Este miércoles comenzó oficialmente la tramitación de uno de los proyectos emblemáticos del gobierno del Presidente Gabriel Boric. La iniciativa busca establecer la nueva ley de pesca y derogar la normativa legal actualmente vigente, ante los cuestionamientos hacia su legitimidad por los casos de cohecho ocurridos durante su tramitación.

Si bien algunos de sus detalles ya habían sido adelantados por el Ejecutivo a fines de diciembre, el texto firmado por el Presidente y 10 de sus ministros fue liberado este miércoles, luego que se diera cuenta de él en la Sala de la Cámara de Diputados y pasara a la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos. La instancia recibió al ministro de Economía, Nicolás Grau, y al subsecretario de Pesca, Julio Salas, quienes expusieron en general algunos de los aspectos contenidos en el proyecto.

Sin embargo, el comienzo del trámite oficial también permitió conocer el informe financiero de la iniciativa. Allí se detalla los efectos que tendrá su aplicación a nivel presupuestario, exponiendo tanto los gastos como los mayores ingresos proyectados de su aplicación. Al respecto, el documento especifica que la iniciativa generaría una mayor recaudación por $9.085 millones durante los primeros tres años, principalmente gracias al aumento en la cuota que será licitada. Al cuarto año, la recaudación bajaría a $8.936 millones.

Por el lado de los gastos, si bien la cifra para el primer año es de $810 millones, sube paulatinamente durante los cuatro primeros ejercicios, estimándose que en régimen costará $5.159 millones.

La comisión de Pesca de la Cámara será desde ahora en adelante el escenario donde los detalles irán debatiéndose en un intenso calendario legislativo. La instancia, presidida por la diputada PS Daniella Cicardini, acordó –con el voto en contra del diputado UDI Sergio Bobadilla- sesionar dos veces a la semana durante enero, sumando a la cita habitual de cada miércoles una adicional los días lunes, en forma paralela al trabajo de la Sala. Esto, gracias que el proyecto ingresó con urgencia suma por parte del Ejecutivo.

Según dijo Cicardini, su idea es que la instancia vote la idea de legislar durante marzo. Luego, el proyecto deberá ser visto por la comisión de Hacienda. La Cámara ofició a la Corte Suprema para que se pronuncie sobre procedimientos judiciales y de apelación ante posibles sanciones administrativas.

En total, la iniciativa consta de 210 páginas, 375 artículos permanentes y 28 transitorios. Según explicaron las autoridades, se trata de un proyecto que da coherencia regulatoria a un sector donde históricamente se han dictado modificaciones puntuales al cuerpo legal original. En concreto, una de las principales modificaciones que introduce la iniciativa es rebajar la cuota histórica asignada al sector de la pesca industrial, actualmente del 85%, a un 50%, aumentando de 15% a la mitad la parte correspondiente al sector artesanal.

Dicha modificación, parte del corazón de la propuesta, fue defendida por Grau ante los diputados así: “Una de las expresiones más concretas que tiene este proyecto de ley, a diferencia de la legislación actual, es la clara apuesta que hace, con buenos fundamentos y bien justificada, por la pesca artesanal. En particular, esto se ve reflejado en el fraccionamiento, es decir en la distribución de los peces entre el sector industrial y el sector artesanal, donde solo en el caso de la sardina y anchoveta del norte, estamos hablando que la cuota artesanal va a aumentar en 450 mil toneladas, lo que a precio de mercado significa más de $90 mil millones al año”.

En su exposición, el secretario de Estado enfatizó reiteradamente en que la normativa actual, no sólo estaba “manchada por actos de corrupción”, sino que además concretaba una distribución injusta de los recursos pesqueros.

En su mensaje, el proyecto grafica el diagnóstico sobre las diferencias que se generan por el actual esquema de cuotas históricas y las que son licitadas.

“En los últimos tres años, el Estado ha recaudado en promedio 15 pesos por kilo de pescado, tratándose de la fracción industrial asignada por criterios históricos, mientras que el promedio de la recaudación de la fracción industrial asignada mediante subastas asciende a 117 pesos por kilo de pescado”, detalla.

Dicho punto fue resaltado por Julio Salas, que agregó otros antecedentes. En su exposición, aseguró que la información registral que aporta Sernapesca sobre los desembarcos de cada una de las pesquerías fueron “los pilares que se usaron para ver cuál es la distribución justa del recurso”, la que se definió, dijo, viendo “dónde están los recursos y quién puede sacarlos”.

En ese sentido, afirmó que en su rol de subsecretario debe firmar, junto al ministro de Economía, el decreto que distribuye los recursos dando cumplimiento a la ley. “Eso lo hago yo y lo tuvieron que hacer mis antecesores. Y por 10 años, quienes han ocupado la plaza de subsecretario como quienes ocuparon la de ministro, no pueden hacer objeción de conciencia y tiene que distribuir los peces de acuerdo a la forma que está establecida en la ley, y como dice el ministro, es una distribución injusta, porque se aleja de los criterios científicos y de la información registral con que contamos en Sernapesca”, remarcó.

Uno de los aspectos que destacaron las autoridades sobre el proyecto es que busca elevar el consumo de pescado en el país, y pasar de 16,56 kilos per cápita anual a 20,5 kilos, ubicándose en el promedio de los países OCDE, donde “existen miembros que no tienen costa”, remarcó Salas.

En esa línea, recordó que Chile comparte con Perú la corriente de Humboldt, considerada como “la mayor pesquería del mundo”, y a pesar de eso, “consumimos menos pescado que el promedio de la OCDE, y eso es algo que queremos revertir”.

Agregó que pese a que muchos de los recursos son destinados a la elaboración de harinas y aceite de pescado, la normativa busca impulsar la búsqueda del “mayor valor comercial posible a cada uno de los recursos que estamos extrayendo del mar que es de todos los chilenos”.

Al respecto, afirmó que la promoción de consumo humano apoyará a plantas de proceso pequeñas, que actualmente no cuentan con suministro estable, “y por lo tanto estamos presentando un proyecto que es pro empleo; no solo estamos cuidando el empleo de la gran industria, sino que pensamos que vamos a ser capaces de activar decenas, sino cientos de pequeñas plantas de proceso que hoy día están transformadas en mall chinos”.