La Superintendencia de Salud oficializó este martes que presentará una solicitud ante la Corte Suprema pidiendo una prórroga adicional para la implementación del fallo sobre tabla de factores, ya que el plazo vigente vence a fines de noviembre.

La idea, según detalló el superintendente de Salud, Víctor Torres, es solicitar dicha prórroga de aquí al viernes, y si bien aún está evaluando cuánto plazo extra pedirá, prevé que será entre tres meses y seis meses.

“Formalmente el Senado nos ha requerido poder solicitar una nueva prórroga anticipada a la Corte Suprema, en el sentido de la necesidad que tiene hoy día obviamente el Congreso de poder seguir avanzando en lo que significa la tramitación de este proyecto de ley”, señaló Torres este martes, después de asistir a una sesión de la Comisión de Salud del Senado.

“Frente a este requerimiento, nosotros dentro de los próximos días, antes del viernes de esta semana, o el viernes a más tardar, vamos a ingresar dicha solicitud de prórroga a la Corte Suprema, para que ya esté al menos ingresada antes de la votación en general que va a ocurrir la próxima semana acá en la Comisión (de Salud del Senado)”, agregó.

Al respecto, el senador y presidente de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro, detalló este lunes en una sesión que realizó dicha instancia que el próximo martes 3 de octubre se votará la idea de legislar la ley corta de isapres, y ese mismo martes, si hubiese acuerdo, se pedirá a la Sala del Senado que puedan continuar la discusión en particular del proyecto en la Comisión de Salud.

Todo eso, considerando que a fines de noviembre vence el plazo ya extendido que dio el máximo tribunal para implementar el polémico fallo sobre tabla de factores, y que, en paralelo, la ley corta no ha tenido ningún avance en el Congreso. Además, una vez que sea despachada, la Superintendencia de Salud necesitará un tiempo adicional para poder implementar todo lo que allí se defina.

Ello significa, a juicio de los actores involucrados, que no alcanzarán los tiempos para ejecutar el fallo y que será necesario solicitar, por segunda vez, un plazo adicional a la Suprema. Así, una vez que la Superintendencia de Salud decida pedir más tiempo, el futuro del sistema de isapres quedará, nuevamente, en manos del máximo tribunal, ya que deberá definir si lo otorga o no.

La Comisión Técnica Asesora para la Comisión de Salud del Senado que se creó en el marco de la ley corta de isapres que se tramita en el Congreso, dijo la semana pasada en una carta que enviaron a los senadores de la dicha instancia, que “nos parece indispensable que exista una prórroga en la implementación del fallo de noviembre de 2022 de la Corte Suprema (tabla de factores y menores de dos años) y una señal de parte del regulador con respecto al momento de implementación del fallo de agosto de 2023 (prima GES). De lo contrario, existe un alto riesgo de que la ley corta llegue demasiado tarde y los impactos financieros inmediatos de la implementación de los fallos sean de tal magnitud que generen un colapso del subsistema privado”.

En paralelo a lo anterior, corre la ejecución del fallo GES, y si bien los expertos en su carta llamaron a la Superintendencia de Salud a dar una señal sobre el momento de su implementación, Torres manifestó este martes en la Comisión de Salud del Senado que, “a diferencia de los otros dos fallos (adecuación del precio base y tabla de factores), la Superintendencia no está instruida (por la Corte Suprema en el fallo por precio GES). Si nosotros emitiéramos una instrucción general en estas condiciones actuales, perfectamente se podría caer por ilegalidad. Tenemos que ser cuidadosos de no emitir una circular que no tenga respaldo legal o judicial”.

De todas maneras, el superintendente dijo que el modo en que se pueda resolver esa situación se está viendo y están en conversaciones. “La voluntad existe, eso lo quiero dejar en claro, lo único que estamos planteando es que hay que buscar el mecanismo más correcto”, puntualizó Torres.

El senador Juan Luis Castro agregó que “se trataría de que los dos fallos (precio GES y tabla de factores) entren en una sincronía en plena aplicación, entendiendo que se acoplan desde una ley corta que entra en vigencia en un momento determinado, según los plazos que diga la Suprema. Para ese efecto, es perfectamente posible que el Ejecutivo, para soslayar el punto que señala el superintendente, pueda introducir una enmienda en esta ley corta, que establezca que esta ley corta va a establecer justamente ese momento en el cual entra en plena vigencia el fallo GES, en los plazos que se pida la prórroga a la Corte Suprema, de manera conjunta. ¿Para qué es eso? Para que no se precipite una cosa antes, en este caso, un fallo antes de que haya una arquitectura legal establecida”.