Ley corta de isapres: expertos y exautoridades concuerdan en que se debe asegurar la viabilidad del sector privado

A poco menos de seis semanas de que se cumpla el plazo que definió la Corte Suprema para implementar el fallo que mandata a las isapres a aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso, las autoridades sanitarias aún no han ingresado el proyecto de ley para aplicar esa resolución. Sin embargo, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, aseguró escuetamente este jueves que será en un futuro muy próximo: “Nosotros vamos a seguir trabajando en el proyecto para dar cumplimiento al fallo en forma gradual y prudente. Hemos estado avanzando y esperamos que se presente prontamente, porque estamos en los últimos análisis del proyecto”.

El martes, con motivo de su visita a la Comisión de Salud del Senado para presentar las líneas generales de la normativa, la jefa de la cartera había entregado más detalles: “Se va a dotar a la Superintendencia (de Salud) de las facultades que carece y que son necesarias para implementar las instrucciones de la Corte Suprema. Se adecuarán las normas del sistema privado ante la insolvencia y se fortalecerá Fonasa. Esos son los objetivos principales de la propuesta”, explicó durante la reunión. Junto con ello, añadió el “facultar a la superintendencia para que, en caso de insolvencia (pueda) designar de forma más oportuna a un administrador previsional de manera que prevenga una posible quiebra”.

En ese contexto, explicó que la ley corta mandataría a las isapres a informar en seis meses el número de contratos afectados por las devoluciones y el monto total de la deuda, para luego proponer un plan de pago. Al mismo tiempo, señaló que se creará un comité de expertos para revisar esta propuesta y definir los tiempos. También aclaró que no se permitiría el retiro de utilidades por parte de las aseguradoras hasta el pago total de las deudas con los afiliados.

También expuso que para fortalecer a Fonasa se creará la modalidad de libre elección con cobertura adicional a la que accederán los afiliados B, C y D, pagando una prima plana gestionada por Fonasa con la cual se podrá acceder a prestadores privados a precios preferenciales. Además, Fonasa podría instruir para derivar pacientes a prestadores privados en el caso de patologías no GES.

Con ese panorama a la vista, el exministro de Salud del gobierno de Ricardo Lagos, Osvaldo Artaza, afirma que la propuesta de Aguilera no habría podido ser diferente, porque “no hay espacio para otra alternativa más que la que plantea, pues hay que cumplir con el fallo, y cuando se habla de un fallo judicial no puede ser acomodaticio a los intereses de las partes”. Por otro lado, añade, “nadie quiere que las isapres quiebren en simultáneo por los efectos que esto podría tener en las personas. La ley corta no tiene otra alternativa que cumplir esos dos principios”.

En esa línea, el ahora decano de la Facultad de Salud y Ciencias Sociales de la Universidad de las Américas aclara que “los lineamientos que entregó la ministra dejan en claro que ella está buscando el equilibrio entre esos dos principios”.

De hecho, la normativa permitiría que en el decreto que regula el ICSA (Indicador de Costos de la Salud) se incluyan nuevos factores para el cálculo del indicador, adicionales a los expresamente establecidos en la ley, a fin de perfeccionar el mecanismo de cálculo. Además, autoriza que las devoluciones se hagan a través de excedentes.

Luis Castillo, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma y subsecretario de Redes Asistenciales del primer gobierno de Sebastián Piñera, apunta que la propuesta está armada de tal forma que cubre tres necesidades importantes.

“La ley se sustenta en pilares que son satisfactorios. Primero, le da continuidad al sistema privado asegurador y prestador, que es muy importante, porque el sistema estaba en peligro. Segundo, la solución está pensada en darles estabilidad a los beneficiarios de isapres. Por último, queda discutir los tiempos para hacer frente al fallo y eso debiese discutirse en el Senado”, señala.

Aunque aún los tiempos no están definidos, la opción que se considera es que las aseguradoras bajen los planes para alinearse con la tabla de factores para luego elaborar un plan de pago que será evaluado por la superintendencia en un plazo de seis meses. Luego, las Isapre tendrían un plazo de 18 meses - desde que entre en vigencia la ley corta- para empezar a devolver los montos en cobrados en exceso.

Además de facultar a ese ente fiscalizador con nuevas competencias y adecuar el sistema privado, el proyecto de ley también busca fortalecer a Fonasa como aseguradora pública. Y aunque no compete directamente el fallo, Artaza explica que “Fonasa, donde está el 82% de los chilenos, tiene que ofrecer mejores posibilidades de cobertura y protección financiera para las personas que quieran utilizar los prestadores privados. Entonces, estas cosas están muy ligadas, por lo tanto, tienen que estar estos tres elementos”.

Uno de los nudos principales y que no formaba parte del proyecto legislativo es el porcentaje que deben devolver las isapres por estos cobros. Si de acuerdo a los cálculos preliminares -en el peor de los escenarios- las aseguradoras debían devolver 1.400 millones de dólares, la proyección que Aguilera presentó la semana pasada al oficialismo bajaba este monto a US$ 140 millones, lo que implicaba una rebaja de 90%.

Esto, de hecho, también fue abordado por la titular de Salud en la última Comisión de Salud del Senado, donde explicó que desde el punto de vista legal, el fallo de la Corte Suprema no permite formas de cálculo. “Como Ejecutivo estamos obligados a estar dentro de los límites que define el fallo, es un tema bien relevante. El fallo es taxativo en el impacto financiero en relación a los contratos. Aquí no hay una negociación de cuál es el monto, están dados por el fallo”, dijo.

En ese contexto, desde la asociación de isapres expresaron su preocupación y advirtieron que la metodología que impulsa el gobierno equivale a casi un siglo de utilidades del sector.

“Estimados los costos hacia el futuro, la metodología que pretende impulsar el Ejecutivo equivale a casi 100 años de utilidades. Es inviable, e incumple la promesa del gobierno de proteger las coberturas de los beneficiarios, pues dichos montos son 10 veces el patrimonio de las isapres y no pueden generarse, independiente de los plazos que se proyecten”, aseguraron este jueves desde el gremio en su declaración.

La directora Ejecutiva de Fundación Politopedia y miembro del Movimiento Ciudadano Salud Libre, Victoria Beaumont, es más crítica y también ve los primeros lineamientos de ley corta como una amenaza para las aseguradoras privadas: “Desde el punto de vista de los cotizantes y beneficiarios del sistema privado, el escenario que se está presentando es muy desfavorable, pues se están creando las condiciones para generar por ley una deuda del todo inabordable por las empresas, lo que se traduce en una quiebra en el cortísimo plazo. Los cotizantes no podrán recibir los montos esperados y los prestadores no podrán cobrar la deuda”.

Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello y primer superintendente de isapres en Chile, asegura que es imperativo fijar el porcentaje de devolución: “Así como está presentado es un proyecto muy incompleto, porque, por lo pronto, no toma una decisión respecto de cuál es el monto y todo el problema depende de cuánto deben pagarle las isapres a la gente. Finalmente, va a ser el Parlamento quien lo va a definir”.