Camanchaca, una de las principales empresas pesqueras del país, evalúa adoptar acciones legales en contra del Estado de Chile, si es que el proyecto de Ley de Fraccionamiento Pesquero, actualmente en sus últimas etapas de tramitación en el Congreso, es aprobada.

La iniciativa legal busca modificar las cuotas asignadas a la pesca industrial y artesanal a partir de la polémica ley vigente aprobada en al primera administración Piñera en medio de acusaciones de corrupción.

Camanchaca produce harina y aceite de pescado a partir de la anchoveta que captura en la costa norte del país, y la sardina y el jurel que consigue en la zona centro-sur.

El viernes, la compañía llevó a cabo su junta ordinaria de accionistas, donde su gerente general, Ricardo García, manifestó su preocupación por la futura ley.

“Quisiera compartir con franqueza nuestra profunda preocupación respecto a este proyecto de ley que busca modificar el fraccionamiento de la pesca industrial e incluye posibles subastas de nuestras licencias de las cuales somos titulares de derechos de propiedad”, expresó.

El proyecto, según García, “afectaría gravemente al patrimonio y los derechos adquiridos de nuestra compañía y de toda la industria chilena, al alterar el régimen de licencias vigentes sin siquiera establecer una legítima compensación”.

“Además, impondría cargas económicas desproporcionadas, atentando contra principios constitucionales como el derecho de propiedad y la confianza legítima en la estabilidad del marco regulatorio (...) Adicionalmente, la iniciativa pone en riesgo la estabilidad laboral de nuestros trabajadores, el sustento de nuestros proveedores y la continuidad de nuestras inversiones", añadió.

Ante la consulta de los accionistas en torno a la estrategia de Camanchaca frente a la iniciativa, sostuvo que se analizarán “todos los escenarios derivados de esta reforma legal que, de aprobarse en los términos conocidos, definirá las acciones legales necesarias para salvaguardar el interés social frente al actuar de órganos del Estado al margen de lo que, consideramos, es la Constitución”, advirtió.

Comentó que cuentan con la asesoría del connotado abogado litigante Jorge Bofill, quien se hará cargo de evaluar las acciones legales a seguir.

Las pérdidas calculadas

García expuso las estimaciones de Camanchaca respecto a los posibles efectos de la ley. Por ejemplo con una “reducción drástica de las cuotas pelágicas con las que operamos, cercana al 30% del total, (es) equivalente a casi 90 mil toneladas menos en el año 2025 respecto a lo que nos correspondería sin este proyecto de ley”.

Específicamente en la anchoveta del norte estiman una disminución de 42%, pasando de 126 mil toneladas a 73 mil toneladas. Para la sardina del sur, la merma sería de 55%, según dijo.

“Sin perjuicio de que en estas dos pesquerías pelágicas pequeñas, destinadas a harina y aceite, las reducciones son significativas, lo cierto es que desde el punto de vista del impacto patrimonial y afectación de los derechos, los recortes propuestos en cuotas de jurel, en el sur, y la propuesta de subastarnos las licencias que tenemos, son de mucho mayor impacto patrimonial y en el empleo local, pues comprometería seriamente la viabilidad de la producción de conservas en el sur“, enfatizó el gerente.

Esto, aseveró, debilitaría la posición competitiva de Camanchaca, ya que la ley estaría otorgando “un beneficio a terceros que no necesariamente representan al tipo de pescador artesanal que la ciudadanía esperaría proteger o que ustedes se pueden imaginar, señores accionistas, sino dueños de embarcaciones mayores que tienen alto valor económico”.