de la Corte Suprema (tabla de factores y menores de dos años) y una señal de parte del regulador con respecto al momento de implementación del fallo de agosto de 2023 (prima GES). De lo contrario, existe un alto riesgo de que la ley corta llegue demasiado tarde y los impactos financieros inmediatos de la implementación de los fallos sean de tal magnitud que generen un colapso del subsistema privado”, advierte la misiva.

Al respecto, agregaron que “la magnitud y complejidad del problema requiere tiempos adecuados para una implementación responsable y sustentable de los necesarios cambios regulatorios que requiere nuestro sistema de salud”.

Todo eso, considerando que a fines de noviembre vence el plazo ya extendido que dio el máximo tribunal para implementar el polémico fallo sobre tabla de factores, y que, en paralelo, la ley corta no ha tenido ningún avance en el Congreso. Además, una vez que sea despachada, la Superintendencia de Salud necesitará un tiempo adicional para poder implementar todo lo que allí se defina.

Eso significa, a juicio de todos los actores involucrados, que no alcanzan los tiempos para ejecutar el fallo y que será necesario solicitar, por segunda vez, un plazo adicional a la Suprema. Así, en caso de que la Superintendencia de Salud decida pedir más tiempo, el futuro del sistema de isapres quedará, nuevamente, en manos del máximo tribunal, ya que deberá definir si lo otorga o no.

Desde la Superintendencia de Salud señalan que “seguimos a la espera del informe de la Comisión Técnica y tramitando la ley corta, y cualquier decisión al respecto será analizada según corresponda y considerando todos los factores, como por ejemplo, los tiempos legislativos”.

Por su parte, el jueves el senador Castro dijo que “el gobierno ha escuchado el planteamiento que le hemos hecho como Comisión de Salud y nos ha informado que va a solicitar, en las próximas horas, una prórroga oficial a la Corte Suprema que permita dar el espacio suficiente para la implementación correcta de los fallos judiciales y al mismo tiempo, evitar la crisis del sistema público-privado”.

En paralelo a lo anterior, corre la ejecución del fallo GES, y si bien los expertos en su carta llamaron a la Superintendencia de Salud a dar una señal sobre el momento de su implementación, desde el regulador responden que “no corresponde dictar instrucciones para el fallo GES, dado que este en su parte resolutiva no entrega ningún mandato a la Superintendencia de Salud sobre la devolución de las sumas cobradas por las isapres. Solo en su parte considerativa señala que se debe analizar caso a caso y resolver en derecho, cuando existan sumas cobradas por las isapres por sobre lo que correspondía”.

Así, en la Superintendencia de Salud estiman que son las isapres las que deberán poner en marcha el fallo, aplicando la rebaja del precio GES para la totalidad de sus carteras de afiliados, lo cual aún no ha ocurrido. Por eso, a juicio de algunos actores, el regulador de todas maneras debería jugar algún rol, verificando que las isapres cumplan de cara a sus afiliados.

Por ahora, la definición del regulador sería analizar cada caso que llegue a la Superintendencia con reclamos de afiliados que exijan la rebaja de sus planes mediante la disminución del precio GES que ordenó la Suprema. Algunos reclamos de ese tipo ya han llegado, y la Superintendencia probablemente lo que hará será decirle a la Corte que recibió esos reclamos por no cumplimiento de un fallo judicial, para que sea el tribunal el que resuelva.

Consultada al respecto, la Superintendencia solo sostiene que “estos reclamos, al igual que la mayoría que se nos presentan, se resuelven en juicios arbitrales en los cuales la Superintendencia debe actuar como juez árbitro y, por lo tanto, no se puede adelantar opinión al respecto, ni los procedimientos que se harán o cualquier otro comentario, porque ello podría significar la inhabilitación de la Superintendencia”.

Donde la Superintendencia sí debe cumplir un rol en lo que se refiere al fallo GES, es en eventuales devoluciones para afiliados. Allí el regulador se encuentra evaluando caso a caso, según los reclamos que ha recibido, y solo para esos afiliados eventualmente podría proceder alguna devolución, sin ser estas masivas.

Por otro lado, en la carta que redactó la Comisión Técnica también comentaron cómo ha ido avanzando su trabajo: “Hemos logrado avanzar en un clima de diálogo y entendimiento para enfrentar un problema de grandes dimensiones, que debe considerar aspectos jurídicos, normativos, financieros y políticos. Las propuestas de la Comisión Técnica buscan aportar a dar cumplimiento al efectivo cumplimiento de los fallos, proteger el derecho al acceso a la salud de las personas y evitar un colapso del subsistema privado”.

En esa línea, revelaron que “se han logrado avances significativos que estamos seguros contribuirán positivamente al debate público, el trámite legislativo y al fortalecimiento de nuestro sistema de salud”.

La Comisión Técnica está conformada por Consuelo Espinosa, Manuel Pérez, Alejandro Puente, Teresita Fabres, Cristóbal Cuadrado, Teresita Santa Cruz, Pablo Eguiguren, Marcelo Sanhueza, Emilio Santelices, Camilo Aguilera, Marcela del Canto, Natalia Castillo, Gonzalo Arriagada, Matías Avendaño, Paula Benavides y Álvaro Clarke.